El anverso y el reverso de las reformas estatutarias

La asfixiante cuestión de las identidades territoriales y la organización autonómica de España no parece salir nunca de la agenda política. En perjuicio, además, de asuntos de una naturaleza similar y que personalmente me parecen muchísimo más urgentes, como la siempre postergada cuestión de la insuficiencia financiera de nuestros ayuntamientos. Ahí sí que nos estamos jugando la calidad de muchos de los servicios públicos que influyen de forma cercana y diaria en la calidad de vida de los españoles. Vamos a ver si conseguimos que el impulso del actual Gobierno en este campo no se vea dificultado por la ocupación de la agenda política por parte de las reformas autonómicas.

Hay políticos y partidos que viven tan obsesionados con el problema de España que apenas tienen tiempo para ocuparse de los problemas de los españoles. Y aquí donde he escrito España y los españoles, podría leerse el nombre de cualquier comunidad autónoma y de sus ciudadanos. Personalmente no creo que la cuestión territorial, se la mire por donde se la mire, sea una preocupación preferente para los españoles. Salvo por el caso concreto del Plan Ibarretxe y su perfil independentista. No es eso lo que percibo y no es eso lo que dicen las encuestas, que nunca ponen cuestiones como las reformas estatutarias a la cabeza de las preocupaciones de los españoles. Pero ya nos encargaremos los políticos de que lo sea, al paso que vamos. Y por eso creo que es de agradecer que no todos los territorios se hayan sumado al coro de voces que reclaman, como si de una imperiosa urgencia se tratase, una revisión de todos los estatutos y, como consecuencia al parecer inevitable, una revisión de algunas de las bases de nuestro sistema político y de convivencia.

Nuestro sistema de poder territorial no parece requerir tratamientos quirúrgicos, sino simples y lógicas reformas en aquellos aspectos en los que se ha demostrado poco funcional, como el sistema de relaciones del Estado con las Comunidades, o de estas entre sí, o el Senado. Otra cosa es que los poderes públicos de determinadas comunidades pretendan legítimamente reformar sus estatutos. No estaría mal que a estas alturas supiéramos para qué, que no parece estar tan claro, pero como punto de partida no parece adecuado negar esa posibilidad sólo por el hecho de que los perfiles finales de la operación permanezcan más que ambiguos. Personalmente creo que corresponde a cada Comunidad proponer qué papel quiere jugar en el conjunto del país y, si acaso, reflexionar sobre los diferentes papeles armónicos de unos y otros en foros comunes adecuados que ahora no tenemos.

Pero una cosa es reconocer el derecho de proponer el encaje en el proyecto nacional y otra muy distinta predeterminar desde una periferia el campo y las reglas de juego para el conjunto y para las otras partes. Algunos han sido invitados a sumarse a presuntas vanguardias autonómicas y otros aparecen agrupados en los telediarios autodenominándose como " la España de la prosperidad" o etiquetas similares, cuando no resucitando viejas marcas históricas que la historia borró sin demasiadas lágrimas. Tampoco creo que la creación de estos directorios o la multiplicación de ejes particulares sea buena para el conjunto del país, pues a poco que se observe, se nota más de la cuenta que de lo que se trata es de tomar posiciones respecto de la cuestión que se oculta en el fondo de todo este ruido ambiente, la zafia cuestión de la financiación autonómica. O sea, lo de siempre, pero con otra música.

A varios responsables políticos de comunidades deseosas de reformar sus estatutos se les ha preguntado si no sería más importante dedicar ese esfuerzo político a mejorar la sanidad o la educación. Y lo que han respondido invariablemente es que la reforma de Estatuto sirve precisamente para eso, para tener una mejor sanidad, por ejemplo. O sea, que de lo que se trata es de tener mejores servicios, si bien ahora usando otra coartada aparentemente más imaginativa. A mí que me expliquen cómo van a tener mejor sanidad sólo por denominarse nación, que no lo entiendo. Y si tras la nueva denominación vienen mejores servicios, será porque esa noble etiqueta tiene por el reverso el precio a pagar por todos nosotros para que esa satisfacción no sea meramente psicológica. O sea, que lo de los adjetivos es estrictamente eso, adjetivo, y que lo sustantivo es la financiación, como nos temíamos. Por eso no es extraño que desde el nacionalismo se diga, ya más a las claras, que si lo de la financiación queda más o menos satisfactorio, se podrá posponer ese ímpetu autodeterminista que al parecer embarga a las masas de ciertas comunidades.

Por eso no queda más remedio que ironizar sobre esta puja por acceder a los adjetivos más rimbombantes. Porque se piensa, o porque se sabe, o porque se recuerda, o porque se intuye, que tras ese adjetivo resplandeciente vienen los réditos dinerarios correspondientes. Y por eso en cuanto uno ha levantado la veda y ha invitado a otro al club de los privilegiados, han saltado otros tantos a pedir su adjetivo, a recordar su carácter histórico, a exhibir blasones apolillados, a querer ser nacionalidades, comunidades nacionales y cosas así. Al pillaje sin escrúpulos, sentémonos todos en la mesa de señor, a ver qué cae. Sin recordar que, cuando los poderosos llaman a su mesa a los plebeyos siempre ha sido para que la limpien, no para que se sienten al banquete. Y a pesar de eso se apuntan al reclamo, para tratar de ser también diferentes, para ser como los que consideran favorecidos. Vamos, que aquí todos quieren ser diferentes a lo que son en realidad para poder ser tratados de igual modo que los que alcanzan privilegios reales y concretos emboscados en linajes y prosapias varias. Esa es la paradoja, que todos quieren ser diferentes para ser tratados como iguales. Pero alguno acabará mirando el banquete y limpiando el mantel, como suele suceder en estos casos.

Porque como recuerda él, en este caso, sabio refranero castellano, que seguramente será políticamente incorrecto citar, por viejo y por sabio, pero sobre todo por castellano, "no hay ‘don' sin ‘din'". Y aquí todo el mundo quiere el "don" como una excusa para pedir el "din", porque a fin de cuentas, en este país que ha conocido muchos hidalgos mendigos, no hay "don" sin "din". Aquí nadie parece conformarse con ser, sencillamente, una región española, o una región de España, como se prefiera. Aquí hay que ser nación, nacionalidad, nacionalidad histórica, nación cultural, comunidad nacional, región próspera, región periférica, región atlántica o euroregión histórica. Un auténtico vendaval de adjetivos. Al final de todo este sainete, lo mismo se queda sola Extremadura con el honrosísimo nombre de región española, que de buena casta es quien a los suyos honra. Nada nos importaría, si no fuese por lo del "din", que nosotros necesitamos tanto como los demás, si bien nuestra dignidad no nos permite ocultarlo con el "don".