Marruecos y la crisis de la Restauración 1917-1923

Marruecos se convirtió, por tanto, en un espejo de la situación del ejército en España, con el agravante de que esta réplica tenía lugar en un territorio en el que las campañas militares eran frecuentes y la inestabilidad de las posiciones era continua. Junto con momentos gloriosos que sirvieron para escribir las primeras hagiografías de las campañas, el ejército de África sufrió derrotas humillantes en Marruecos, que provocaron temblores en los cimientos del régimen. Ninguna tan decisiva como el desastre de Annual, la mayor catástrofe colonial española y una de las más resonantes en el continente (desde Adua), en la que se dieron cita las carencias más salientes del ejército africano. La derrota de Annual ejemplificó cómo la falta de previsión del mando, el escaso espíritu militar, el precario equipamiento de las unidades y el arrojo de las tribus rifeñas -que contagiaron a otras cabilas hasta entonces pacíficas- podían colapsar en apenas unos días la endeble organización militar española, desencadenando el derrumbamiento del sistema de posiciones establecido desde 1909 y la pérdida de una cantidad enorme de material, armamento y municiones. El impacto del desastre en la Península no hizo sino exasperar la división entre junteros y africanistas, la rivalidad entre civiles y militares y los desequilibrios en el presupuesto del Ministerio de la Guerra.

Por lo que se refiere a las primeras, el desastre de Annual proporcionó argumentos más que sobrados para crispar aún más las relaciones entre ambas partes. Mientras que los africanistas tendían a responsabilizar a los junteros del estado de laxitud y corrupción existentes en Marruecos (donde los junteros habían conseguido eliminar los ascensos por méritos de guerra en 1920), aquéllos acusaban con frecuencia a los africanistas de audaces intervenciones militares y ambiciones expansionistas que, en último término, habían desencadenado el desastre en la Comandancia de Melilla. Las críticas entre uno y otro bando crecieron en tono e intensidad, y acapararon las páginas de los medios de opinión civiles y militares, trasladándose, en última instancia, al Parlamento. La creciente rivalidad y acritud entre las partes envolvió al espectro político del régimen y, por elevación, a su máximo representante, el rey, quien como cabeza visible del ejército se vio obligado a mediar en la contienda. Su modo de ejercer este arbitraje no sólo provocó la dimisión de un gobierno (gabinete Maura en enero de 1922), sino que también le granjeó desafección en ciertos sectores de la institución militar, especialmente dentro del bando juntero.

El papel escasamente decoroso del rey en la contienda se vio remedado por la actitud decidida y resuelta de algunos oficiales afectos a las Juntas, que llegaron a amenazar a los responsables del Ministerio de la Guerra que defendían su disolución, mientras que otros se apresuraban a salir en su defensa [ 15 ] . En medio de esta grave confrontación, la presentación del expediente Picasso sirvió en cierta medida como un paréntesis y un punto de inflexión por la seriedad y dedicación con la que fue elaborado -unánimemente reconocidas- y por el rigor con el que se aplicaron a los mandos militares las condenas emanadas de éste. El papel meritorio del expediente Picasso trasladó momentáneamente a un segundo plano la rivalidad juntero/africanista -aún latente a pesar de la disolución de las Comisiones Informativas en noviembre de 1922- y trasladó a primer plano la exigencia de responsabilidades políticas por parte de la opinión militar. Éste, como ya se vio, fue uno de los momentos culminantes de la tensión entre el elemento civil y el militar, del que nacieron diversas conspiraciones para la intervención (como ocurrió en verano de 1923 en la persona del general Aguilera). A pesar de que ésta no se produjo entonces, la exigencia de responsabilidades políticas -o, por mejor decir, la falta de exigencia de responsabilidades políticas por el desastre - pareció confirmar a muchos militares, cualquiera que fuera su filiación, del agravio comparativo que se había cometido con el ejército y de la patente inoperancia del régimen, de modo que pocos de ellos se sintieron inclinados a defenderlo cuando Primo de Rivera (un abandonista que tenía contactos con los junteros) protagonizó su golpe de Estado.

Desde un punto de vista financiero, los fondos destinados a la actividad colonial en Marruecos a comienzos del siglo XX fueron relativamente escasos. Básicamente, sirvieron para elevar los salarios de los oficiales destinados al otro lado del Estrecho y para ofrecer facilidades a las escasas compañías que mostraron interés en la empresa, sin que existieran inversiones significativas en las infraestructuras del territorio. En realidad, ésta había sido la opción preferida por los diversos gabinetes que empezaron a financiar la empresa marroquí, cuando comprobaron que ni la zona asignada a España podía ofrecer ventajas materiales significativas ni era sencillo persuadir a los empresarios españoles para que invirtieran en Marruecos [ 16 ] . Lo más lógico en dicha situación, con el fin de no crear excesivos gastos en el Tesoro, era trasladar a los mandos destinados a África las responsabilidades de la administración civil en el territorio, evitando así la creación de una paralela estructura burocrática, que hubiera necesitado nuevos fondos. Dicha situación se convirtió en la tónica general durante los llamados años de penetración pacífica (1900-1909), en los que los gastos fueron contenidos y las primeras etapas de la colonización no supusieron una carga apreciable para el presupuesto. Las circunstancias empezaron a cambiar cuando se inició la escalada militar en el área de influencia española (1909-1927), es decir, las primeras campañas militares para dominar el territorio, estimuladas por el deseo de imitar los avances realizados por el ejército francés en su zona de Protectorado y por la esperanza de administrar territorios más productivos (especialmente en las minas del Rif). A partir de entonces, las exigencias de fondos en Marruecos se hicieron más acuciantes, no sólo por los gastos de las campañas militares, sino también por razones de índole política derivadas de la experiencia colonial. En efecto, tras los sucesos de la Semana Trágica, se pusieron en marcha en Marruecos diversos proyectos que trataban de reducir la participación de reclutas españoles en la pacificación de la zona, a través del pago de pensiones a los jefes locales y la creación de unidades indígenas. Dichos proyectos no sirvieron, sin embargo, para extender la autoridad española a los territorios dominados por los kaides -que en muchos casos se beneficiaban de esa situación de inestabilidad- ni para pacificar a las cabilas de la zona avanzada (especialmente en el Rif). Por otra parte, no se vieron acompañados por inversiones significativas en medios de transporte y comunicación que habrían sido necesarias para asegurar su eficacia. Junto con las crecientes demandas de la incipiente administración civil -establecida desde 1909- y la corrupción de algunas unidades del ejército, estos factores terminaron de configurar un panorama complejo y crecientemente inestable en el capítulo de gastos en Marruecos [ 17 ] .