Europa, las palabras y las cosas

L a constatación de los numerosos avances logrados en el proyecto de construcción europea desde los tiempos ya remotos del Tratado de Roma, cuando la idea de Jean Monnet y otros precursores empezó a tomar forma definitiva, ha tenido tal vez un efecto no previsto y del que hasta ahora no existe una clara conciencia: el efecto de trivializar las crisis, hasta el punto de encontrarles un sentido unívoco dentro del sistema. Tras la aprobación del tratado de Maastricht el establecimiento de la moneda única, la Europa unida parece enfrentarse a un vacío, a un vértigo, que pocos se atreven a confesar abiertamente. La ampliación hacia el Este y la necesidad de aprobar una Constitución han operado, así, como pantalla de una realidad no siempre grata, y es la de que la constante fijación de nuevos objetivos podría esconder una falta de definición política sobre los rasgos que deberá tener la Unión del futuro, además de una preocupante inestabilidad de los fundamentos sobre los que ha ido progresando hasta ahora. De ahí la trivialización, la desconcertante afirmación de que la construcción europea sólo ha avanzado empujada por las situaciones de crisis y de que, por tanto, también en esta ocasión las dificultades se acabarán resolviendo de la manera más conveniente.

Esta actitud de confianza parece no tener en cuenta que algunos de los cambios que ha experimentado la realidad internacional en las últimas dos décadas representan mucho más que un obstáculo para el proyecto europeo; representan, sobre todo, una puesta en cuestión del modelo de gestión política y económica sobre el que se apoyaba. Cuando se echa la vista atrás y se contemplan los sucesos de 1989, la espectacularidad del fracaso con el que se saldó uno de los más radicales experimentos sociales conocidos en la historia suele ocupar la totalidad del escenario, impidiendo contemplar otros procesos tanto o más decisivos para comprender el panorama europeo de hoy. El hundimiento de los sistemas comunistas representó, en este sentido, la prueba de que no todos los intentos de alcanzar la justicia son realizables y, al mismo tiempo, la evidencia de que los regímenes políticos no sólo deben ser juzgados por la bondad o la perversión de sus propósitos, sino también, y de manera preferente, por los métodos que emplean. Aun en el supuesto de que las previsiones de los teóricos comunistas se hubiesen cumplido, cosa que indudablemente no sucedió, siempre cabría preguntarse acerca de si resultaba moralmente aceptable el hecho de que el tributo a pagar por sus hipotéticos logros hubiera de sufragarse mediante el sufrimiento de individuos concretos, la supresión de sus derechos y libertades o, incluso, sus vidas.

Pero en 1989 no sólo tuvo lugar el hundimiento de los regímenes comunistas. Ésa fue también la fecha en la que se produjo una radical revisión de la historia de Europa, y más en concreto, de Europa durante la guerra fría. Ronald Reagan y, desde el Reino Unido, Margaret Thatcher, habían emprendido una revolución conservadora tendente a sustituir la ortodoxia keynesiana sobre la que se había apoyado la política económica de las principales potencias durante cerca de medio siglo. De acuerdo con la versión impuesta desde Washington y Londres, habría sido la corriente «neoliberal», la corriente sobre la que se apoyaba la revolución conservadora, la que había vencido al comunismo. Ello suponía ignorar la circunstancia de que el keynesianismo y las políticas de bienestar habían sobrellevado, prácticamente en solitario, el mayor peso en la confrontación ideológica entre el Este y el Oeste, haciendo frente durante décadas al prestigio de los sistemas comunistas entre amplios sectores de la población de la Europa occidental. Y suponía, además, un extra de legitimidad para la revolución conservadora, al envolverla en una aureola de eficacia que, en último extremo, reducía el keynesianismo a una especie de paréntesis superfluo, de capitalismo acomplejado, cuya falta de ambición había facilitado la supervivencia del sistema soviético.

Más allá de la proximidad o la distancia con lo que pasó en la Europa de la guerra fría, la versión de la historia impuesta por la revolución conservadora -una revolución que se producía al mismo tiempo que se hundían los regímenes comunistas- afectaba a la sustancia misma del proyecto europeo. La aproximación gradualista de Monnet no sólo fue formulada bajo el imperio de la ortodoxia keynesiana, sino que únicamente tenía

sentido dentro de ella. Lo que Monnet descubre no es otra cosa que la vinculación entre determinadas políticas públicas y la noción de ciudadanía: al garantizar una protección básica frente a los contratiempos más frecuentes -paro, enfermedad, insuficiencia de recursos para la educación, y otros- el Estado de bienestar propiciaba una relación de nuevo tipo entre los individuos y las instituciones. La lealtad de doble dirección acarreaba beneficios también en ambos sentidos: una mayor protección para los ciudadanos se convertía en una mayor estabilidad para el conjunto de la sociedad. El razonamiento que subyacía a la estrategia de Monnet era el de lograr que las instituciones fuesen europeas en lugar de nacionales, lo que acabaría generando una lealtad y unos beneficios entre los ciudadanos de múltiples países y los nuevos organismos que superaban las fronteras políticas en el interior del continente. Es decir, una nueva idea de Europa y de la ciudadanía europea.

La velocidad y el éxito del proyecto de la Unión, tanto cuantitativo -se pasó de una Comunidad de seis miembros a una de quince- como cualitativo -fue hasta entonces cuando se pusieron en pie la mayor parte de las políticas comunes todavía vigentes -, tuvo que ver, en gran medida, con el hecho de que existía una concordancia entre la concepción de la estrategia sugerida por Monnet y la pervivencia de la ortodoxia keynesiana. Pero al ser ésta abandonada bajo el empuje de la revolución conservadora, justo a principios de los años 90, la voluntad de construir una Europa unida se enfrentó a una paradoja aún no resuelta: los Estados miembros debían transferir competencias a unas instituciones comunes que, a diferencia de lo que sucedía en el ámbito nacional, no tenían ya que profundizar en los vínculos de doble dirección con los ciudadanos, sino que, por el contrario, estaban obligadas a adelgazar, a reducir su tamaño y ámbito de actividad y, en definitiva, a abstenerse de la mayor parte de las intervenciones propias del Estado de bienestar. Ese es el contexto de la crisis que atraviesa la Europa de hoy, en eso consiste la paradoja que bloquea los avances de otros tiempos: el proyecto ideado por Monnet exigía que los Estados miembros transfiriesen competencias a unas nuevas instituciones comunes que, desde el triunfo de la revolución conservadora, están obligadas, no a forjar una ciudadanía europea, no un vínculo directo entre los europeos y las instituciones comunes, sino simple y llanamente a reducir su papel.