A pesar de que las relaciones de causa-efecto en el cambio climático se han establecido con bastante imprecisión hasta el momento, se ha abierto un nuevo frente en la lucha contra dicho cambio que pudiera ser más eficaz con el tiempo -cuando se refinen los modelos- que la meramente política: la vía legal. ¿Son las empresas emisoras de gases con efecto invernadero retrospectivamente responsables de la ola de calor del verano de 2003, que según algunos llevó a la muerte a miles de personas? De momento no, porque no es evidente que exista dicha relación de causa-efecto. Sin embargo, ya es posible litigar respecto a daños futuros. Así, en 2004, ocho Estados y la ciudad de Nueva York han demandado judicialmente a cinco compañías eléctricas norteamericanas para que reduzcan sus emisiones de carbónico, y más recientemente, el grupo ambientalista Friends of the Earth ha entablado una batalla legal con el gobierno de Estados Unidos respecto a las subvenciones para proyectos energéticos fuera del territorio. El Departamento de Justicia ha reclutado como experto de la defensa a David Legates, director del Centro de Investigación Climática de la Universidad de Delaware, quien en un detallado informe ha argumentado que está por ver si el calentamiento climático tiene origen antropogénico. Por parte de los demandantes, Michael MacCracken, antiguo jefe de la Oficina del Programa de Investigación sobre Cambio Global, ha defendido con no menos vigor las opiniones propugnadas por el IPCC. Es seguro que los futuros avances en el conocimiento del clima y en la legislación ambiental tenderán a exacerbar este tipo de confrontaciones legales.
En España hemos de cumplir con lo estipulado en el Protocolo de Kioto, puesto que es más reprobable un país que firma pero no cumple que uno que no firma pero cumple en parte. Las virtudes de dicha decisión deberían ser explicadas sin demagogia, no omitiendo la modestia de los resultados esperables y las considerables consecuencias económicas de dicha decisión.