La responsabilidad de la desmesura

Mientras tanto, los Ayuntamientos han aumentado el número de servicios que prestan a los ciudadanos, el nivel de prestación de los mismos y, sobre todo, su coste. Cubrir el presupuesto municipal requirió no sólo aumentar su endeudamiento, sino, sobre todo, utilizar hasta la obsesión los recursos de la tasa de licencias de obras y de la venta de suelo. En estas condiciones de dependencia, el poder de decisión ha pasado, en muchos casos, a la mano no visible del mercado inmobiliario, y raro es el Ayuntamiento que ha podido resistirse a renunciar a unos ingresos que le son necesarios, incluso, para pagar a fin de mes a los funcionarios. El problema, entre otros, es que se necesita, como en los sistemas de ventas piramidales, que cada vez aumente el número de obras, de las que cobrar tasas de licencias, la superficie de suelo edificable, de la que obtener cesiones obligatorias que luego se pueden enajenar, y el número de viviendas construidas de donde poder obtener nuevos impuestos de bienes inmuebles (IBI). El "altius, fortius, citius" olímpico se ha convertido, con la música de fondo de las excavadoras y las hormigoneras, en el nuevo himno nacional.

Completa el marco del análisis las mayores posibilidades de corrupción política que todo ello propicia y la lentitud de la Administración de justicia en corregir las irregularidades: el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con el criterio de que el Ayuntamiento de Marbella era la administración competente en la concesión de licencias, no anuló éstas hasta muchos años después de que la Junta de Andalucía lo solicitara en 1998 para aquellas que no cumplían el planeamiento legalmente vigente.

Por todo lo anterior, el ciudadano tiene cedida su soberanía a los expertos, al mercado y, en ocasiones, a personas corruptas situadas en el sitio adecuado y en el momento oportuno.

Serían, pues, necesarios unos planes de ordenación territorial que sirvieran de marco previo a los ayuntamientos para el desarrollo de sus municipios, unas normas urbanísticas sencillas y comprensibles para todos, unas haciendas locales suficientes para no depender de la venta de suelo y de las tasas de licencia y una Administración de justicia más rápida.

Con todo ello el ciudadano recuperaría la soberanía que ahora tiene cedida a los expertos y al mercado.