Europa, las palabras y las cosas

Contemplado el proceso desde esta perspectiva, nada tiene de extraño que durante los últimos años se haya empezado a constatar lo que, desde Bruselas, se ha denominado la renacionalización de Europa. Una renacionalización a partir de la cual debe abordarse la ampliación de la Europa política hacia los países que, desde 1989, fueron progresivamente desenganchándose del experimento comunista y reclamando su lugar en el espacio geopolítico del que Yalta los había arrancado con violencia. Desde la perspectiva keynesiana que inspiró el proyecto de la Unión hasta el momento en que se impuso la revolución conservadora, resultaría un contrasentido el que, al mismo tiempo que crece el número de Estados miembros y, por tanto, el de ciudadanos dispuestos a ser europeos, se reduzca el presupuesto destinado a las instituciones comunes, así como su papel. De mantenerse la tendencia, y nada indica, sino todo lo contrario, que no vaya a mantenerse, ser europeo tendrá un significado muy distinto para quienes accedan hoy a la Unión y para quienes fueron accediendo en las sucesivas ampliaciones del pasado. Mientras que éstos veían en Europa un espacio para la profundización de los derechos sociales y políticos, un espacio en el que los niveles de vida eran mejores y se proyectaban favorablemente hacia el futuro, los europeos que acceden ahora a la Europa unida ven en ella un conjuro contra otro género de miedos, como el de quedar de nuevo a merced de la influencia rusa. Esta diferencia en la percepción de Europa se manifestó de manera transparente con ocasión de la reciente guerra de Irak, en la que la insensata aventura norteamericana recibió el apoyo mayoritario de los candidatos a la adhesión.

La voluntad de aprobar una Constitución sería otro de los aspectos afectados por la transformación de la ortodoxia en la que se inspiró Monnet para formular su proyecto europeo. A la espera de que se relance el debate sobre el texto, lo cierto es que el borrador manejado no difiere gran cosa de los tratados anteriores, con su lastre de precisiones farragosas, disposiciones procedimentales y repartos de poder en los que se traslucen, y quizá con mayor nitidez que en el pasado, los equilibrios nacionales que se desea preservar. Y por supuesto que no podría ser de otra manera, por supuesto que Europa no podrá olvidar con facilidad el hecho de que, durante siglos, han convivido en su espacio países grandes y pequeños, ricos y menos ricos. Pero el problema reside en que las Constituciones, según se entendía en la tradición liberal que inspiró la construcción europea, definen un vínculo directo entre las instituciones y los ciudadanos, no un vínculo entre las instituciones y una serie de entes intermedios, en este caso los Estados miembros.

Denominar Constitución a lo que, en realidad, sigue teniendo mucho de tratado puede tener al menos dos efectos no deseados. El primero, confirmar la renacionalización del proyecto europeo, como lo probaría el hecho de que el grueso del debate constitucional haya girado en torno al reparto de poder entre Estados. El segundo, quizá de mayor alcance ideológico que el anterior, ceder nuevos espacios a la conversión de los principios democráticos y liberales sobre los que se basaron la estabilidad y la prosperidad europeas del último medio siglo en principios en apariencia similares, pero en el fondo radicalmente distintos. Considerar como ejemplo de Constitución democrática un texto en el que se establecen diferencias en la capacidad de toma de decisión de los ciudadanos en virtud de su origen, de su pertenencia a un Estado miembro o a otro, supone olvidar que una solución de esa naturaleza será sin duda pragmática y realista, pero discriminatoria, más próxima a las «políticas de reconocimiento» que defiende el multiculturalismo de Charles Taylor que a la igualdad ante la ley del pensamiento democrático y liberal. En este sentido, ¿por qué llamar Constitución a un texto que sigue siendo un tratado, es decir, un compromiso suscrito por Estados para regir las relaciones entre ellos, y sólo en segundo término las relaciones entre los ciudadanos, que sería lo propio de una Constitución? ¿Qué se gana con este nuevo equívoco, que se suma al de llamar Parlamento a un organismo que no tiene la mayor parte de sus funciones, y Tribunal a lo que difícilmente puede considerarse un Tribunal, y Ejecutivo de Bruselas a lo que tiene muy poco de auténtico Ejecutivo?

La crisis que atraviesa el proyecto europeo no es como las crisis que atravesó en el pasado, y más valdría reconocerlo así en lugar de seguir aferrándonos a máximas indemostrables y de emprender una huida hacia delante que nos lleve a poner mayor énfasis en las palabras que en las realidades que tratan de describir.

La Europa de los veinticinco no será más estable por disponer de un texto al que se denomine Constitución, siendo dudoso que le convenga ese nombre, en lugar de un modelo de construcción que resuelva la paradoja en la que se debate la Unión desde el triunfo de la revolución conservadora.