En el momento de realizarse las octavas elecciones al Parlamento Europeo, la Unión Europea sigue siendo la mayor y mejor experiencia de integración política supranacional. También el espacio con mayores cotas de bienestar y de cohesión social del mundo. Pero Europa es, igualmente, víctima de sus propios éxitos. Las realizaciones de los últimos 25 años -mercado único, moneda, ampliación a los países de Europa central y del este- sitúan a la UE ante un dilema: cómo ser, con 27 o 30 miembros, algo más que un mercado y, al tiempo, como ser sólo un mercado con el nivel de soberanía cedido por los Estados y la integración alcanzada. El proyecto europeo ha llegado a un punto en el que es irreversible, pero también irreconocible. Tanto por razones institucionales (número de miembros) como funcionales (medios y competencias disponibles) y programáticas (coexistencia de dos modelos de construcción europea muy diferentes: uno basado en un "liberalismo competitivo", otro orientado hacia una "soberanía compartida") los compromisos de avance son cada vez más difíciles de alcanzar. Mucho más si no existe un claro liderazgo político europeo, como actualmente sucede, y la mayoría de Jefes de Estado y de Gobierno no desean conceder mayor legitimidad a las instituciones europeas. El proyecto europeo se halla en la tesitura de tener que actualizar sus fines y sus principios de organización. Y ha de hacerlo dando respuesta a realidades nuevas como los desafíos que plantean la mundialización, las exigencias del desarrollo sostenible y los profundos cambios tecnológicos, sociales y demográficos.
Como decía Vico "la razón profunda de cada cosa está escrita en sus orígenes". Y la Unión Europea es deudora de sus propios orígenes: se ha construido sobre la impronta del libre cambio y sobre la desconfianza en la política, en general, y en la política monetaria en particular. Sobre la prevención de que detrás de la política, y de la inflación monetaria, se escondía la guerra. El "método Monet" de "pequeños pasos" que iban consolidando la integración ha devenido en la Europa de los proyectos en lugar de la Europa de los fines. El "método Schuman", afianzar la paz por el mercado, ha desembocado en la Europa de las reglas (monetaria, presupuestaria, política de competencia) en vez de la Europa de las opciones políticas.
El proyecto europeo se ha desdibujado. La UE tiene muchos proyectos yuxtapuestos, pero a la Unión le falta Proyecto. El objetivo compartido que hizo posible la materialización del sueño europeo fue la paz (y la libertad y la democracia para una parte de Europa sometida a dictaduras). Ese horizonte ha dejado de ser una expectativa que aglutine a las nuevas generaciones y es necesaria la recuperación de un objetivo compartido, de una seña de identidad colectiva, que vincule a los ciudadanos con el proyecto comunitario. Otro horizonte utópico que tendrá que alimentarse del desafío permanente de la paz y de la historia de reconciliación, unidad, libertad, creatividad, solidaridad colectiva y ciudadanía social que representa Europa; pero también de un proyecto de futuro que preserve su modelo social y en el que la UE se convierta en punta de lanza de desarrollo sostenible y justicia social en un nuevo orden mundial.
La decreciente identificación de los ciudadanos con el proyecto europeo se fundamenta en tres recriminaciones: es poco democrática, es poco eficaz en el dominio económico y protege poco a la gente frente a las consecuencias de la globalización. El déficit democrático se sustenta en dos paradojas. Recorta el poder de los Estados sin trasladar a los ámbitos comunitarios poderes equivalentes y sitúa las reglas económicas por encima de las decisiones políticas. Por eso es preciso reforzar la Europa política y enmarcar la dimensión económica en el ámbito de las decisiones político-democráticas. El gobierno de la UE se apoya en instituciones -Banco Central Europeo, Pacto de estabilidad y crecimiento y Dirección de la competencia de la Comisión Europea- sujetas a reglas estrictas (sólo cuestionables temporalmente, como se ha demostrado, por una crisis sistémica como la que atravesamos) y sin apenas control democrático. Gobierne quien gobierne tiene que aplicar las mismas reglas, estando las instituciones europeas sujetas a una dinámica "objetiva" de la que sólo se deriva una mayor liberalización económica y la intensificación de la concurrencia en el mercado único.
La eficacia de la UE en el terreno económico está también condicionada. Primero, porque la Unión Económica y Monetaria (UEM) es todavía fundamentalmente sólo monetaria. Segundo, debido a que los grandes mandatos de la constitución económica europea -estabilidad monetaria, vigilancia presupuestaria y competencia leal y no falseada- dejan en segundo plano objetivos centrales como el pleno empleo, la política industrial, la independencia energética, las redes de infraestructuras, la innovación o la cohesión social, que son los objetivos en los que los ciudadanos más se reconocen. Articular una mayor gobernanza económica en la UE y colocar entre sus prioridades un conjunto de bienes públicos europeos que puedan beneficiar a todos los ciudadanos, al margen de su nacionalidad, son desafíos pendientes.
Renovar el proyecto de la UE, para conciliarla con sus ciudadanos, requiere añadir una Unión Social a la UEM. La UE se enfrenta, al respecto, a cuatro grandes desafíos: asegurar que los derechos laborales fundamentales no estén supeditados (como algunas recientes sentencias del Tribunal Europeo de Justicia lo han avalado) a los derechos comerciales y de establecimiento; luchar por un comercio internacional basado en la justicia social y no en el dumping laboral; construir el marco para un mercado europeo del trabajo y avanzar en una armonización fiscal europea.
Frente a la encrucijada que representan la globalización, los flujos migratorios, el modelo energético, el cambio climático y el aumento de la esperanza de vida, es imprescindible que la UE pase desde una estrategia de concurrencia a otra de cooperación, tanto en el ámbito internacional como en el europeo. La agenda de Lisboa ha estado fundada, en la práctica, sobre un programa desregulador de puesta en concurrencia de las economías y las legislaciones con el supuesto objeto de acrecentar la eficacia general del sistema económico. Pocos dudan, sin embargo, que serán las economías cooperativas y durables las que podrán afrontar los desafíos que plantea el cambio climático y sus implicaciones sociales.