ESPAÑA A LA COLA DE LA EUROPA SOCIAL

Si observamos el panorama de gasto público social de España, dos hechos llaman la atención. Uno es el bajo gasto público social. En realidad, según las últimas cifras del Eurostat (2003) España es el país de la Unión Europea de los Quince (el grupo de países de desarrollo económico semejante al de España) que tiene un gasto público social como porcentaje del PIB más bajo de la UE-15. El capítulo de protección social (que son todos los gastos en transferencias y servicios públicos del estado de bienestar, excepto educación) es sólo un 19,7% del PIB, mucho más bajo que el gasto en protección social promedio de la UE-15 (28,3%). Sólo Irlanda tiene un porcentaje menor, 16.5%, del PIB. Estos datos muestran claramente que la España Social está a la cola de la UE-15. En realidad, incluso cuando incluimos el promedio de todos los países de la UE-25 , (28%), España está muy por debajo de tal promedio.

Si en lugar de utilizar el indicador de gasto público social como porcentaje del PIB utilizamos el gasto público social por habitante vemos, de nuevo, que España está a la cola de la UE-15. España se gasta 4186 euros estandarizados (es decir, euros que se han estandarizado para poder homologar su poder de compra en los países por los que Eurostat ofrece los datos) que es una cantidad mucho menor que el promedio de la UE-15 que es 6.926 euros estandarizados (también llamados unidades de poder de compra). Sólo Portugal está tan mal como España. Portugal es incluso ligeramente inferior (3.644). Los datos hablan por sí mismos... Mírese como se mire, España está a la cola de la Europa Social.

Se me dirá que ello se debe a que España es un país más pobre que el promedio de la UE-15 y que por lo tanto es lógico que el gasto público social sea también más bajo. Pero esta explicación no es satisfactoria puesto que el gasto público social de España es mucho más bajo que el gasto que le correspondería por el nivel de riqueza que tiene. En realidad, el nivel de riqueza de España medida por su PIB per cápita fue en el año 2003 ya casi el 90% del PIB per cápita promedio de la UE-15 , pero en cambio el gasto público social por habitante no es el 90% del gasto público social per cápita del promedio de la UE-15 sino sólo un 60%. Si nos gastásemos lo que nos corresponde por el nivel de riqueza (es decir, casi un 90%) deberíamos gastarnos 6.233 euros estandarizados por habitante, en lugar de los 4.186 que nos gastamos, es decir, 2.047 euros estandarizados per cápita más de los que nos gastamos. En realidad, el déficit es incluso mayor puesto que España tiene un porcentaje de personas ancianas (por encima de los 65 años) mayor (17%) que el promedio de la UE-15 , (16,2%) con lo cual el gasto público social debiera ser mayor que el promedio de la UE-15 , puesto que los ancianos consumen más gasto público social que otros grupos etarios. Pero incluso sin tomar en cuenta esta consideración, resulta que el déficit de gasto público social de España (que se calcula multiplicando la cifra anterior de 2.047 euros estandarizados de déficit de gasto público social por habitante por el número de habitantes en el año 2003 (43 millones de personas) es de 88.000 millones de euros estandarizados . Es decir, España se gastó en el año 2003 (el último año para el cual hay cifras derivadas del Eurostat, la Agencia estadística de la Unión Europea ) en gasto social 88.000 millones de euros estandarizados menos de lo que le corresponde por su nivel de riqueza. Esta cantidad equivale (ver Tabla Purchasing Power Parities de Esurostat) a aproximadamente alrededor 70.000 millones de euros normales y corrientes, cifra que equivalió ligeramente por encima del 8% del PIB para aquel año. Es un déficit de gasto público social enorme del que el establishment español no es consciente (ver Navarro, V. La Situación Social en España , Biblioteca Nueva, 2005).

Este déficit se debe a dos razones. Una es el gran retraso de desarrollo social de España, consecuencia de cuarenta años de una dictadura que se caracterizó por su enorme insensibilidad social. Cuando el dictador murió, España se gastaba en protección social sólo un 14% del PIB, ocho puntos por debajo del gasto público social promedio de los países que más tarde pasarían a ser los miembros de la Unión Europea de los Quince (22% del PIB). La democracia permitió la expresión de los deseos populares, entre los cuales la expansión del estado de bienestar adquiere siempre un gran protagonismo. De ahí que el gasto público social creció de una manera muy notable hasta el año 1993, alcanzando el porcentaje del PIB en gasto social más elevado que se haya conseguido en el periodo democrático: un 24% del PIB, más de cuatro puntos por debajo del entonces promedio de los países que serían miembros de la UE-15 (28,7%). Ahora bien, en el año 1993 se tomaron una serie de decisiones políticas que afectaron negativamente la evolución del gasto público social como porcentaje del PIB, disminuyendo hasta un 19,7% del PIB en el año 2003, más de 8 puntos de diferencia con el promedio de la UE-15 (28,3%) en aquel año. Ello se debió primordialmente al compromiso adquirido por el equipo económico del gobierno socialista (dirigido por el Sr. Solbes) primero, y del gobierno del PP (dirigido por el Sr. Rato) después, de priorizar la reducción del déficit presupuestario del estado español (a fin de converger monetariamente con la Unión Europea ) sobre la reducción del déficit de gasto público social de España con la UE-15. De ahí que cuando en el año 2003 se consiguió equilibrar las cuentas del Estado, este equilibrio se alcanzara a costa de que aumentara el déficit de gasto público social de España con la UE-15. En realidad, el gasto público social descendió incluso en términos reales a partir de 1993 y durante el periodo 1993-1996, pasando de ser 3.039 euros estandarizados en 1993 a 3015 euros estandarizados en 1994, y 2931 euros estandarizados en 1995, recuperándose en 1996, alcanzando 3,064 euros estandarizados, subiendo muy lentamente a partir de entonces, crecimiento muy inferior al ocurrido en el promedio de la UE-15 , con lo cual el déficit de gasto público social por habitante de España con la Unión Europea aumentó considerablemente durante la totalidad del periodo 1993-2003.