LOS DILEMAS DEL SOCIALISMO ESPAÑOL ANTE LA REFORMA ESTATUTARIA DE CATALUÑA
La admisión a trámite de la propuesta de Estatuto de Autonomía de Cataluña sitúa al PSOE y, especialmente, al PSC en una complicada situación. Mientras que los máximos dirigentes del PSOE han llegado a decir que en las Cortes Generales se iba a dejar al Estatuto " limpio como una patena ", reconociendo que la propuesta resulta en gran parte inconstitucional, el PSC defiende la postura contraria. Y así, en su web oficial, el Partido de los Socialistas de Cataluña, respondiendo a la pregunta de si es cierto que el proyecto de Estatuto pretende desconocer, cambiar o desvirtuar lo establecido en la Constitución, responde que no, que (citamos textualmente) " El proyecto de Estatuto cita más de 25 veces la Constitución española, y según el Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya, en estos momentos el proyecto se enmarca en la Constitución, ya que los elementos de inconstitucionalidad que fueron señalados por dicha institución han sido subsanados, y por tanto, el Parlament ha aprobado un texto que no sólo no niega la Constitución, sino que según nuestra máxima institución consultiva, la respeta completamente ." La propia Manuela de Madre defendió la plena constitucionalidad de la propuesta durante su intervención en el Congreso de los Diputados el 2 de noviembre.
Si los dirigentes del socialismo catalán piensan esto, ¿qué argumentación darán para votar las enmiendas que realice el PSOE en el Congreso de los Diputados con el objetivo de "limpiar" el Estatuto? ¿Cómo le explicarán ese apoyo a sus socios independentistas y a CiU, embarcados junto al PSC en este proyecto nacionalista? Pero sobre todo, ¿cómo le explicarán a sus votantes que mientras que en Cataluña defienden la plena constitucionalidad del proyecto en Madrid apoyan las modificaciones... para hacerlo constitucional? A todo esto cabe sumar un dilema mayor: ¿cómo podrá adaptarse el texto a la Constitución, cómo se le podrá dejar "limpio", sin tocar páginas enteras del proyecto? Difícilmente se podrá dar brillo constitucional a la propuesta de Estatuto sin alterar profundamente el contenido del Preámbulo, del Título Preliminar, del Capítulo III del Título I ( De los derechos y deberes lingüísticos ), la Sección Primera del Capítulo VI del Título II ( Organización territorial local ), el Título III ( Del Poder Judicial en Cataluña ), el Título IV ( De las competencias ), el Título V ( De las relaciones de la Generalidad con el Estado, con otras Comunidades Autónomas, con la Unión Europea, y de la Acción Exterior de la Generalidad ) o del Título VI ( De la financiación de la Generalidad y la aportación catalana a la Hacienda del Estado ). Ajustar la propuesta de los parlamentarios catalanes a la Constitución implica realizar un texto prácticamente nuevo.
En las Cortes Generales se aprobarán las enmiendas necesarias para subsanar la multitud de "deficiencias constitucionales" que presenta el Estatuto. Pero, ¿qué harán los partidos nacionalistas catalanes promotores de la propuesta a medida que se vayan aprobando las enmiendas que desvirtúen su texto? Una mayoría de CiU, ERC e Iniciativa Per Catalunya en el Parlamento Catalán podría retirar el texto del Congreso de los Diputados si las enmiendas alterasen sustancialmente la propuesta, algo previsible desde la lógica constitucional. ¿En qué posición quedaría entonces el PSC? O, llegado el caso, ¿qué voto pedirá cada uno de los partidos cuando se someta el texto reformado a referéndum?
En este momento hay mil interrogantes abiertos en el seno del Partido Socialista. Las dudas sobre las consecuencias del debate del Estatuto en el Congreso de los Diputados, donde el PSOE deberá enderezar el entuerto creado por el PSC, mantienen abiertas las heridas entre los militantes, simpatizantes y votantes socialistas.
La convicción de que la serenidad, la capacidad de diálogo y la razonabilidad deben imponerse en la búsqueda de soluciones no anula la exigencia de las bases socialistas de una afirmación claramente constitucional y, más aún, claramente española: el PSOE debe dejar claro que no transigirá con ningún aspecto del Estatuto que vulnere la Constitución de 1978 o que ataque los legítimos sentimientos de los españoles. Igual de claro debe dejar que no tolerará ataques a la convivencia entre los ciudadanos de cada una de las nacionalidades o regiones, sea cuál sea su sentimiento de pertenencia nacional, ni ataques a Cataluña. Ese claro compromiso es el que piden las bases de una fuerza política determinante en la articulación de España, y a él no puede renunciar sus dirigentes: preferible es reconocer el error de haber dado lugar al "Plan Maragall" antes que abundar en un error mayor, en que sólo quepan ya las razones de separatistas y separadores.
En esta aventura la única ventaja con la que juega el PSOE es la radicalidad del PP, que puede resultarle beneficiosa electoralmente a costa de incendiar el país, pero que difícilmente podrá mantener hasta el final de la legislatura.
El PP se ha opuesto al Estatuto alegando que el mismo modifica la Constitución. Es falso: las Cortes Generales no aprueban ninguna ley (y los estatutos de autonomía lo son) que modifique la Constitución. Cuando chocan Constitución y ley no se modifica la primera sino que se declara inconstitucional la segunda. Aunque el Estatuto catalán se aprobara tal y como lo ha remitido el Parlamento de Cataluña, no modificaría la Constitución sino que todos sus aspectos que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucionales no se aplicarían.
Tras el debate del 2 de noviembre en el Congreso de los Diputados late la sensación amarga de que hemos perdido una oportunidad extraordinaria para afrontar la necesaria modernización del Estado autonómico, desde el respeto al espíritu constitucional y a la necesidad de convivencia de los españoles. Esa reforma debería haberse centrado en los principios de eficacia en la gestión y responsabilidad en la administración. Pero el proyecto catalán no centra el debate en la búsqueda de la funcionalidad de las instituciones y administraciones para conseguir mayores cotas de bienestar de los ciudadanos, sino que electriza los sentimientos nacionales en todo el país: lo importante ya no va a ser que el sistema funcione mejor o peor sino sumar los agravios hechos a las naciones catalana o española.
El juego político, mientras, sigue ajeno al hastío de los ciudadanos. Y así, de la capacidad del PP para mantener sus argumentos tremendistas y dramáticos, inservibles para el debate por su radicalidad pero poderosos (y peligrosos) socialmente, y del PSOE para navegar en el barco de la Constitución con el ancla del PSC en el costado, sorteando las procelosas aguas de la marejada nacionalista, dependerá en gran parte el resultado de esta aventura y, muy principalmente, el de las elecciones generales de ¿2008?.