Roberto L. Blanco Valdés, Nacionalidades históricas y regiones sin historia

Curiosamente, el último libro de Roberto Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela, está hoy más de actualidad que en el momento de su publicación, a comienzos del verano de 2005. El motivo es que todos los problemas que en él se analizan permiten explicar las razones profundas del debate ocasionado a raíz del polémico proyecto del nuevo Estatuto de Cataluña. En el mismo planteamiento del libro, en la primera página de la presentación, el profesor Blanco expone ya esta aparente paradoja que será recurrente a lo largo de la obra: «Cuanto más se ha descentralizado nuestro Estado, más insatisfechos -y más intransigentes- se han mostrado aquellos que han terminado por ser los beneficiarios principales de esta descentralización: los nacionalismos periféricos».

El libro de Blanco intenta responder, ante todo, a dos grandes cuestiones: primera, ¿cuál es la razón por la cual se han impulsado las reformas territoriales?; segunda, ¿cuáles son las auténticas reformas que necesita el actual modelo de Estado de las autonomías? La respuesta a estas preguntas puede argumentarse desde dos modelos teóricos de organización territorial: el asimétrico y el simétrico o, según una terminología más clásica, el confederal y el federal. La perspectiva asimétrica o confederal considera que España está formada por un conjunto de naciones diferenciadas, cada una de ellas homogéneas desde el punto de vista histórico y cultural, y que deben estar unidas a través de un Estado plurinacional. Esta perspectiva es la propia de los partidos nacionalistas periféricos.

Por su parte, el modelo simétrico o federal considera que España está formada por un conjunto de ciudadanos iguales en derechos, provenientes de tradiciones históricas y culturales diversas, que debe organizarse territorialmente mediante dos niveles de instituciones políticas, la estatal y la autonómica, al modo de otros Estados compuestos de nuestro entorno cultural, como es el caso de Alemania, Estados Unidos, Austria o Suiza. Esta perspectiva es la propia de los partidos de ámbito estatal. La contraposición entre estos dos modelos, que no tienen posibilidad alguna de punto de encuentro, es el hilo conductor de todo el libro.

Ciertamente, el modelo constitucional inicial era muy indefinido. La letra estricta de la Constitución podría haber admitido, sostiene Blanco, un Estado de las autonomías asimétrico, con dos tipos de comunidades muy diferenciadas. Por un lado, al País Vasco y a Cataluña (quizás también a Galicia) se les dotaría de autonomía política; al resto, se les concedería una mera descentralización administrativa. A este modelo, Blanco lo considera producto de una «interpretación nacionalista de la Constitución».

Sin embargo, a partir del referéndum andaluz de 1980 y de los acuerdos autonómicos entre UCD y el PSOE de 1981, el Estado autonómico se desarrolla en una dirección claramente simétrica o federal, que se consolida definitivamente a partir de los acuerdos entre PSOE y PP de 1992. El indeterminado modelo inicial se ha transformado así en un modelo simétrico, a excepción de los «hechos diferenciales» que constan en la Constitución. Por tanto, tomar ahora un rumbo distinto, ir hacia un sistema asimétrico, sería optar por un cambio de modelo, haciendo tabla rasa de toda la experiencia acumulada, corriendo así riesgos innecesarios y evidentes dificultades de adaptación.

Ahora bien, desde la perspectiva nacionalista, estos riesgos y dificultades no son tales sino que, por el contrario, son la solución al «problema». Blanco adopta el conocido punto de vista de Gellner: las naciones no son realidades naturales, sino una creación de los nacionalistas. Y, desde este punto de vista, sostiene que son los nacionalistas quienes, a la vez, plantean el «problema» y ofrecen una única solución aceptable. El problema es que existe un conflicto entre España y las comunidades -las naciones- en que gobiernan los partidos nacionalistas. La solución final es que se constituyan en Estados separados y soberanos. Entretanto, hasta que no se resuelva este «problema» de forma definitiva, los nacionalistas apuestan por controlar el poder en sus comunidades respectivas con una finalidad principal: acentuar el conflicto.

Partiendo de esta base, Blanco analiza a lo largo del libro la disfunción que los nacionalismos representan para un modelo federal de Estado de las Autonomías y las pulsiones disgregadoras que generan. Especialmente, considera inútiles los esfuerzos por integrarlos, ya que los nacionalismos periféricos «viven de que el problema [es decir, el conflicto que ellos han creado] permanezca». La integración de los nacionalismos es, pues, un falso problema porque, dada su naturaleza, si ello sucediera, los partidos nacionalistas perderían su razón de ser. Por tanto, en su respuesta a la primera cuestión planteada, Blanco considera que las reformas territoriales son impulsadas por necesidades internas de los partidos nacionalistas.

Frente a estas exigencias, ¿cuál debe ser la estrategia de los partidos estatales? Según Roberto Blanco, la solución consiste en restablecer «el prestigio del proyecto estatal y la aceptación de la comunidad cultural-histórica española». Para el autor, ello significa tres cosas: en primer lugar, reconocer las ventajas convivenciales del actual Estado frente a las desventajas de Estados formados a partir de las supuestas «naciones» que lo componen. En efecto, las supuestas naciones (inexistentes como sociedades culturales homogéneas) serían un nido de problemas convivenciales frente al actual Estado de Derecho, que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos y en el que puede vivirse en libertad.

En segundo lugar, restablecer el prestigio del proyecto estatal requiere disputar la hegemonía ideológica y cultural que en determinados territorios tiene el discurso nacionalista. Para ello, Blanco insta a desnudar a los nacionalismos de sus coartadas ideológicas y considerarlos como simple consecuencia de las ansias de poder de las oligarquías locales, en el caso español de las nuevas clases políticas y burocráticas que han ido consolidándose en las comunidades autónomas a medida que éstas han ido ampliando sus esferas de poder. Por último, prestigiar el proyecto estatal significa también potenciar la autonomía como un componente estructural de la unidad estatal.

En definitiva, las reformas estatutarias vasca y catalana no han partido de auténticas necesidades funcionales del Estado de las autonomías, ni siquiera de auténticas necesidades de los ciudadanos de estas comunidades autónomas, sino que derivan únicamente de las opciones ideológicas de los partidos nacionalistas que allí gobiernan. Se trata de seguir ahondando las diferencias con las demás comunidades autónomas para justificar su posición de singularidad nacional, auténtico eje de su identidad política, imprescindible para su subsistencia.

A esas necesidades de los partidos nacionalistas, Blanco contrapone las necesidades funcionales del Estado de las autonomías, es decir, las necesidades fundadas en el interés general, en el interés de los ciudadanos. Para argumentarlo parte de un balance contradictorio sobre la situación actual de las comunidades autónomas tras veinticinco años de funcionamiento. El Estado de las autonomías, sostiene Blanco, ha sido un éxito en las comunidades autónomas donde no hay (o no son dominantes) partidos nacionalistas y, en cambio, allí donde existen y son dominantes ha generado frustración en una buena parte de su población.