López Obrador, el mesías tropical

López Obrador decía admirar a Juárez por haber integrado su gabinete con los mejores mexicanos, pero de su propio gabinete no podía predicar lo mismo. Un video que se trasmitió en 2004 por la televisión abierta mostraba a su secretario de Finanzas del gobierno del DF apostando cuantiosas sumas en una habitación reservada a clientes VIP en Las Vegas. A los pocos días, un nuevo video mostraba a su principal operador político tomando fajos de dinero de manos de un empresario consentido por los anteriores gobiernos del PRD. Aunque ambos funcionarios fueron separados de sus cargos y sometidos a juicio, la estrategia política de López Obrador no consistió en honrar su lema de gobierno ("la honestidad valiente") sino en relativizar los hechos, desmarcarse de toda responsabilidad, y por primera vez declararse víctima de un "complot" orquestado por "las fuerzas oscuras", por "los de arriba".

La generación de Juárez produjo en 1857 una admirable constitución de corte liberal clásico que limitó el poder presidencial, instituyó la división de poderes y consignó las más amplias libertades y garantías individuales. Aquellos legisladores y juristas creyeron en el imperio de la ley y lo respetaron escrupulosamente. El presidente Juárez tenía adversarios de peso en la Suprema Corte y el Congreso, pero jamás utilizó contra ellos las más mínimas triquiñuelas, ni afectó o anuló su esfera autónoma. En cambio López Obrador, aunque rindiera homenaje retórico a Juárez, mostró muy pronto que no comulgaba con los preceptos esenciales de la democracia liberal.

Al despuntar su sexenio, había ocurrido un linchamiento en el pueblo indígena de Magdalena Petlacalco. López Obrador dio a entender que había normas tradicionales más altas que la ley: "el caso hay que verlo en lo que es la historia de México, es un asunto que viene de lejos, es la cultura, son las creencias, es la manera comunitaria en que actúan los pueblos originarios... No nos metamos con las creencias de la gente." En un problema similar (una sublevación indígena en Chiapas en 1869), Juárez no dudó en enviar a la fuerza pública y aplicar la ley.

En octubre de 2003, una sentencia judicial dictada por un tribunal de circuito obligaba al gobierno del Distrito Federal a pagar una suma (en verdad absurda) por la expropiación de unos terrenos. López Obrador declaró, con tonos extrañamente evangélicos: "Ley que no es justa no sirve. La ley es para el hombre, no el hombre para la ley. Una ley que no imparte justicia no tiene sentido", y agregó:

La Corte no puede estar por encima de la soberanía del pueblo. La jurisprudencia tiene que ver, precisamente, con el sentimiento popular. O sea que si una ley no recoge el sentir de la gente, no puede tener una función eficaz [...] La Corte no es una junta de notables ni un poder casi divino.

Si la ley era injusta, había caminos institucionales para cambiarla. Si el juez, como era el caso, había dado una sentencia excesiva, existían instancias jurídicas para combatirla. Los abogados del gobierno del Distrito Federal (los había, excelentes) hicieron uso de esas instancias y, al cabo del tiempo, lograron reducir sustancialmente la cantidad que se reclamaba. Pero el tema no era legal sino político. Al litigar el asunto en los medios y negar la autoridad de la Suprema Corte de Justicia, el "Peje" había dado una primera muestra de su idea de la justicia, y su imagen condicionada de la división de poderes. Un paisano suyo explicó el fundamento de su actitud: "tiene un concepto marxista del derecho, para él es un arma de la burguesía para dominar al proletariado."

En mayo de 2004, otro proceso judicial comenzaría a ocupar las planas de los diarios y el espacio de los noticieros. El gobierno del DF se había negado a respetar una orden de suspensión dictada por un juez dentro de un juicio de amparo. El juez turnó el asunto a la Procuraduría para su consignación. Ante la posibilidad real de verse privado del fuero por la Cámara de diputados y ser sometido a juicio (proyecto que tanto el pan como el pri alentaban con la peregrina idea de inhabilitarlo como candidato a la Presidencia), López Obrador pasó de nuevo a la ofensiva, dobló las apuestas, declaró que no emplearía abogados ni se defendería y que -como admirador de Gandhi y Mandela- prefería ir a la cárcel en vez de acatar una orden que consideraba injusta. La responsabilidad directa recaía sobre un subordinado que había firmado la documentación, pero López Obrador se negó a involucrarlo y así liberarse legítimamente del problema. En términos legales, el caso era discutible. Para los defensores de López Obrador era inexistente o nimio; para sus críticos tenía un valor de principio, no debía permitirse el desacato a una sentencia judicial. López Obrador declaró que el poder judicial actuaba en connivencia con las "fuerzas oscuras" y dijo que lo reformaría al llegar a la Presidencia. Su "ruda franqueza" tabasqueña necesitaba de enemigos, y los encontró en la Suprema Corte.

Años atrás, al tomar posesión, el "Peje" había delineado su concepto de la verdadera democracia, no la democracia liberal sino la "democracia popular": "El gobierno es el pueblo organizado o, para decirlo de otra manera, el mejor gobierno es cuando el pueblo se organiza. La democracia es cuando el pueblo se organiza y se gobierna a sí mismo." Pero esa democracia requería la presencia cotidiana de un líder social que midiera "el pulso a la gente", que "metiéndose abajo" escuchara y canalizara -sin intermediaciones burocráticas o institucionales- las demandas de "la gente". Ésa era, a su juicio, la función del jefe de gobierno. ¿A qué tradición correspondían estas ideas? "La nación -había escrito hacia 1837 el pensador conservador Lucas Alamán al carismático dictador Antonio López de Santa Anna- le ha confiado a usted un poder tal como el que se constituyó en la primera formación de las sociedades, superior al que pueden dar las formas de elección después de convenidas, porque procede de la manifestación directa de la voluntad popular, que es el origen presunto de toda autoridad pública." Precisamente contra esa concepción "directa" del poder -de raíz medieval y monárquica-, la generación de Juárez concibió una constitución liberal en la que la "voluntad popular" se expresaba en votos individuales y el poder presidencial permanecía acotado por los otros poderes.

Curiosamente, a fines de 2004 López Obrador se hizo fotografiar con un ejemplar de la biografía de santo Tomás de Aquino, en cuya Summa teologica la división de poderes no es siquiera imaginable. En esa visión orgánica del poder público (muy arraigada en la cultura política de los países hispánicos), la soberanía popular emana de Dios hacia el pueblo, y quien debe interpretarla correctamente es la autoridad elegida por Dios. (Por eso "no había que meterse con las creencias de la gente"). ¿Y quién interpreta el divino poder de la "soberanía popular"? El líder social que se autodesignaba "el rayo de esperanza": López Obrador.

En ningún momento quedó más clara esta inspiración divina que sentía encarnar el jefe de gobierno como en la fervorosa concentración del Zócalo, el día del desafuero. Ni en los tiempos dorados del PRI se había visto algo similar, porque en el viejo sistema político mexicano la gente acudía al Zócalo para apoyar al detentador temporal de la investidura presidencial. Ahora no, ahora acudía a mostrar su apego solidario al "hombre providencial". Un grupo de ancianas portaban un letrero que decía "que Dios te cuide, rayito de esperanza".