Precisamente durante los años de mayor esfuerzo educativo España pasó a ocupar el puesto número 9 en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, para retroceder después a los puestos 20 o 21, a medida que descendía el porcentaje de PIB dedicado a Educación Pública (en el último Informe España se sitúa en el puesto número 15).
Pero no se trata sólo de una cuestión de recursos, sino también de criterios y de estabilidad. No puede ser que cada nuevo gobierno, o incluso cada nuevo Ministro o Ministra, quiera hacer sus propias leyes, reglamentos y procedimientos de selección de profesorado y de elección de directores de escuela y rectores de Universidad.
Por eso, la propuesta del actual Ministro de Educación de formalizar un gran pacto educativo cuya contenidos puedan permanecer varios lustros, me parece lo más sensato que se puede hacer en estos momentos. El prestigio académico del actual Ministro y su experiencia en diversos puestos de gestión Universitaria, como decano y rector, le acreditan para impulsar esta iniciativa tan necesaria. Ahora sólo queda que los partidos políticos sepan estar a la altura de la situación, que los que participen en esta negociación estén bien informados sobre los problemas de fondo que aquejan a nuestro sistema educativo y no se dejen llevar por discusiones oportunistas en torno a cuestiones ideológicas o de poder académico.
Es necesario reclutar a buenos profesores y motivarlos con políticas salariales y de incentivos que sitúen a España a nivel europeo.
Medidas de sentido común
Un pacto de esta naturaleza, que ponga el acento en los intereses y necesidades comunes de nuestro sistema educativo, es perfectamente factible, de la misma manera que fue factible llegar a una Constitución consensuada, en cuyos contenidos no todo el mundo estaba de acuerdo al cien por cien, pero que ha dado buenos resultados en términos políticos y de estabilidad, inaugurando una de las etapas más fructíferas en la historia reciente de España. Igual hay que hacer en la Educación, quizás no a partir de grandes leyes generales, sino con medidas prácticas que permitan alcanzar objetivos funcionales de sentido común, incluso de manera paulatina, cuando ello sea necesario.
Me parece, pues, que la propuesta de un gran pacto educativo nacional va a tener bastante apoyo social, no sólo por parte de los docentes, sino también de los estudiantes, que son los que más se pueden beneficiar de ello, y de muchos padres que no acaban de entender tantas fragmentaciones, tantos particularismos, tantos planes de estudio diferentes, tantos cambios e "inventos" y que desean un poco de sosiego, sentido común y estabilidad. Lo cual requerirá también voluntad de acuerdo y de consenso en el interior de los propios partidos políticos para poner coto a una deriva fragmentadora que está conduciendo a una disfuncionalidad notable.
De la misma manera que en el arranque de la Transición democrática el aumento de las inversiones educativas fue valorado por la opinión pública como un avance muy positivo, en estos momentos puede ocurrir algo similar si se logra dar forma a una apuesta sensata de estabilidad y calidad. Una vez cubiertos los objetivos de la universalización y la accesibilidad (vía gratuidad, conciertos o becas), el reto actual es la calidad. Y eso exige el esfuerzo de consenso y de pacto que ha planteado el Ministro Gabilondo. Ojalá que pueda llevar su propuesta a buen puerto. De momento, ha acertado en el diagnóstico. Lo cual no es poco.