¿Qué nos jugamos el 27-M?

El próximo 27 de mayo los ciudadanos españoles están llamados a las urnas para elegir a sus representantes en la mayoría de los Parlamentos autonómicos y en la totalidad de los Ayuntamientos. Toda elección democrática implica al tiempo un derecho, un deber y una responsabilidad. El derecho a votar en libertad; el deber cívico de participar; y la responsabilidad de elegir a quienes han de representarnos y gobernarnos. La elección del 27-M tiene, además, una significación especial.

Aún hoy, con cerca de treinta años de experiencia constitucional, hay quienes otorgan exclusivamente a las elecciones generales el carácter de elecciones decisivas . Para una parte importante de la población, todavía hoy, las elecciones autonómicas y municipales revierten una importancia menor. De ahí el menor nivel de participación que se produce generalmente en los comicios regionales y locales. Se trata, desde luego, de un análisis harto equivocado.

Los Parlamentos y los Gobiernos autonómicos legislan, gestionan y gastan con una incidencia absolutamente decisiva para la vida cotidiana de los ciudadanos españoles. Comunidades Autónomas y Ayuntamientos disponen de funciones, competencias y presupuestos para actuar sobre cuestiones de interés primordial para todos: desde la sanidad a la educación; desde el empleo a la vivienda; desde la movilidad al cuidado de las personas mayores. Cabría decir, incluso, que las administraciones autonómicas y municipales resultan primordiales a la hora de atender las necesidades que los ciudadanos expresan como prioritarias en todos los estudios de opinión.

Dado el vigente contexto político, los Gobiernos regionales y los Ayuntamientos que elegiremos el próximo 27-M resultarán, de hecho, especialmente decisivos. El Gobierno de España ha emprendido un proceso ambicioso y valiente de reformas progresistas que implican importantes avances en las políticas de bienestar social y nuevos derechos de ciudadanía. En un Estado complejo y descentralizado como el nuestro, buena parte de tales apuestas requieren del desarrollo y la aplicación cómplice, o cuando menos leal, de las administraciones regionales y locales.

En otras palabras: los Gobiernos regionales y locales de la derecha tienen capacidad para frenar y obstaculizar las reformas emprendidas por el Gobierno socialista de España. Y si queremos que la Ley de Igualdad, la Ley de atención a personas dependientes, o las apuestas por la mejora de la educación y la sanidad públicas del Gobierno Zapatero tengan los efectos esperados, necesitaremos de Gobiernos autonómicos y municipales socialistas en las plazas más importantes. Madrid, por ejemplo.

La batalla electoral de Madrid no va a dirimir simplemente el color político del Gobierno regional. La derecha en Madrid se ha convertido en un peligro para la garantía de derechos básicos de la población. El Gobierno de Esperanza Aguirre está desmantelando y privatizando la sanidad pública; está convirtiendo la educación en un instrumento de segregación social; y está impulsando un urbanismo depredador que llena los bolsillos de unos pocos al coste de imposibilitar el acceso a la vivienda para la mayoría. Cuatro años más de Gobierno popular en Madrid y acabaremos entrando en los hospitales con la tarjeta de crédito, en lugar de con la tarjeta sanitaria. Y a la hora de enfrentar la enfermedad se aplicará el viejo principio del tanto tienes, tanto vales.

Cuatro años más de Gobierno Aguirre y la enseñanza pública acabará siendo el refugio de inmigrantes y desfavorecidos sin más alternativa, mientras las familias buscan un servicio educativo razonable en el mercado privado al precio que cada cual pueda pagar. Cuatro años más de PP y los 8.000 kilómetros cuadrados de nuestra región estarán disponibles para urbanizar, pero nuestros jóvenes seguirán hipotecándose durante cincuenta años a precios imposibles para encontrar un alojamiento digno.

En Madrid nos jugamos más que el color político de un Gobierno. Nos jugamos todo un modelo de sociedad. Con la doctrina liberal de Esperanza Aguirre, cada necesidad se convierte en una oportunidad de negocio. Que sobreviva el más fuerte. Para el resto siempre quedará un servicio público asistencial y caritativo. Para la izquierda, cada necesidad equivale a un derecho. Y con los derechos no se mercadea. Los derechos se garantizan mediante servicios públicos universales, fuertes y bien dotados. Servicios públicos de calidad y con equidad en la sanidad, en la educación, en la vivienda social, en la formación para el empleo de calidad, en la atención a mayores, en la conquista de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, en la emancipación de los jóvenes...

Desde la transición democrática y a partir de los Gobiernos socialistas en los años 80 hemos consolidado un Estado de Bienestar con garantías firmes para derechos sociales básicos. Pero la descentralización política y administrativa pone en manos de la derecha la posibilidad de minar y revertir este modelo social. Por esta razón es importante que en Comunidades como la madrileña, donde la derecha ha intensificado la aplicación de su programa ultraliberal, la mayoría que comparte valores progresistas y convicciones de calado social se movilice. Necesitamos un Gobierno que ataje el minado del Estado del Bienestar y lo refuerce con medidas como la Ley de Calidad y Equidad en la Educación; o la Ley de Garantía en el Acceso a la Vivienda; o la Ley de Tiempos Máximos de Espera en la Sanidad. Este es el programa socialista que se dilucida en las próximas elecciones.

Pero el 27-M nos jugamos más. La derecha no asumió la derrota electoral del 14 de marzo de 2004 en España, como no lo hizo el 25 de mayo de 2003 en Madrid. Y nuevamente ha decidido coger un atajo antidemocrático para recuperar el poder. El PP de Rajoy, Acebes y Aguirre ha optado por quebrar la imprescindible unidad de todos los demócratas en el combate a la violencia terrorista. Y ha cruzado la línea roja de la deslegitimación de las instituciones democráticas: desde un Presidente del Gobierno que no vale, hasta un Senado reconvertido en escenario de insultos e improperios, o una Administración de Justicia denigrada por su falta de sometimiento a las teorías conspirativas sobre el 11-M.

La estrategia de la tensión y la crispación permanente ha permitido al PP generar una imagen de movilización en sus filas y de desgaste en el adversario político, pero está contribuyendo a desestabilizar las instituciones y a poner en riesgo la convivencia ciudadana en determinados lugares. Madrid, otra vez, por ejemplo. La dinámica del desgaste rápido y a cualquier precio constituye en nuestra región un peligro para la convivencia pacífica y democrática. Hoy jalean a los más radicales y excitan a la extrema derecha con acusaciones dramáticas de traición a España. Hoy llaman a defender la nación española. Y mañana, ¿qué? Son muchos los que guardan memoria histórica en este país. Y hoy están justamente preocupados.