En definitiva, hay que tener claro que de la actual crisis del Estado de Bienestar y de los esfuerzos por deslegitimarlo no se podrá salir con menos y peor Estado, sino con más y mejor Estado. Es decir, con un Estado de Bienestar más avanzado y más eficiente. Lo cual exige plantear también los nuevos requisitos de gestión de lo público. Requisitos no sólo técnicos, sino formales y de calidad, que deben hacernos entender que los gastos sociales no son gastos consuntivos y antiproductivos, sino que son inversiones de virtudes keynesianas, en actividades que a la par que posibilitan crear empleo de calidad contribuyen a la mejora de calidad de la vida social, generando un clima de mayor seguridad personal y de mayor estabilidad política. Por lo tanto, al igual que ocurrió en el pasado, los nuevos avances en el Estado de Bienestar pueden acabar traduciéndose en una mejora de la productividad y de una verdadera eficiencia económica, que no quede divorciada en la opinión pública de avances sociales y económicos constatables para el común de los mortales.
La izquierda tiene que impulsar avances en el Estado de Bienestar que respondan a las nuevas necesidades sociales y a las exigencias de la opinión pública.