I. Introducción
La democracia actual se ha transformado notablemente, y ello en correlación
a la mutación sufrida en el mismo período por las instituciones
y actores políticos, y por el entorno socioeconómico. La moderna
sociedad urbana necesita pues, una moderna democracia urbana.
Mientras que en las primeras democracias clásicas, representativas y de
corte liberal, apenas había representación de asociaciones y de
intereses; por el contrario hoy, las sociedades son más complejas, plurales
y fragmentadas; y hay más diversidad de opiniones, intereses, problemas,
etc., y éstos necesitan canalizarse, integrarse y articularse, a través
de los mecanismos de la democracia representativa
[ 1 ] .
Ahora bien, la democracia actual además de ser representativa y participativa,
requiere que sea también económica y social. Crisis del Estado del
Bienestar y crisis de la democracia, son dos aspectos de la misma cara. La ciudadanía
sin derechos económicos y sociales, y sin un mínimo de bienestar
económico y social
[ 2 ] , no puede integrarse plena y eficazmente en la participación
y en la vida política. El Bienestar Social garantiza la integridad, la
cohesión y la estabilidad social; y permite la participación activa
del ciudadano. No hay democracia activa sin ciudadanía activa.
II. Algunas consideraciones generales sobre la participación ciudadana
en el ámbito público.
La participación ciudadana en el clásico modelo del Estado de Derecho
Liberal, regulada esencialmente a través del Derecho Administrativo, era
puramente individualista y correlativa a la ideología del modelo estatal
del liberalismo, y de un contenido muy limitado (consultivo e informativo básicamente).
La transformación del modelo y de las funciones del Estado así como
de la sociedad civil, han hecho que hoy surjan otras demandas y manifestaciones
de participación, más colectivas y solidarias, y de mayor ámbito
que las del pasado.
Entre las varias causas que señalaría
[ 3 ] del momento actual, que demandan
otro tipo de participación ciudadana, pueden citarse las siguientes:
a) La participación en la gestión pública es una manifestación
de la necesidad de la repolitización de la gestión pública
y de la necesidad que tiene ésta de una nueva legitimidad ciudadana, basada
en los resultados y en la satisfacción de las necesidades y de las demandas
de la sociedad civil y de los ciudadanos.
b) La participación en la gestión pública, deviene necesaria
para hacer la democracia actual no sólo representativa, sino también
y sobre todo más participativa y completa.
c) La cultura administrativa actual no es la de la mera teórica satisfacción
del cliente, imitando a la empresa privada, sino que es una cultura político-administrativa
de plena respuesta y satisfacción de los ciudadanos, considerados éstos
como "copropietarios" de lo público, y plenamente ejercientes
de todos sus derechos.
d) El contenido de la participación a su vez es más amplio, ya que
no se trata sólo de la clásica consulta, sino también de
la información, el control, la negociación, los acuerdos, la codecisión,
etc. La gestión pública hoy no puede desvincularse del proceso plural
y complejo de preparación, reflexión, debate, diseño y toma
de decisiones en el ámbito público, así como también
del control de su ejecución, resultados y efectos.
e) La evaluación participativa previa a la exigencia de los resultados,
y a la posterior rendición de cuentas, aparece hoy como una praxis innovadora
de primer orden.
f) El nuevo contexto, y en particular, el llamado "e-gobierno" implica
y requiere, unas nuevas formas y unas nuevas vías de información,
de consulta y de participación ciudadanas, utilizando para ello todas las
posibilidades de las tecnologías de la información y de la comunicación,
y no sólo las clásicas. De algún modo hoy se actualiza la
vieja pretensión de la democracia directa en la democracia clásica
ateniense.
g) El pretendido carácter dialogante, relacional, modesto, cooperador,
integrador, negociador de la gobernabilidad actuales, hace necesaria y posibilita
la participación democrática en la gestión pública.
La participación ciudadana es pues por hoy, el principal medio y manifestación
de la democracia participativa, complementaria de la representativa tradicional;
y a la vez también expresión de un "nuevo contrato social"
entre los poderes e instituciones públicas, y la ciudadanía y la
sociedad civil. Por otro lado además, la democracia participativa intentaría
paliar los fenómenos del individualismo, apatía y cierto descrédito
de la vida política.
La participación ciudadana a su vez tiene múltiples instrumentos
para su realización, y así entre ellos: el sufragio, la consulta,
los referenda, las encuestas, la presencia de representación ciudadana
en los distintos órganos e instituciones con un carácter decisorio
y/o consultivo, etc. También hay que señalar la compatibilidad y
la necesidad, de la participación general con la de ámbito sectorial
o por áreas o por competencias administrativas (así en educación,
salud, medio ambiente, Seguridad Social, tercera edad, juventud, deportes, etc.).Esta
democracia participativa sectorial, y vinculada a los ámbitos económicos
y sociales, sería además una manifestación del "sistema
de redes" sociales.
La Constitución Española de 1978 establece en su artículo
9, párrafo 2, cómo efecto de su carácter democrático,
un reconocimiento muy amplio y general de la participación individual y
grupal, del modo siguiente:
" ... corresponde a los poderes públicos promover las condiciones
para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra
sean reales y efectivos; remover los obstáculos que impidan o dificulten
su plenitud, y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la
vida política, económica, cultural y social".
En desarrollo de tan amplio principio participativo, se contempla además
éste en el texto constitucional en relación a diversos aspectos,
así: la participación vía el sufragio en los asuntos públicos,
en el artículo 23.1; en la elaboración de disposiciones administrativas,
en el artículo 105; en la empresa, en el artículo 129.2; en la enseñanza,
en el artículo 27.5; en la justicia, en el artículo 125; en la juventud,
en el artículo 48; en la Seguridad Social, en el artículo 129.1.
Por otro lado, hoy los medios de comunicación social así como
las nuevas tecnologías, son unos retos y problemas cara a la participación
pública en general, pudiendo ser de una gran ayuda o bien un gran obstáculo.
En particular hay una gran literatura sobre el fenómeno y problemática
de la llamada "e-democracia".
El fortalecimiento de las relaciones con los ciudadanos a través de la
participación, es una buena práctica no sólo para mejorar
el diseño, sino también para la evaluación de las políticas
públicas. Según la O.C.D.E.
[ 4 ] , sus países miembros están
intensificando las relaciones con sus ciudadanos, a fin de:
a) Mejorar la calidad de las políticas, facilitando a los gobiernos
fuentes más amplias de información, perspectivas y soluciones
potenciales con el objeto de afrontar los retos del diseño de políticas
en condiciones de creciente complejidad, y de interdependencia entre diversas
políticas públicas y de urgencia.
b) Responder a los retos planteados por la sociedad de la información,
con el fin de prepararse para las crecientes y más aceleradas interacciones
con los ciudadanos, y garantizar una mejor gestión de la información
como base del conocimiento.