No sólo las personas infectadas por el VIH son objeto de estigma social. Los pobres en general a menudo son tratados como si no fueran humanos. Esto es frecuente, por ejemplo, entre las mujeres de algunas sociedades, las castas bajas en el sur de Asia, y los grupos minoritarios marginados en algunos países. Esta falta de reconocimiento como seres humanos está en la raíz de muchas violaciones contra los derechos universales, incluyendo el tráfico de personas, las prácticas laborales explotadoras y muchas formas de discriminación, así que puede decirse que ese reconocimiento es, en cierto sentido, el eje que conecta la pobreza con los derechos humanos.
La interacción entre los propietarios de las castas altas y los arrendatarios de las castas bajas en algunas zonas de la India ofrece un claro ejemplo. En algunos casos, aquellos tratan a éstos como individuos de menor valor intrínseco, lo que les permite entablar relaciones económicas de explotación, que impiden a los arrendatarios salir de la pobreza. La misma falta de reconocimiento de la condición humana de los arrendatarios es la que propicia abusos sociales, como la humillación pública o las agresiones sexuales. La pobreza, la baja condición social y la dependencia económica que tienen de los propietarios impiden a los arrendatarios evitar o responder ante estos abusos. La desigualdad práctica ante la ley se suma a estos abusos, ya que los propietarios tienen el control de los sistemas políticos y jurídicos locales, lo cual limita la capacidad de las víctimas de recurrir a la ley y contribuye a perpetuar la explotación, volviéndola sistémica. Si bien en algunas partes del país se ha logrado reducir esta desigualdad, en muchos casos persisten los abusos.
Como demuestra este ejemplo, los esfuerzos por reducir la pobreza serán insuficientes si no se tratan a la vez las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y su dinámica. En el caso descrito del reconocimiento de la condición humana, esto significa: garantizar que los programas para combatir la pobreza se ejecuten en forma tal que contribuyan a la emancipación y a mejorar la condición de los sectores marginados, y complementar las medidas de lucha contra la pobreza con medidas para el reconocimiento y el respeto entre grupos a menudo deshumanizados y tratados con crueldad. Estas medidas pueden incorporarse en la escuela, en los servicios de salud, en ceremonias religiosas, en actividades de microfinanciación y en grupos de mujeres, así como en los medios de comunicación y en otros instrumentos de cultura popular.
El ejemplo más conocido son las Misioneras de la Caridad, obra fundada por la Madre Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz. Las hermanas atienden a los moribundos y dan comida y techo a los indigentes, con el sencillo reconocimiento de la dignidad y el valor de todos como seres humanos, independientemente de su condición física, la etnia a la que pertenezcan o su circunstancia. Para las Misioneras de la Caridad, este reconocimiento hunde sus raíces en la creencia religiosa, pero ésta no tiene por qué ser el único motor: las filosofías humanistas e igualitaristas pueden apoyar la dignidad humana con la misma solidez.
Los derechos más generales, como la libertad de prensa, también contribuyen a reducir el sufrimiento asociado con la pobreza. Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, sostiene que el motivo por el cual no hay hambrunas en las democracias que funcionan bien es el poder de la prensa libre. Esto podría no ser una ley férrea de la economía (Malawi tiene una democracia que por lo menos funciona parcialmente desde 993, a pesar de la recurrencia de las hambrunas en ese país), pero la prensa libre puede representar una diferencia importante al llamar la atención sobre una crisis desde su inicio, y servir como incentivo a los políticos para responder ante la situación, además de movilizar a la sociedad y a la comunidad internacional para afrontarla, antes de que se convierta en una hambruna.
En casi todo el mundo, los indígenas y las minorías soportan la mayor parte de las violaciones contra los derechos humanos. La falta de cumplimiento de los derechos jurídicos y la explotación de los indígenas de Estados Unidos y de los negros en el Hemisferio Occidental, así como de personas que pertenecen a tribus, y de las castas bajas en el sur de Asia, y de las minorías étnicas y lingüísticas en los países africanos, representan problemas crónicos.
No es sorprendente que la pobreza sea mayor entre estos grupos. Ni Estados Unidos ni México están exentos de este problema. A raíz del huracán Katrina se advirtieron las dificultades estructurales que los negros pobres tenían a la hora de acceder a unos servicios públicos que deberían estar a disposición de todos los ciudadanos. En México hay informes de graves violaciones de los derechos humanos, particularmente en Chiapas. La política de la pobreza debe incorporar las necesidades de derechos humanos y jurídicos, en especial cuando se dan al mismo tiempo, juntos, la existencia de grupos étnicos minoritarios y la pobreza.
Un buen ejemplo de esta labor es la organización guatemalteca Adivima, que trabaja en asociación con Rights Actions, un grupo de Estados Unidos dedicado a promover los derechos humanos. Adivima defiende los derechos humanos y, a la vez, realiza proyectos para ayudar a la población indígena a realizar actividades que les permitan obtener ingresos. La labor de estos grupos en pro de los indígenas achí de Guatemala fue crucial en la decisión sin precedentes del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, que exigió al gobierno de Guatemala compensar económicamente a los sobrevivientes de la masacre de Río Negro. En México, el Centro de los Derechos Humanos en Chiapas ha sido elogiado por los observadores, por la protección que brinda en materia de derechos humanos y por la ejecución de los derechos jurídicos de los indígenas pobres.
Aunque puede contribuir a mejorar mucho las condiciones de vida y a reducir la pobreza, obtener mayores ingresos no puede garantizar la salida sostenible de la pobreza si los pobres no están en condiciones de recibir instrucción y atención sanitaria, si no pueden demandar los servicios básicos del gobierno a los que tienen derecho por ley, si sólo pueden obtener Ingresos de forma humillante. En pocas palabras: si sus derechos humanos y jurídicos fundamentales no se garantizan, se ejercen y se protegen. Afortunadamente, como indican algunos de los ejemplos expuestos, en muchas partes del mundo se están tomando nuevas medidas para fortalecer los derechos humanos de los sectores pobres. Hay que acelerarlas e incrementarlas para avanzar significativamente en la lucha por erradicar la pobreza en el mundo.
Traducción de Rosamaría Núñez