Editorial: Evaluación de políticas públicas y calidad democrática

En las últimas décadas, la mayoría de las democracias avanzadas han venido desarrollando reformas del Sector Público, desde la conciencia de la necesidad de reforzar el sistema democrático y mejorar la eficacia de sus Administraciones. Así se han adquirido mayores compromisos con la transparencia pública y la rendición de cuentas sobre los resultados de su acción a los ciudadanos. La evaluación de las políticas públicas es un instrumento más al servicio de estas reformas y propósitos cuya finalidad es poder valorar funcionalmente lo público para reorientar lo que no va bien, no sólo desde una perspectiva técnica -siempre necesaria-, sino, también, mediante una interlocución social orientada a propiciar la responsabilidad y la mejora continua de la acción pública.

La evaluación de políticas públicas trata de conectar criterios de democracia y mecanismos de control y eficiencia, entendiendo que ésta última, en el sector público, no puede concebirse simplemente a partir de los criterios de mercado, que deben equilibrarse con otros elementos de valor propios de este ámbito: como las ideas de equidad, cohesión social, solidaridad, corresponsabilidad, cooperación institucional... Lo que implica también considerar y dar cuenta de las tensiones inherentes a los diferentes intereses que se entrecruzan en la acción pública.

Aunque cada vez se utiliza con más frecuencia el término evaluación y se recurre a él con más intensidad tras la abrupta irrupción de la actual crisis económica, con carácter general, su uso, -que nunca puede ser meramente circunstancial-, ha conducido a que se ponga un mayor énfasis en el análisis de los resultados de los planes o programas en los que se concretan las políticas públicas. Sin embargo, cada vez en mayor medida, la evaluación se orienta no solo a la medición de la eficacia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos, sino también a considerar los impactos de las políticas en la sociedad en su conjunto y en los ciudadanos concretos a los que van dirigidas. Y, lo que es una aportación sustancial de la evaluación, a la rendición de cuentas de los gobiernos ante los ciudadanos. Lo cual implica resaltar el valor político de mejora de la acción de gobierno ante la ciudadanía.

Con estos planteamientos se intenta impulsar una mayor y mejor regulación democrática del orden social y económico y ofertar a los ciudadanos un mayor protagonismo en el control de los resultados de la acción pública: lo que consecuentemente, requiere un adecuado conocimiento transparente y objetivo de tales resultados.

La evaluación de las políticas públicas es una herramienta generadora de confianza y garantía en la gestión de lo público y, al mismo tiempo, es un instrumento de buen gobierno, de mejora continua de la gestión pública, así como de las políticas y servicios a los ciudadanos. Los efectos que genera -de aumento de la información, transparencia, participación y control social- son en última instancia fundamentos esenciales de la modernización del Estado y de la profundización democrática.

Los entornos sociales y políticos en los que se desenvuelve en la actualidad la toma de decisiones y la ejecución de la acción pública -con la intervención de diferentes niveles de gobierno y de otros actores socioeconómicos cuya participación democrática no es posible soslayar-, convierten el desarrollo de la Evaluación de las Políticas Públicas en un proceso en modo alguno sencillo, que precisa, tal como señala la Unión Europea, de un sólido compromiso interinstitucional para su progreso.

La función de la evaluación como palanca para la profundización en la calidad de la democracia es quizás la razón por la que la incorporación del proceso evaluador a la función administrativa -su institucionalización en definitiva- ha corrido paralela a la mejora de la calidad de la democracia. Lo que trae como consecuencia su relativo retraso en nuestro país, por razones obvias, respecto de otros países con mayor recorrido democrático.

El enorme esfuerzo que desde organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, se está realizando para la incorporación de la práctica de la evaluación en los países emergentes, da cuenta de su importancia y alcance. Especialmente meritorio es el interés que están mostrando muchos países de Iberoamérica y del norte de África. De la misma manera, la Unión Europea está fomentando la práctica de la evaluación en todos los Estados Miembros.

Esta tendencia a la institucionalización de la evaluación pretende incorporar a las actividades de las Administraciones Públicas procedimientos que permitan valorar en qué medida la ejecución de la acción pública está cumpliendo con los objetivos para los que se diseña y, especialmente, en qué medida los recursos públicos administrados para ese fin están resultando eficaces para contribuir a la construcción del modelo de sociedad que se persigue. En definitiva, lo que se pretende es dar cuenta precisa del impacto que está teniendo en los ciudadanos y cómo perciben éstos sus resultados.

La evaluación, como práctica institucional, se orienta hacia una valoración integral de la política, a la implantación de una cultura de evaluación y de mejora de lo público, y a la legitimación de su propia acción mediante un compromiso de responsabilidad y transparencia que, más allá de los resultados obtenidos en el nivel gestor y operativo, alcanza al ciclo completo de la acción pública, desde el diseño de las políticas a su concreción práctica en el ciudadano. Por lo tanto, el valor que aporta la evaluación como práctica institucional es la incorporación de un nuevo enfoque al análisis de la acción pública.

La evaluación, a diferencia de los instrumentos clásicos de control, no consiste solo en comprobar la conformidad de la acción pública en el cumplimiento de normas, sino que expresa un juicio de valor, apoyado en evidencias y sobre la base de unos criterios explícitos, en torno al éxito de los resultados y los impactos -deseados o no- de las políticas públicas. Ese juicio de valor debe fundamentarse con el máximo rigor y garantías. De ahí la exigencia de contar con una sólida metodología de evaluación.