La inmigración en España

Diversos acontecimientos recientes han contribuido a que la cuestión migratoria se haya situado en primer plano de atención. Los asaltos masivos a las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla pusieron rostro a las desesperadas condiciones de vida de muchos de los que pugnan por llegar a un país como España. Los acontecimientos de Francia hicieron sonar las alarmas sobre los déficits de integración y sobre los efectos erosivos de la exclusión social. Finalmente, las últimas Encuestas del CIS han puesto de relieve que una parte importante de la opinión pública (más del 40%) tiende a ver la emigración como el segundo problema de España, sólo por detrás del paro, al tiempo que se perfila un sector que oscila entre el veinte y el treinta por ciento que manifiesta actitudes de rechazo y de carácter xenófobo, especialmente entre los jóvenes, los trabajadores manuales y los parados.

De ahí la importancia de profundizar con rigor en el debate sobre la inmigración, y la necesidad de situar esta cuestión en la agenda política a un nivel de priorización similar a la importancia que le atribuye la opinión pública.

En primer lugar, hay que ser conscientes de que estamos ante un fenómeno social complejo e importante . En España hemos pasado en muy poco tiempo de tener solamente 840.594 residentes extranjeros en 1991, muchos de ellos jubilados europeos, a tener 4.229.113, según los últimos datos oficiales del padrón municipal de junio de 2005, lo que representa el 9,5% de la población. Es decir, en un período de poco más de una década se ha producido un crecimiento del 403%, con casi tres millones y medio de nuevos inmigrantes. En los últimos cinco años se ha crecido a un promedio de medio millón de personas por año, pudiéndose realizar proyecciones que, de no cambiar las tendencias, situarán el volumen de la población extranjera residente en España en más de siete millones de personas en 2010 (en torno al 16% de la población), pudiendo llegar a superar los diez millones en 2015. La concentración de la inmigración en determinadas zonas de España está dando lugar, por ejemplo, a que en la Comunidad de Madrid se haya superado ya la proporción del 16% de la población, con algunos distritos de la ciudad de Madrid con un 30% de extranjeros.

En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que estamos ante procesos que obedecen a varias razones: no sólo a la capacidad de atracción que ejercen los países desarrollados y a las ofertas específicas de trabajo en determinadas actividades (en la construcción, en el servicio doméstico, en la recogida de productos agrícolas de temporada y en sectores turísticos), sino también al propio efecto de expulsión y abandono desde zonas y países en los que se viven condiciones de grave deterioro económico y social y de falta de perspectivas de futuro. La pobreza y el hambre son factores tan estimuladores de la emigración como la propia oferta concreta de puestos de trabajo. Es decir, estamos ante un fenómeno que no se puede explicar sólo en términos de una racionalidad económica estricta (oferta y demanda de empleos), sino a partir de las situaciones mundiales de dualización y pobreza extrema.

En tercer lugar, la inmigración, en la forma en que está teniendo lugar, desempeña un papel económico y laboral de carácter dual. Por un lado, está contribuyendo al crecimiento económico de España y, de manera particular, está permitiendo cubrir determinadas actividades y servicios, generalmente con notables rebajas en los costes laborales. Lo que permite que algunas empresas resulten muy productivas, al tiempo que otras sufren competencias "desleales" y, a veces, irregulares. De esta manera se está suscitando un debate, al que son muy sensibles los sindicatos, sobre el papel que a veces desempeña la inmigración, especialmente en sus franjas más precarias y menos formalizadas, como nuevo "ejército laboral de reserva", que al proporcionar una sobreoferta de empleados potenciales en determinados sectores está incidiendo a la baja en salarios y condiciones laborales.

En cuarto lugar, la presencia de un número importante de inmigrantes no regularizados (más de millón y medio) y la existencia de mayores índices de paro y precarización social y laboral entre los extranjeros, está traduciéndose en un aumento de los fenómenos desigualitarios y de exclusión social. Un número importante de inmigrantes padecen discriminaciones, y tienen carencias en vivienda, educación y servicios sociales y asistenciales; lo cual, unido a otros factores de segregación y dualización étnica y cultural, está acentuando los rasgos de una sociedad dividida, en un contexto en el que se hace notar la reducción de cinco puntos experimentada desde 1994 en el porcentaje del PIB que España dedica a gastos sociales.

Las restricciones que viven muchos inmigrantes en sus derechos laborales y sociales, sus menores niveles salariales y la carencia de derechos políticos, da lugar a que muchos de ellos sean de facto ciudadanos de segunda o tercera categoría. Lo cual abre el riesgo de evolución hacia un modelo dual de sociedad, con un doble circuito de ciudadanía, con derechos, oportunidades y niveles de vida diferenciados entre sí.

Si se mantienen los intensos ritmos de llegadas, y si persisten los problemas de exclusión, los déficits de integración y el surgimiento de actitudes de rechazo y una confrontación social y laboral alentada por la competencia por recursos sociales escasos y oportunidades laborales limitadas, puede acabar conformándose un cóctel inflamable que acabe convirtiendo a la inmigración en uno de los principales problemas sociales de España.

Ante esta situación, hay que trabajar simultáneamente en una triple dirección. En primer lugar, hay que superar las condiciones de "ilegalidad" de algunos inmigrantes que generan tanta inseguridad y sinrazón humana y que posibilitan que sean objeto de muchos abusos. El proceso de regularización llevado a cabo por el Gobierno español ha sido un ejemplo generoso de lo que es necesario hacer en este sentido.

En segundo lugar, y de manera simultánea, es imprescindible tener una política rigurosa de fronteras y de cupos, bien coordinada con la Unión Europea , entendiendo, y haciendo entender, que países como España no tienen una capacidad de acogida laboral y social ilimitada y que el desbordamiento de los límites razonables pueden conducir a situaciones de tensión e inseguridad que son negativos para todos. La política de regularización legal debe ir acompañada de una política paralela de rigor en la aplicación de las leyes y el control de fronteras.

En tercer lugar, hay que potenciar y mejorar la integración con políticas de ciudadanía que atajen en su raíz los riesgos de la exclusión social, entendiendo que lo que no se esté dispuesto a gastar hoy en integración y en calidad de vida social, se acabará teniendo que gastar en el futuro en políticas de control y reparación social.

La cuestión ante la que no encontramos no es menor, y del empeño que se ponga en hacer frente a los problemas planteados, y del éxito que se tenga en ello, va a depender la cohesión y el equilibrio social que pueda tener la sociedad española en un futuro próximo, y también el propio sentido práctico de nuestra vivencia de la condición ciudadana.