Derechos humanos y pobreza. Cómo salir de la pobreza.

La seguridad de tener una tierra permitiría a los trabajadores agrícolas o a los "paracaidistas" urbanos, resolver a la vez su pobreza y su falta de derechos jurídicos. Observadores Independientes han elogiado el Instituto Libertad y Democracia, dirigido por Hernando de Soto en Perú, por el apoyo que proporciona a familias pobres para que adquieran tierras y regularicen los títulos de los predios ocupados por "paracaidistas". Estas medidas pueden crear beneficios que trascienden la obtención de mejores ingresos. Cuando los agricultores pueden ejercer el derecho a tener tierras, tienen más incentivos para tratarlas como recurso a largo plazo, reducir la degradación ambiental e incrementar la productividad. Al dar títulos de propiedad a los "paracaidistas", éstos pueden salir de los barrios bajos donde viven a buscar empleo sin temor a perder sus viviendas. Además, la propiedad permite a las personas pobres utilizar la tierra como garantía para obtener créditos con que iniciar actividades empresariales.

Aun cuando hay propiedad de las tierras, la aplicación arbitraria de la ley, aunada a la corrupción, puede gravar a los pobres impidiéndoles el acceso a los servicios públicos elementales. Por ejemplo, muchos no tienen documentos de identificación necesarios para disfrutar de los beneficios a los que tendrían derecho, y en muchos casos obtener esos documentos exige un esfuerzo agotador, mucho tiempo o el pago de sobornos. Estas situaciones violan los derechos establecidos en la Declaración de las Naciones Unidas respecto a la igualdad de acceso a los servicios públicos y a la igualdad de trato ante la ley, sin discriminación de ningún tipo.

En muchos países existen leyes a través de las cuales se proporcionan a los pobres considerables beneficios públicos, pero en la práctica el acceso a éstos se niega a través de estratos de corrupción y burocracia que las personas pobres no saben atravesar, ni tienen tiempo, recursos o redes sociales para hacerlo.

Como concluye el estudio Voices of the Poor , "con demasiada frecuencia, los pobres informan de que la ley y su cumplimiento no les permiten vivir mejor, sino que representan un obstáculo. Declaran que es un problema librarse de las autoridades públicas y de los criminales bien organizados, que los doblegan, los intimidan y les exigen el pago de sobornos". Se requieren dos campos de acción: una reglamentación más fuerte y la administración efectiva de los servicios públicos, así como el fortalecimiento de las comunidades pobres para que exijan el acceso a éstos y pidan cuentas a los funcionarios cuando no se proporcionen adecuadamente.

Un ejemplo de desempeño acertado en ambos frentes es la Iniciativa Bamako. Aplicada en los últimos veinte años en Benín, Guinea y Malí, países del África occidental, con apoyo de unicef , la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial, la Iniciativa Bamako descentralizó la financiación de los servicios de salud para las comunidades rurales, a la vez que mejoró el control de calidad y la reglamentación de los servicios. Esta iniciativa promueve elementos como la creación de fondos rotatorios comunes para la compra de medicamentos, y servicios de evaluación a cargo de la comunidad, con una supervisión más rigurosa y tratamiento regulado. En 2004, la iniciativa se llevó a cabo en ,326 comunidades, con resultados positivos en el ámbito sanitario, como la reducción de la mortandad infantil o los índices de vacunación.

El fortalecimiento de la comunidad también puede contribuir a aumentar la demanda de servicios, como ocurre con los grupos de mujeres y los consejos en aldeas de la India. Estos grupos supervisan las visitas y el desempeño de los funcionaros gubernamentales que suministran vacunas y exámenes prenatales, y les exigen mejorar el servicio cuando es necesario. Con el apoyo inicial de ciertas ONG , como CARE, estos grupos locales ayudan a que los principales proveedores de ayuda rindan cuentas a la población a cuyo servicio están.

Sin embargo, este tipo de actuaciones comunitarias puede no ser suficiente para afrontar crisis devastadoras, como la derivada del virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Los estragos del sida en la salud, los medios de subsistencia y las estructuras sociales en muchos países del África subsahariana, agudizan también la vulnerabilidad de los derechos humanos. Los enfermos de sida a menudo están estigmatizados, se les niegan las necesidades básicas y el apoyo de la familia, de los miembros de la comunidad, de los empleados públicos o de las instituciones locales. Si bien las comunidades, los gobiernos y las intervenciones Internacionales han ampliado considerablemente la atención médica a grupos de la población que antes no la recibían, muchas personas infectadas por el VIH siguen sin disponer de tratamientos que les salven la vida.

Aún peor, el VIH/SIDA ha producido más de doce millones de huérfanos sólo en África: prácticamente una generación. Tradicionalmente, la familia extensa cuida a los niños que han perdido a sus padres, pero el enorme alcance de la crisis del VIH/SIDA está llevando esta tradición al límite. Los analistas políticos indican que las condiciones son ahora propicias no sólo para abusar de los niños y explotarlos, sino también para reclutarlos en los ejércitos guerrilleros, como sucede en las zonas proclives a los conflictos. Además de constituir violaciones moralmente repugnantes contra los derechos humanos, esto también puede producir desestabilización y desviar recursos, con consecuencias sociales y económicas desoladoras para el desarrollo.

A largo plazo, las medidas más atinadas para mejorar la salud y los medios de subsistencia de las personas afectadas por el VIH/SIDA pueden ser las que ayuden a garantizar los derechos humanos, como la protección contra enfermedades mortales y un "nivel de vida adecuado (...), la asistencia médica y los servicios sociales necesarios" (Naciones Unidas). La AIDS Service Organization (TASO), una ONG de Uganda, utiliza personal sanitario para atender a unas noventa mil personas contagiadas de VIH, mediante asesoramiento psicológico, atención médica básica, apoyo nutricional y generación de ingresos. El éxito del método de TASO depende en gran parte del énfasis que pone en dar atención completa mediante la afirmación y la garantía de los derechos humanos de los afectados por VIH/SIDA.

El Proyecto Sonagachi , en Calcuta, también incorpora la promoción de los derechos humanos en la ayuda a personas con VIH/SIDA, pero en un grupo de población distinto al que atiende TASO: Sonagachi es el prostíbulo más grande de Calcuta. El proyecto, llevado a cabo conjuntamente por el gobierno, varias ONG y grupos de la comunidad, incluye clínicas de salud para dar a las trabajadoras del sexo materiales de prevención contra el VIH, microcréditos y alfabetización, así como asesoría y apoyo jurídico. Cuando se inició, en 992, el 3% de las trabajadoras de Sonagachi utilizaba el preservativo; para 999, esta cifra había subido al 90%. En el mismo período, los índices de infección del VIH en Sonagachi se mantuvieron estables en el 5%, a pesar del enorme incremento que hubo entre las trabajadoras sexuales del resto de la India. Además de repercutir directamente en el VIH/SIDA, el proyecto incrementa el respeto por sí mismas entre las participantes, y su capacidad de prevenir y responder ante la violencia, la corrupción de la policía y otras violaciones de los derechos humanos.