Editorial: Balance de la Transición democrática española

No siempre es fácil hacer un balance riguroso de un proceso político complejo, como la transición democrática española. Pero en la medida que ya se dispone de suficiente perspectiva temporal, resulta factible realizar una lectura histórica de los logros, resultados y eventuales carencias de la transición democrática. Una valoración de este tipo se puede abordar tanto desde el punto de vista de los resultados obtenidos, como en atención a la pertinencia y la legitimidad del proceso político en que se sustanció.

Desde el punto de vista de los resultados, no puede negarse que la transición ha sido un éxito. Después de un ciclo de inestabilidades y de una dictadura prolongada que produjo efectos muy negativos, tanto políticos y culturales como de naturaleza económica y social, la sociedad española ha recuperado buena parte del tiempo perdido. Si comparamos la sociedad española de hoy con la de hace treinta o treinta y cinco años hay que reconocerse que los cambios han sido espectaculares. El viejo lamento unamuniano de "Europa acaba en los Pirineos" ha dejado de tener razón de ser. En pocos lustros, España ha salido de su aislamiento, se ha incorporado a Europa, ha cobrado protagonismo internacional, se ha modernizado y ha experimentado un notable desarrollo económico.

España es hoy una democracia plenamente homologable a los países de su entorno, con sus virtudes y sus eventuales carencias. Después de la aprobación de la Constitución de 1978, la sociedad española ha conocido uno de los períodos más dilatados de estabilidad y de institucionalización, que ha tenido efectos positivos en el plano económico y social. Durante estos años, se han dado mayorías electorales de distinto signo y se han formado gobiernos de diferente cariz: centristas, socialistas y conservadores, al tiempo que diversos partidos nacionalistas han detentado las máximas responsabilidades en diferentes Comunidades Autónomas. Es decir, nadie que haya tenido votos suficientes ha visto limitadas sus posibilidades de gobierno.

Especialmente destacable es que durante los 31 años del actual ciclo constitucional España ha tenido gobiernos del PSOE 18 años -de momento-, es decir durante el 58% del período, lo que ha permitido que también se haya avanzado en las políticas sociales propias del Estado de Bienestar, aunque con algunos retrasos respecto a otros países europeos.

Lógicamente, en este período también ha habido problemas y cosas que no han funcionado. Por ejemplo, tenemos carencias y retrasos en la educación e investigación, hemos sufrido un serio problema de terrorismo, el encaje de la Justicia -y el papel de los jueces- en la estructura de división de poderes de un Estado moderno aun no está bien equilibrada, existen déficits sociales y problemas de acceso a la vivienda y hay tensiones en las Comunidades Autónomas que derivan de la forma un tanto abierta en la que quedaron perfiladas en la Constitución de 1978. Algunos de estos problemas, como es evidente, no son privativos de España y otros obedecen a tensiones y exigencias, que parece que aun requieren más tiempo para ser encauzadas.

En su conjunto, si contemplamos la transición democrática y la dinámica de cambios sociales y económicos con perspectiva histórica, no puede negarse que el éxito ha sido notable, y que pocos podían anticiparlo de esta manera en los difíciles momentos de la década de los años setenta e incluso durante los primeros años ochenta, con el 23-F. Por lo tanto, hay que reconocer que nada ha sido fácil, ni nada estaba asegurado desde el principio y, por lo tanto, el papel de algunos líderes políticos e institucionales, el comportamiento responsable y positivo de los principales partidos políticos y sindicatos y el sentido común -y firmemente democrático- de la inmensa mayoría del pueblo español, explica que la transición desde una dictadura hacia una democracia plena se produjera en poco tiempo, sin grandes traumas y de una manera pacífica. Lo cual hace de la transición una especie de antítesis de la Guerra Civil. De la Guerra Civil salió una España rota, herida, aislada, cruelmente dominada por una dictadura y bastante atrasada, sin que hasta 1959 se volvieran a alcanzar los indicadores económicos de los años treinta. En cambio, de la transición salió una España dinámica, abierta, creativa y con voluntad de convivencia y espíritu de concordia.

A partir de este balance, algunos consideran que no tiene sentido cuestionar desde el presente la legitimidad y validez del proceso en que se sustanció la transición democrática como tal. Si ha tenido tal éxito, ¿por qué cuestionar el proceso?. Sin embargo, con la serenidad que proporciona el tiempo, no hay que negarse a debatir los argumentos de aquellos que piensan que las cosas deberían haberse realizado de otra manera, o que en su día no se dio la debida satisfacción a las víctimas de la dictadura. Cosa que ahora se intenta hacer a través de la Ley de la Memoria Histórica. Algo que era imposible en la década de los años setenta, como saben perfectamente los que tienen un mínimo de "memoria" con minúscula.

En cualquier caso, lo que parece impropio es sacar pecho en la primera década del siglo XXI e intentar hacer retro-evaluaciones estratégicas desde las condiciones del presente para un período en el que la correlación de fuerzas era totalmente diferente. Por ello, hay que entender que la transición democrática se hizo en su momento en la forma en que era posible y conveniente, con renuncias por parte de todos, pero con bastante claridad en los objetivos: lograr una amnistía política sin exclusiones, legalizar a todos los partidos políticos, garantizar la libertad sindical, restablecer los derechos y libertades y, finalmente, celebrar unas elecciones libres que conformaran un Parlamento representativo de todos los españoles que pudiera aprobar una Constitución ampliamente consensuada.