Porque de eso se trataba. Esos t reme ndos esfuerzos nos permiten mostrar una economía que ha crecido mucho. Y que a la vez ha redistribuido bastante. Veamos unas cuantas cifras: entre 1990 y el 2005 el ingreso per cápita de América Latina creció 1,1%. Entre 1990 y el 2005, el ingreso per cápita de Chile creció 4,4%.
A la vez, en el mismo período, constatamos que la pobreza, que alcanzaba al 38,6% de la población en 1990, bajó a 20,2% el año 2000 y a 13,7% el año 2006. Es decir, que logramos reducir la pobreza a casi un tercio de lo que era.
Crecer a un ritmo que cuadriplica el de nuestra región, mientras reducíamos la pobreza a un tercio, se dice fácil. Pero ha requerido encontrar soluciones originales para combinar crecimiento con equidad.
Aunque todavía tenemos altos niveles de injusticia en la distribución de la renta, esa reducción espectacular de la pobreza ha sido posible gracias a una política social fuerte, decidida y clara. Y lo que es más importante, quizás, gracias al consenso logrado por una mayoría conteste en los cambios que había que introducir, para hacer esas políticas sociales.
Política con mayúsculas
Hacer una política con mayúsculas implica creatividad. Las fuerzas del mercado son indispensables, sí. Pero también las políticas sociales son esenciales para configurar una sociedad donde todos se sientan partícipes del progreso y del avance. ¿Cómo los combinamos? Porque cuando no hay esa combinación justa, tenemos una sociedad mal cohesionada, crispada por sus inequidades. Y, por lo tanto, cualquier esfuerzo está amenazado por la conflictividad social.
En el fondo, si en Chile fuimos un alumno aventajado del Consenso de Washington es porque también fuimos un estudiante desordenado, independiente e innovador. Porque también hicimos lo que no estaba en aquel consenso, que son esas políticas. Y ello implicaba una reivindicación del rol del ciudadano por sobre aquel del mero consumidor.
Así por ejemplo, hicimos políticas focalizadas en la mujer y en la pobreza. Porque entre las seiscientas mil mujeres jefas de hogar en Chile, un 95% estaba bajo la línea de la pobreza en 1990. Es decir, jefa de hogar y vivir en la pobreza van juntos. Por lo cual decidimos focalizar en ellas las políticas de vivienda, de salud, de educación.
En política de vivienda hemos logrado construir de cien mil a ciento veinte mil unidades anuales durante estos diecisiete años. Pero tan difícil como construir ha sido asignar. Definir quién tiene prioridad para la vivienda social. Y hacerlo con un sistema transparente, bajo mucha, y comprensible, presión de la gente sin casa. Lo más difícil en la administración del presidente Aylwin, a comienzos de los noventa, fue la organización de aquellos que querían hacer tomas de terrenos y viviendas. La premisa fue "organícese y espere, ya le va a llegar". Y nos creyeron y esperaron, porque fuimos cumpliendo.
En política de educación no basta con exhibir cifras aparentemente halagüeñas. No basta decir que Chile tiene un 100% de cobertura en educación básica, 95% en educación media y que el problema mayor en la media es la deserción escolar y no la carencia de aulas. Porque la educación se juzga por la calidad. Y para lograrla hay que considerar la condición de partida del alumno, la situación socioeconómica de los padres y, por tanto, el nivel con el cual los niños llegan al aula. Lograr igualdad de oportunidades en materia de educación, entonces, implica discriminar en favor de aquellos que parten con menos. Y eso nos exigió imaginar una aproximación distinta al desafío. En la reforma educacional que hemos hecho, el sistema de medición de las distintas calidades pasó a ser determinante. Ello nos llevó a una política educacional de discriminación positiva, buscando lo que estamos alcanzando ahora: una subvención por alumno distinta, dependiendo de su condición socioeconómica.
A esa necesidad de innovar, de inventar sobre la marcha, me refiero cuando digo que en Chile hemos ido ejercitando nuestra creatividad intelectual para desarrollarnos. Ojalá hubiéramos tenido más recetas, pero no hemos encontrado muchas. Y lo que es más serio: las recetas que eran exitosas para bajar la pobreza de casi el 40% que teníamos, al 13,7% de ahora, no son las mismas herramientas que necesitamos hoy, si queremos bajar de 13,7% a 8% mañana.
Porque allí topamos con una pobreza más dura. A menudo creemos que los instrumentos sociales creados por el Estado son conocidos por todos. Pero la verdad es que, en esa pobreza dura, el primer problema es que los instrumentos del Estado son desconocidos por todos.
Para enfrentar ese problema iniciamos el programa Chile Solidario. Algo que no encontramos recetado en ningún libro. Llegamos a golpear la puerta de cada indigente y le dijimos: "Señor, estos son los derechos que el Estado le reconoce y que usted desconoce". Pero esto no se hizo sin debate. Algunos me decían: "¿Por qué mejor no repartimos dinero directamente? Les mandamos cada mes un cheque por tal cantidad y se acabaron los indigentes". Al final, optamos por ese programa más difícil y personalizado. Lo anunciamos el 2002 y el 2006, al finalizar mi gobierno, se habían golpeado 225.000 puertas de familias indigentes. Para esas personas, tan importante como los beneficios sociales que pudieron alcanzar, fue la sensación de que, por primera vez, eran tratados en su dignidad de ciudadanos, de que eran "alguien".
El efecto de aquello sólo se aprecia bien mirando a la gente. A esa señora que se puso de pie y me dijo: "Señor, es que yo tenía vergüenza de decir que soy pobre, porque pensaba que es culpa mía, que soy pobre porque no hice las cosas bien". El programa Chile Solidario empezó con una gran cantidad de estas personas que se decidieron a decir que eran pobres y que querían mejorar. Por ejemplo, me tocó entregar un certificado escolar a una mujer que tenía 84 años y quería, simplemente por su dignidad, saber leer y escribir.
Gracias a políticas como éstas, la indigencia que entre 1996 y 2000 se mantuvo en 5,7-5,6% de los chilenos, bajó a 3,2% en el año 2006.
No hay un recetario de políticas sociales. Hay que reflexionar innovadoramente para crearlas. Y hacerlo constantemente. Porque a medida que un país avanza y progresa, la sociedad se considera con mayores derechos y requiere nuevos bienes y servicios. Estos los puede brindar el sector privado o público, pero lo importante es que esos bienes y servicios lleguen a todos. Un sistema democrático debe ser capaz de redefinir los bienes y servicios públicos que sus habitantes exigen, a medida que se progresa.
Una nueva generación de desafíos
Esa redefinición constante de nuestras prioridades nos enfrenta ahora a una nueva generación de desafíos para los cuales requeriremos acrecentar todavía más nuestro pensamiento innovador, pues varios de ellos conciernen a la contemporánea sociedad de la información , en la cual queremos insertarnos plenamente.
Hoy en Chile, siete de cada diez jóvenes universitarios son la primera generación en su familia que accede a la universidad. Esto es una t reme nda oportunidad. Y a su vez genera enormes demandas para aprovecharla bien.