¿Quién defiende a los terroristas del 11-M? Y otras cuestiones pre-democráticas

Por lo visto, leído y oído desde hace ya meses, ni la cúpula del Partido Popular, ni la AVT de Alcaraz, ni "El Mundo", ni la COPE, quieren que se llegue al juicio oral por los atentados del 11-M, comprometidos como están en una campaña a cara descubierta, basada en continuos "descubrimientos", tan irrelevantes como absurdos, cuyo objetivo visible es el entorpecimiento y el aplazamiento indefinido del proceso seguido en la Audiencia Nacional, con el efecto añadido de la deslegitimación de las Instituciones del Estado de Derecho, en una arriesgada y delirante estrategia que agrede a la inteligencia de cualquier persona medianamente informada.

Tras una retórica altisonante en la que se ent reme zcla todo: la oposición visceral a las conversaciones de paz, a pesar de gozar del respaldo mayoritario de la ciudadanía y del Parlamento, con las falsedades, intoxicaciones e insidias sobre la "autoría intelectual" del atentado más cruel de nuestra historia, parece que algunos estuvieran facilitando la defensa de los terroristas, sin duda con mayor eficacia que sus propios Abogados, proporcionándoles todo el instrumental necesario para crear confusión, dilatar la investigación e impedir el desarrollo normal del proceso hasta llegar a la Sentencia que establezca definitivamente la verdad, más que de salvaguardar los legítimos intereses de las víctimas del 11-M, a las que se utiliza sin pudor como arietes de una trama desestabilizadora que debería resultarles ajena.

Con independencia de las incidencias procesales que pueden surgir en el curso de cualquier instrucción judicial, siempre sometidas a las lógicas discrepancias en la aplicación e interpretación de la ley al caso concreto, corregibles a través de los recursos, el hecho de dirigir la investigación en una dirección contraria al enredo urdido para salvar sus mentiras de aquellas fechas dramáticas, está provocando una brutal descalificación del trabajo realizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por los Servicios de Inteligencia, los Jueces y los Fiscales. No se recuerdan ataques personales, tan desmedidos y carentes del más elemental miramiento por su función institucional, como los sufridos por los responsables policiales, por la fiscal Olga Sánchez y por los jueces Juan del Olmo y Baltasar Garzón, al tiempo que se han puesto de manifiesto el oportunismo y la exageración de los elogios pretéritos, cuando el objeto de la causa iba encaminado por otros derroteros más acordes con los intereses políticos del Partido Popular. Desde "prevaricador" hasta "nazi" y "memo vanidoso...", por boca ¡cómo no! de fervientes paladines de la libertad de expresión y del derecho a la información veraz, ningún insulto les ha sido ahorrado -ajeno a la valoración jurídica de sus actuaciones jurisdiccionales- ante la pasividad, cuando no también de la afrenta, en una actuación sin precedentes del sector mayoritario del Consejo General del Poder Judicial, institución que tiene encomendada por la Constitución la defensa de la independencia de los jueces, lo que la compromete seriamente, incluido su Presidente, como instrumento de confrontación, beligerante en primera línea de la lucha política partidaria contra el Gobierno.

Nos encontramos ante manifestaciones puntuales de un problema más general, a partir de un entendimiento perverso de la función de la oposición dentro del sistema democrático: desechada cualquier tentación de ser la "leal oposición de Su Majestad", integrada en el sistema como uno de sus componentes esenciales y que defiende programas y alternativas solventes, el PP ha optado por la enfrentamiento sistemático y permanente en el que "todo vale", cultivando la dialéctica amigo/enemigo en los términos más imprudentes que puedan darse en un país con nuestros antecedentes históricos.

La insensatez de las intervenciones de Aznar, Zaplana, Acebes, del Burgo, más Alcaraz y otros gregarios, siempre al rebufo de las manipulaciones de Pedro J. Ramírez o de Jiménez Losantos, a sabiendas de la falsedad de sus conclusiones, intentan sabotear la tramitación regular del proceso del 11-M, en su extravagante búsqueda de autores "que no se encuentran en lejanas montañas" y, de paso, emponzoñar la vida política, revelando que se han instalado definitivamente y sin reme dio -aunque por fortuna en solitario- en la frustración, el resentimiento y el rencor de una derrota electoral de la que nada parecen haber aprendido y que les puede enajenar por mucho más tiempo el respaldo mayoritario de la voluntad popular, que ya les ha demostrado su rechazo al sectarismo, el radicalismo y la demagogia.

No menos orgiástica está resultando la ofensiva a la que se ha lanzado el PP contra el llamado proceso de paz, en la que utiliza sin escrúpulo alguno -con el evidente propósito de frustrarlo- todos los insultos, juicios de intención carentes del menor fundamento, amenazas y otros elementos útiles a la crispación, que imaginan más ventajosos para la recuperación a cualquier coste del voto perdido.

Cuando se habla, a modo de protesta contra tanta irresponsabilidad, de "líneas rojas" que ya no es posible tolerar, se ignora qué nuevas acometidas habrán de ser neutralizadas en las horas y días siguientes. Sería grave que estas actitudes no tuvieran enmienda. Y, si así fuera, ¿dónde sitúan sus propios límites?: ya es perceptible entre los ciudadanos cierta inquietud por el funcionamiento de nuestro sistema institucional, degradado por actitudes provocadoras del guerracivilismo más irresponsable, que desmienten cualquier pretensión del PP por situarse en el centro del espectro político.