Lo que a los reformistas debe la democracia española

Al comentar las «Cenas de los Nueve», iniciadas en 1957 por un grupo de monárquicos de diversa procedencia, Cristina Palomares recoge en Sobrevivir después de Franco el testimonio de uno de los asistentes, Alfonso Osorio, según el cual «la causa común» de todos los reunidos, con la única excepción de Jesús Fueyo, era la evolución del régimen hacia un sistema democrático. Naturalmente, la autora de un libro en el que Manuel Fraga aparece calificado en múltiples ocasiones como progresista, muestra en esta ocasión su escepticismo: es difícil de creer -escribe- que un grupo conservador como aquel propugnase un sistema democrático a finales de los años cincuenta.

¿Difícil? Bueno, es una manera amable de decirlo, sobre todo si se tiene en cuenta que en aquellas cenas compartían mantel Federico Silva, Florentino Pérez Embid y Gonzalo Fernández de la Mora, tres personajes del régimen que nunca destacaron por su apego a la democracia. Pero que fuera Alfonso Osorio el origen de la confidencia muestra bien la propensión de la memoria a reinventar el pasado. De los participantes en esas cenas ninguno había dejado en 1957 el más mínimo resquicio para creer que su causa era la democracia. Más aún, todos pensaban que en España un sistema democrático al estilo occidental significaría un desvío suicida de su verdadera esencia. España estaba destinada a consolidar un sistema propio de gobierno que no tenía más relación con el sistema democrático que la representación orgánica: bastantes desgracias había ocasionado el liberalismo y la democracia a la nación española para intentarlo de nuevo.

¿Cuándo comenzaron a cambiar las cosas? ¿Cuándo puede hablarse de un reformismo que implicara, si no un cambio de régimen, al menos algunos cambios en el régimen que posibilitaran su apertura? La respuesta dependerá de las fuentes que se utilicen. Si se trata de memorias y recuerdos personales, lo más habitual es encontrar lo que nos cuenta Gabriel Elorriaga en El camino de la concordia cuando traza una línea recta entre los días de la rebelión universitaria de 1956 y la transición que se pondrá en marcha veinte años después. Conocido por formar parte de la primera lista de detenidos que la Dirección General de Seguridad tuvo la delicadeza de publicar anteponiendo el tratamiento de «don» a sus nombres y apellidos, Elorriaga recuerda que todo lo ocurrido entre 1956 y 1976 -nombramiento de Manuel Fraga como delegado nacional de la Familia, batalla entre el Movimiento Nacional y los tecnócratas del Opus Dei, interminable debate en torno a las asociaciones, creación de Reforma Democrática y su casi inmediata incorporación a Alianza Popular- fueron fases de un proceso que, como el río va a la mar, vino a desembocar en la Constitución de 1978.

Y es que el género memoria tiende a establecer, por la necesidad de reconstruir una continuidad psicológica que sirva como fundamento a la identidad personal, un hilo rojo entre lo que se fue ayer y lo que se es hoy, proyectando anacrónicamente lo que se ha llegado a ser en el presente sobre lo que se fue en el pasado. Si se lee lo que por entonces escribían, demócratas, dentro del régimen, no los había en 1956: los que se acercaban a la democracia, como Dionisio Ridruejo, sólo comenzaron a romper vínculos en torno a esa fecha y enseguida pasaron a la oposición. Ni siquiera Ruiz-Giménez, que perdió el ministerio por los mismos días en que Elorriaga conoció la cárcel, trabajaba entonces por la democracia. No hay más que ver la correspondencia que mantuvo con su amigo Alfredo Sánchez Bella -consultada por Pablo Hispán- para tomar la medida de los proyectos acariciados por el ya ex ministro cuando se acercó a José Solís con el propósito de hacer frente desde las instituciones del Movimiento al imparable avance de los tecnócratas.

No fiarse de la memoria y hurgar en la correspondencia: ésta es la principal aportación de Hispán Iglesias de Ussel al conocimiento de la política en el interior del régimen desde la llegada de distinguidos socios del Opus Dei al Gobierno en la crisis de 1957 hasta la formación del llamado Gobierno monocolor en la de 1969. Para saber qué fueron, qué defendieron, con quiénes y para qué se aliaron, las cartas constituyen una fuente incomparablemente superior a las memorias, tan edulcoradas por lo general, tan autocondescendientes. Y a la vista de lo investigado en los archivos personales de destacadas figuras políticas del régimen, depositados hoy en la Universidad de Navarra, Hispán tiene toda la razón cuando califica de luchas por el poder los diferentes proyectos de reforma que surgieron entre la clase política del franquismo a partir de la remodelación del Gobierno de 1962. Luchas por el poder cuyo objetivo no era en absoluto echar los fundamentos para una ordenada transición a la democracia, sino garantizar la continuidad del mismo régimen.

No es muy afortunada, sin embargo, su sugerencia de calificar de tradicionalistas los dos principales proyectos entonces enfrentados, el defendido por el grupo Fraga-Solís-Castiella para reforzar el Movimiento Nacional y el elaborado por Carrero Blanco-López Rodó para culminar la institucionalización del régimen con la Ley Orgánica del Estado. Pero definirlo con un nombre u otro, aunque no carezca en sí mismo de importancia, es un elemento algo marginal al extraordinario interés de la documentación manejada. Serían más o menos aperturistas, querrían llevar más o menos lejos las reformas, se agruparían en clubes o asociaciones, se mostrarían más o menos liberales en políticas económicas, cenarían con unos o con otros, pero el caso es que todos estaban convencidos de que el sistema, convenientemente reformado o abierto, estaba llamado a perdurar. Por eso, no tiene mucho fundamento afirmar que la reforma, «en los últimos tiempos del régimen» -como escribe Sánchez Terán en La Transición. Síntesis y claves- pretendía la evolución desde el mismo régimen para llegar a una «nueva y verdadera situación democrática».