Recetas y reformas contra las crisis financieras

La crisis financiera y bancaria que sufrimos hace casi dos años pasará a la historia de la economía mundial como una de las más complejas y virulentas, sólo superada en cuanto a daños causados en las finanzas y en la economía productiva por la que dio inicio a la Gran Depresión de los años treinta del siglo XX. Y probablemente llegará también a ser considerada como el principal exponente del mayor fracaso regulatorio de la economía moderna, habida cuenta de que se permitió la creación de todo un sistema financiero paralelo a la red bancaria tradicional, caracterizado por su opacidad, el desprecio del riesgo y su traslado doloso a instituciones e inversores de todo el mundo; con la complicidad, hay que decirlo claramente, de las más "distraídas" agencias de rating de la historia y la laxitud de las instituciones reguladoras estadounidenses. La crisis que han creado e impulsado las actuaciones temerarias de los más famosos bancos de inversión tiene también la particularidad de que no se ha iniciado en países emergentes o en vías de desarrollo como las anteriores, sino en Estados Unidos, con lo que al efecto contagio propio de la globalización hay que añadir el derivado de la enorme influencia que la economía estadounidense tiene todavía en la economía mundial. De este modo los mercados financieros dejaron de cumplir la principal función que les asignó Keynes, la de ofrecer liquidez al sistema.

Los líderes gubernamentales y los dirigentes de las instituciones financieras internacionales saben perfectamente que no se han puesto los medios necesarios para evitar o, al menos, espaciar temporalmente las crisis y reducir simultáneamente su intensidad. En efecto, las crisis financieras de la década de los noventa pusieron de manifiesto que la liberalización bancaria y de los mercados debe ser precedida por una reforma de la regulación y de la supervisión que dote a las entidades responsables de las mismas del conocimiento, las herramientas y las facultades para desempeñar una actividad preventiva y oportuna capaz de evitar, al menos, las conductas deshonestas. Pero no se hizo nada y, como ha escrito Martin Wolf, "en los sistemas financieros sin regular, las crisis son inevitables, igual que los terremotos en las zonas de fallas; lo único incierto es el momento de su estallido".

Antes de citar las políticas que pueden desplegarse para contrarrestar los efectos de las crisis financieras, conviene aclarar que nadie, ni gobiernos ni otro tipo de instituciones, es capaz de controlar el proceso de una crisis porque éstas "se desencadenan de forma súbita y tanto su evolución como su desenlace no responden a un plan previsto" (A. Torrero). Y como no podía ser de otro modo, esto es lo que ha vuelto a ocurrir con la actual, que ha obligado a actuar a las autoridades económicas de forma precipitada y bajo la presión de los mercados, aunque con dos importantes peculiaridades: la extrema gravedad de la situación y la constatación de que buena parte de los pilares en los se apoyaban los mercados financieros eran de barro. Lo cual ha obligado a la intervención directa de los poderes públicos, tanto en América como en Europa, para evitar el desmoronamiento total del sistema y la entrada fulminante en una recesión/depresión de consecuencias inimaginables.

Si utilizáramos un símil médico, tan frecuente en economía, la prioridad ha sido la de estabilizar al paciente, aunque para ello se haya convertido a más de un departamento del Tesoro en banco de bancos o se haya entregado "dinero a cambio de basura" (P. Krugman), sin que se conozcan protestas neoliberales. Hace más de 15 años que Robert Heilbroner afirmó que el Estado iba asumiendo las funciones necesarias para "proteger la economía de las consecuencias cada vez más amenazadoras a las que puede conducir un mercado sin regulación". Hoy no hace falta explicarlo.

Las recetas de urgencia han consistido en ampliar las garantías a los depósitos bancarios; el rescate de bancos, aseguradoras y agencias hipotecarias en dificultades con el dinero de los contribuyentes; el otorgamiento de avales del Estado a los préstamos interbancarios; y la decidida y coordinada intervención de los bancos centrales para insuflar liquidez al sistema, a la vista de la casi total paralización de unos mercados interbancarios que son esenciales para la financiación de empresas y familias. Una parálisis que puso al descubierto la desconfianza mutua que las hipotecas basura y demás productos tóxicos habían generado entre los bancos, sobre todo cuando se comprobó que ninguna autoridad supervisora obligó a estas entidades a admitir en su balance todas las pérdidas posibles y a valorar honestamente sus activos. Con posterioridad, a la vista del escándalo que suponía socializar las pérdidas generadas por unos (en el mejor de los casos) pésimos gestores sin que se resintieran sus patrimonios, se procedió en algunos países (Reino Unido, Estados Unidos...) a imitar el modelo de salvamento y socorrismo utilizado en Suecia en 1992, donde el Estado garantizó los depósitos y las deudas de 114 bancos a cambio de entrar previamenten su capital social; una fórmula que permitió recuperar tiempo después casi la mitad de los recursos públicos empleados en la operación de rescate.

Estas y otras decisiones, como la mágica conversión de los bancos de inversión estadounidenses en bancos comerciales, pueden calificarse de meramente paliativas. Pero lo que la situación de las finanzas internacionales está pidiendo a gritos en estos momentos son medidas inmediatas para impedir que la economía mundial caiga en una recesión generalizada mientras se recupera la normalidad en el sistema crediticio; y una reforma en profundidad del marco regulador y supervisor de los mercados financieros. Entre las primeras han empezado a sugerirse paquetes fiscales de corte keynesiano, algunos de ellos (como la multiplicación de programas de infraestructuras públicas, la extensión del subsidio por desempleo, la distribución de vales de comidas) propuestos por el nada sospechoso presidente de la FED, Ben Bernanke; y, sin salir de Estados Unidos, el flamante presidente electo, Barack Obama, solicitó en su primera intervención pública un apoyo federal al estratégico sector del automóvil y anunció una pronta ampliación de la asistencia sanitaria hasta acercarse al modelo europeo de protección universal. Un recurso al sector público parecido al que J. M. Keynes utilizó para salvar el capitalismo después de la Gran Depresión.