La responsabilidad de la desmesura

De pronto, parece que todo se ha salido de control: Marbella, Seseña, Morata de Tajuña, la Comunidad de Murcia en su conjunto, ¡hasta Benidorm! En una especie de déjà vu , hemos vuelto a recordar aquellas imágenes de chabolismo levantado en una noche que descubríamos por la mañana al levantarnos. Y, esta vez, nos hemos desayunado con miles de viviendas recién descubiertas en todo el litoral mediterráneo (¡esto si que es descubrir el Mediterráneo!) o en Seseña, a la vista de miles de personas que circulan cada día, y desde hace años, por la carretera nacional que va desde Madrid hacia el Sur de España.

Y con esta paulina visión nos hemos puesto a revisar la cuestión de fondo: ¿cómo es posible que haya sucedido esto?, ¿cómo los Ayuntamientos democráticos han llegado a esta situación?, ¿quién ha decidido estos disparates?, ¿quién decide en nuestros pueblos y ciudades?.

En un régimen democrático estas preguntas deberían ser una obviedad: deciden los ciudadanos. Y, en nuestro caso, lo hacen a través de sus representantes lib reme nte elegidos, quienes, auxiliados por otros administradores seleccionados de alguna forma entre expertos técnicos, aprueban en los plenos municipales sus planes de urbanismo. Y, todo ello, bajo la tutela de las Comunidades Autónomas correspondientes que, incluso, muchas veces sobrepasa la constitucional autonomía de los Ayuntamientos.

Pero los ciudadanos no se equivocan en un sistema democrático, por lo que deberíamos analizar qué es lo que pasa en el sistema que regula su representación para haber llegado a la actual situación de estupor.

En primer lugar, ocurre que es la primera vez que se define como perturbadora la situación que nos perturba, porque ni Marbella ni Seseña ni Morata de Tajuña ni la región de Murcia ni Benidorm tenían fijados por sus respectivas Comunidades Autónomas, ni por nadie, los límites a su crecimiento dentro de un plan de ordenación territorial, por lo que sólo los planes urbanísticos generales y el escándalo posterior pueden servir ahora de referencia para examinar la cuestión. Las 25.000 viviendas, por ejemplo, que quiere hacer en Morata de Tajuña (un pueblo que tiene actualmente no más de 2.000) su alcaldesa no están limitadas nada más que por el sentido común, que, como se ve, no debe ser tan común entre sus autoridades locales.

¿Y qué han hecho los servicios competentes de las Comunidades Autónomas en este tiempo? Pues, a mi juicio, competir, muchas veces, con los servicios técnicos municipales en controlar cuestiones puramente locales: ordenación de las calles, comprobación de dotación de servicios, etc., en lugar de dedicar su tiempo y esfuerzos, exclusivamente, a enmarcar aquéllos en un diseño global del territorio.

Este necesario papel globalizador lo han adquirido los servicios de medio ambiente, que no dan abasto, por otra parte, a examinar las ingentes cantidades de planeamiento de detalle que se les viene encima porque, además de valorar el conjunto del planeamiento, entran a examinar aspectos tan puntuales como las condiciones de habitabilidad de las viviendas respecto a ruidos internos en los edificios, etc., cuestiones éstas de fácil comprobación por cualquier técnico municipal. Y ello en cada fase del planeamiento, y no sólo en el planeamiento general, que es cuando deberían fijar, de una sola vez, los criterios medioambientales necesarios para el desarrollo urbanístico del municipio.

Este es otro problema que suele complicar el control urbanístico: la enorme cantidad de aspectos a comprobar. La regulación de las actividades sociales se puede hacer de dos maneras: con unas reglas tolerantes (muy pocas normas, pero suficientes para regular lo sustancial) aplicadas de manera intolerante, como hacen los alemanes, por ejemplo, o con unas reglas intolerantes (regulándolo todo hasta la caricatura), pero aplicadas de manera tolerante, como se hace en España. Desde muchos puntos de vista, la manera alemana ofrece ventajas: las normas se entienden mejor, al ser menos y más sencillas, y hay menos margen a la discrecionalidad de los administradores que tienen que controlarlas. Además, existe un aspecto pedagógico sobre el cumplimiento de la norma muy saludable socialmente: las normas están hechas para ser cumplidas.

Pero este sistema tiene una desventaja: al hacerle perder capacidad de interpretar la norma, le da la sensación al Administrador de que tiene menos poder. Claro que ésta es una desventaja que sólo afecta al administrador, pero posiblemente ésta sea la razón por la que la mayoría de las normas de que nos dotan a los españoles suelen ser complejísimas, exhaustivas, farragosas y abrumadoras. Y en el caso concreto del urbanismo, incomprensibles para la práctica totalidad de las personas, excepto para una parte pequeña de otra parte pequeña de la población: los urbanistas. Quiero decir que ni siquiera todos los urbanistas, ni mucho menos, entienden las normas que manejan.

Imagínese que el alcalde de su pueblo empieza a hablarle a usted en chino. Desconfiaría usted de lo que le estuviera diciendo, ¿verdad? Bueno, pues que le hable de urbanismo es peor, porque al fin y al cabo hay en el mundo 1.300 millones de personas que entienden el chino y, desde luego, no hay tantas que entienden el urbanismo. Por tanto, haría usted muy bien en desconfiar cada vez que le hablen en esa jerga típica urbanística en la que los PAUS, SAUS, PERIS o UAS son términos de uso tan natural que llega a ser reprochable el no saber qué significan.

De todas las formas, el estupor del que antes hablaba no suele ser autóctono de cada lugar, sino más bien foráneo, ya que a las autoridades locales no les suele costar trabajo convencer a sus vecinos de las bondades de engordar el municipio con la promesa del presunto aumento de actividad económica, nuevos puestos de trabajo y, esta es otra, menor carga impositiva por una "extensión de la base cotizante".

El ser social del PSOE responsable de gobernar los primeros Ayuntamientos democráticos probablemente determinó su conciencia municipalista cuando planteaba, por aquel entonces, un esquema de reparto del presupuesto público entre la Administración central, con un 50%, la autonómica, con un 25% y la local con un 25%. Nunca he oído una corrección intelectual a dicho planteamiento y, sin embargo, un cuarto de siglo después dos Gobiernos socialistas y uno conservador a duras penas han conseguido hacer pasar del 15% el presupuesto público administrado por los Ayuntamientos españoles, cuando tienen adscritos al 22% de los empleados por la Administración pública española.