Una política firme de apoyo a las familias

La iniciativa de ayudar con 2.500 euros por hijo ha tenido la virtud de situar en primer plano de atención el debate sobre las políticas de apoyo a la familia y la infancia. Lo cual tiene una importancia extraordinaria en un país como España, que se encuentra a la cola de Europa en lo que se refiere al porcentaje de PIB dedicado a este tipo de políticas, y además viniendo de un Gobierno del PSOE.

En la Europa actual algunos aún se extrañan de que sea precisamente la izquierda la que en mayor grado ha venido impulsando políticas de apoyo a la familia, en contraste con otras posiciones desde las que sustentan discursos más bien de tipo grandilocuente e inconcreto. Desde la izquierda, en muchos países avanzados se ha entendido que es preciso impulsar medidas decididas que apoyen la familia, la autonomía personal y la natalidad. Lo cual tiene mucho sentido en sociedades como las actuales, en las que la propia lógica del mercado por sí sola está dando lugar a una carestía de la vivienda que dificulta la autonomía personal, que obliga a largos períodos de severo endeudamiento en las familias jóvenes y que deteriora las condiciones y oportunidades de trabajo de muchas mujeres, para las que la maternidad acaba resultando una aventura plagada de dificultades.

Situaciones como las que se dan en España se traducen, desde un punto de vista general, en una de las tasas de natalidad más bajas del mundo y, desde el punto de vista personal, en la necesidad de muchas parejas de optar entre la frustración personal y la acumulación de costes y endeudamientos.

Los déficits en escuelas infantiles hacen que a muchas personas les resulte prácticamente imposible sufragar los costes de una guardería privada (generalmente por encima de los 350 euros mensuales). Asimismo, el corto período de baja maternal previsto en España (sólo cuatro meses) contribuye notablemente a dificultar y desincentivar la natalidad. Esto se ha entendido perfectamente en otros países, en los que existe una política ambiciosa de apoyo a la familia por razones de igualdad y justicia distributiva, respecto a la inmensa mayoría de las mujeres jóvenes que trabajan y desean -y en buena parte de los casos intentan - seguir trabajando, y también por razones de inteligencia proyectiva global a medio plazo, decir, para evitar una crisis demográfica.

En España parecía que el famoso cheque-bebé iba a marcar un punto de inflexión respecto a la situación de postergación en la que había permanecido la política de apoyo a la familia. De ahí las expectativas que se suscitaron y el apoyo que mereció esta iniciativa, sobre todo como signo de un cambio de actitud, más allá de la pertinencia técnica en sí del procedimiento elegido.

Después de este paso, las principales necesidades objetivas para las mujeres que trabajan son disponer de escuelas infantiles públicas gratuitas, al igual que ocurre en los países avanzados, y equiparar el período de baja maternal al promedio europeo, que actualmente está en nueve meses en la UE-15. Esto es lo que mucha gente espera que plantee el programa electoral del PSOE de cara a la próxima legislatura, avanzando de una manera decidida y concreta hacia la convergencia social con Europa, hacia la universalización de la escolaridad y hacia una más efectiva protección de los derechos laborales y de las oportunidades vitales de las mujeres.

Dejar limitado el objetivo de la escolarización infantil solamente al 50% de cobertura podría traer más inconvenientes que ventajas. En este supuesto, el 50% de las familias que eventualmente no van a ver satisfechas sus expectativas a lo largo de la próxima legislatura es posible que se lo piensen detenidamente antes de votar. Ofertar coberturas de sólo el 50%, en prestaciones que deben ser universales, puede ser una vía de generar frustraciones y sensaciones negativas de agravio comparativo. Y si estas sensaciones afectan nada menos que al 50% de los posibles usuarios es evidente que no se acabará traduciendo en nada bueno.

Un proyecto programático que tienda hacia la universalización de la escolarización infantil, sin duda, debe tener bien prevista la financiación correspondiente. Desde luego, no estamos hablando de un proyecto barato, como tampoco lo fueron en su día las famosas tres universalizaciones en políticas sociales de los primeros Gobiernos de Felipe González.

El coste de universalizar la escolarización infantil puede llegar a los seis mil millones de euros anuales en el momento de culminación de la cobertura al 100% de la población. ¿Se puede permitir España asumir en estos momentos dicho coste en una perspectiva tendencial de cuatro años?

En principio, esta pregunta -que no es de poca importancia - puede tener una respuesta política. Es decir, podría argumentarse que estamos ante una cuestión primaria, en la que nos va el futuro demográfico de España y su propia coherencia como Estado social en el horizonte del nuevo siglo. En este caso, habría que considerar que estamos ante derechos sociales del mismo tenor que la educación en su actual nivel obligatorio o que la asistencia sanitaria, que son atendidas con criterios de universalidad y gratuidad y no en función de que se disponga fácilmente de suficiente holgura presupuestaria. De ahí el disparate que en estos momentos supone plantear determinados debates sobre recortes fiscales desde la izquierda.

Ante esta formulación de principios, cabría decir que en buena lógica política -sobre todo desde posiciones socialdemócratas - primero hay que fijar los objetivos sociales y políticos alcanzables y luego, en función de tales objetivos, desarrollar las políticas fiscales pertinentes, con el grado necesario de realismo que imponen las características de la estructura social de países como España.