Bajo el imperio de la memoria

El problema que esta nueva manera de enfrentarse al pasado plantea en España consiste en que se trata no sólo de un pasado de dictadura, sino, antes de ella, de guerra civil vivida desde las primera semanas como guerra de exterminio, lo cual, por otra parte, es propio de todas las guerras civiles. Quienes afirman hoy que el sintagma «guerra civil» sólo fue aceptado mayoritariamente a mediados de los años sesenta o, lo que es aún más extravagante, en los años setenta y como ingrediente de un pacto de silencio destinado a ocultar su verdadera naturaleza, ignoran -o fingen ignorar- que «guerra civil» tuvo amplio curso desde los primeros días que siguieron al golpe de Estado de julio de 1936. A pesar de la representación de la guerra como guerra contra un enemigo extranjero, contra un invasor, que acabará siendo la dominante en ambos bandos, los combatientes sabían que a quienes mataban eran españoles, tanto como ellos, aunque para dar sentido a su acción los tildaran de traidores a la patria y vendidos al extranjero. Fue en efecto una guerra de exterminio y el genocidio, tipo delictivo que a nadie se le ocurrió entonces aplicar, podría predicarse con las mismas razones para las dos partes en guerra, por más que las matanzas perpetradas en cada zona tuvieran una dinámica, una racionalidad, una amplitud, una duración y unos agentes propios. Por eso, recuperar la memoria histórica, así dicho, en singular, evoca una utopía orwelliana: la memoria jamás podrá ser única, ni tendrá por qué existir un centro de elaboración, más que recuperación, de la memoria: ya lo hemos sufrido, de parte de los vencedores. Si nos obstinamos en llamar memoria a lo que es representación construida del pasado, entonces habrá muchas memorias que tendrán que coexistir y, si fuera posible, convivir, pero también polemizar, como varias y enfrentadas son, y no pueden dejar de ser, las representaciones de ese pasado de guerra.

El problema de la justicia hacia un pasado de guerra civil es que no se sabe donde trazar la raya porque es imposible trazarla: si se lleva ante el tribunal a los asesinos de Badajoz hay que llevar también a los asesinos de Barcelona; si se recuerda el asesinato de García Lorca hay que recordar el asesinato de Nin y si el primero se atribuye a los fascistas el segundo no se puede cargar sobre una abstracción vacía de sentido: la intolerancia. Nin no fue víctima de la intolerancia, como no lo fue Lorca: ambos fueron víctimas de sus verdugos y de quienes movieron la mano de sus verdugos. Y por mucho que los historiadores, sociólogos o antropólogos establezcan diferencias entre las distintas formas de violencia, es imposible calificar jurídicamente de distinta manera el mismo delito. Por eso, las guerras civiles sólo pueden terminar en una amnistía general, una conclusión a la que llegaron muy pronto quienes, entre los derrotados como entre los vencedores, pretendieron desde los años cuarenta encontrar, echando al olvido el pasado porque tenían de él una memoria muy viva, un camino hacia la democracia y se sentaron a negociar en torno a la misma mesa.