Editorial: Nuevos avances en el Estado de Bienestar

El Estado de Bienestar se desarrolló en las sociedades europeas -aunque no sólo- en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, después de un período de crisis económicas, conflictos sociales y peligrosas tensiones políticas que desembocaron en una guerra especialmente cruel y destructiva. Los equilibrios alcanzados a través del Estado de Bienestar permitieron que las catástrofes de la guerra no fueran seguidas por una catástrofe social y humanitaria de efectos imprevisibles, abriendo paso a uno de los períodos de mayor crecimiento económico sostenido y de mayor éxito en la lucha por la reducción de las desigualdades y la eliminación de las incertidumbres de la vida.

Sin embargo, el amplio consenso social y político en el que se basó el Estado de Bienestar empezó a ser cuestionado a finales de la década de los años setenta, a partir de un nuevo marco económico crecientemente globalizado y de un clima político e ideológico en el que se han hecho notar los envites del neo-conservadurismo, y lo que es peor, la interiorización y aplicación de sus recetas por sectores procedentes de otros campos políticos. La nueva correlación de fuerzas, resultante del derrumbe de los regímenes comunistas y del debilitamiento de los partidos socialdemócratas y de unos sindicatos que tienen menos capacidades de presión en los nuevos sistemas económicos crecientemente tecnificados e internacionalizados, dio lugar a que las fuerzas conservadoras y los grandes poderes económicos mundiales abandonaran los consensos anteriores.

Los intentos de los neo-conservadores, y de sus aliados y comparsas, hasta ahora no han logrado desmantelar las bases del Estado de Bienestar, pero sí han mermado sus coberturas, al tiempo que han introducido incertidumbres sobre su pertinencia, sobre su eficacia y sobre su propio futuro. En España, por ejemplo, desde el año 1993 se ha retrocedido 5 puntos en la proporción del Producto Interior Bruto dedicado a gastos sociales, en tanto que otros países avanzados han retrocedido entre dos y tres puntos.

Estos retrocesos, junto a la presencia de nuevos problemas sociales, como la carestía de la vivienda, la nueva pobreza, la precarización laboral y la exclusión social..., están dando lugar a la extensión de sensaciones de retroceso social y de pérdida de elementos de seguridad y de certidumbre vital, especialmente entre los jóvenes, las mujeres, los inmigrantes y las personas con menos cualificaciones.

En este nuevo contexto, lo que se necesita no es un repliegue ideológico y una sumisión resignada y pasiva a los propósitos de desmantelar o adelgazar el Estado de Bienestar, sino que son precisos nuevos enfoques y desarrollos que permitan frenar la acentuación de las brechas desigualitarias. Lo que se necesita actualmente son políticas que traduzcan las necesidades y demandas ciudadanas en un Estado de Bienestar adaptado a las condiciones de las sociedades avanzadas del siglo XXI. En esta perspectiva hay, al menos, tres grandes líneas en las que es preciso trabajar desde la izquierda:

En primer lugar, hay que combatir la actual inversión de la lógica fiscal y reafirmar la primacía de la política. Cuando se puso en marcha el Estado de Bienestar, primero se fijaron unos objetivos político-sociales que se consideraban necesarios para la equidad y una mejor vertebración social. Y, luego, se establecieron las políticas fiscales necesarias -y razonablemente viables- para alcanzar dichos objetivos. Y tales políticas se plantearon, además, con un mensaje pedagógico de indudable alcance moral, en el que se fijaba la imagen de unas sociedades en las que cada cual contribuía en función de sus posibilidades y riquezas. Ahora, sin embargo, se está quebrando la lógica de la política y se tiende a entrar en subastas fiscales a la baja, en las que se pugna por ver quién postula mayores rebajas fiscales, que siempre acaban desequilibrando las contribuciones a favor de los sectores más ricos y favorecidos de la sociedad. Y, a continuación, en función de lo recaudado se establecen los objetivos -o los recortes- en gastos sociales, al margen de las necesidades sociales objetivas.

En segundo lugar, desde la izquierda hay que priorizar en mayor grado las políticas sociales, intentando dar respuesta a las exigencias actuales de la opinión pública. En el caso de España es necesaria una convergencia social y fiscal con los países europeos más avanzados, traduciendo en mayor grado los éxitos económicos de los últimos años en avances sociales que nos equiparen a otros países europeos.

En tercer lugar, hay que plantear políticas eficaces para hacer frente a los nuevos retos y necesidades que están surgiendo en las sociedades actuales, en cuestiones tan fundamentales como el acceso a la vivienda, la calidad de los empleos, la mejora de los servicios sociales universales, la política de rentas (basada en la calidad de los empleos y en las políticas fiscales) y la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Lo cual implica desarrollar un cuarto pilar del Estado de Bienestar, con una red de servicios sociales universales que operen allí donde están las necesidades sociales, es decir, no sólo entre la población afectada por discapacidades físicas, sino también entre los ciudadanos que sufren carencias graves y corren el riesgo de la exclusión social.

Para cubrir estos objetivos de una manera universalista y eficaz, en concordancia con los supuestos que inspiraron el Estado de Bienestar, encontramos algunos obstáculos y dificultades. El primero de ellos es esa mezcla acomodaticia de fatalismo y pesimismo que anida en una parte de la izquierda, que no muestra la fuerza de convicción suficiente como para intentar "hacer posible lo necesario" y, a veces, ni siquiera para formular y teorizar el nuevo orden social que es posible en sociedades en las que se está generando bastante riqueza y en las que se cuenta con medios humanos y técnicos suficientes como para formular nuevas metas y emprender empeños políticos más avanzados. La pereza y la falta de teorizaciones imaginativas, y rigurosas a la vez, es uno de los mayores déficits actuales de la izquierda, sobre todo en comparación con otras etapas históricas.

En España una dificultad añadida se conecta a la manera en la que se ha producido el desarrollo autonómico, con una fragmentación de competencias y un debilitamiento del Estado que puede afectar a las garantías para establecer prestaciones verdaderamente universales e igualitarias. Lo cual contrasta con las exigencias de una efectiva convergencia fiscal y social con Europa.