La quiebra del principio de igualdad de oportunidades en las mujeres cuidadoras de personas con dependencia

El incremento de la esperanza de vida y la supervivencia de gran número de personas con enfermedades o accidentes tienen como precio un incremento en el número de personas con importantes discapacidades y dependencia. La consecuencia es que las condiciones de vida tanto de la persona directamente afectada como de su familia pasan, a menudo bruscamente, a ser muy difíciles. Aunque la edad es un factor de riesgo, la dependencia puede ocurrir a niños, jóvenes, adultos o mayores y muy mayores. El hecho es que l as grandes discapacidades obligan a las personas afectadas a depender de otras personas para la realización de las actividades cotidianas. Hasta ahora, estas situaciones quedaban invisibles por considerarse parte de la vida privada de las personas; sin embargo, la realidad se está haciendo visible en la medida en que ha ido aumentando el número de personas que conocen por cercanía, a través de las relaciones familiares o sociales, lo que significa afrontar el día a día en situaciones de dependencia que quedan a cargo de la familia. Porque cualquiera nos podemos encontrar en una situación semejante, se van extendiendo entre la población sentimientos de comprensión y toma de conciencia de que es un problema social y no solo una cuestión privada. Como consecuencia, se está desarrollando una mayor sensibilización social respecto a la necesidad de que la sociedad asuma responsabilidades y de establecer cambios en unas políticas sociales que no prestan el necesario apoyo a las personas dependientes y a sus familias (en su sentido más amplio).

Hay diferentes «dependencias», pero todas ellas tienen en común el hecho de ser inesperadas, de irrumpir cambiando la calidad de vida de las personas y, también, las de sus familias. Las situaciones de dependencia tienen efectos en todos los miembros de la familia, pero con desigual impacto en las vidas personales. En nuestro país son las mujeres de la familia quienes tienen el deber social de proporcionar esos cuidados, ya que, por una parte, la tradición sociocultural asigna a la familia la responsabilidad principal de cuidar a estas personas y, por otra, la misma tradición considera que la familia debe responder a un modelo de hogar con reparto de roles en función del sexo, correspondiendo a las mujeres de la familia la ocupación de prestación de cuidados («cuidar es cosa de mujeres»). Según datos recientes de la epa, 2,8 millones de personas de 16 a 64 años (una de cada diez) se hace cargo de personas dependientes. En el caso de las mujeres esta proporción se eleva hasta 13 de cada 100, mientras que en los varones se sitúa en 7 de cada 100. Hay variaciones entre comunidades autónomas: Galicia, Navarra, Asturias y Extremadura presentan los mayores porcentajes de personas de 16 a 64 años que prestan cuidados a personas dependientes. Galicia es la comunidad con mayor porcentaje de mujeres que cuidan de personas dependientes (16,5 %), siendo el caso contrario Baleares (6,6 %) y Cataluña (7,1 %) ( ine , mayo 2006). En cuanto al parentesco, cuando las personas dependientes tienen más de 65 años, los cuidados son asumidos por una hija (32 %) o por el cónyuge (22 %). Cuando la edad se inc reme nta, en personas mayores de 80 años, las hijas que cuidan son el 40 %, en un 6 % son varones, un 17 % «otros parientes» y solo un 9 % son empleados de hogar (cifras ine , 2/2005).

Se han ido logrando avances como, por ejemplo, una mayor visibilidad del papel esencial que juega la persona cuidadora en el nivel de calidad de vida de la persona dependiente o el inc reme nto de hijos varones que prestan cuidados, pero, generalmente, esos cuidados se centran en tareas que exigen esfuerzo físico pero que no exigen renunciar al empleo, al ocio o, en definitiva, a su propia vida (o lo hacen en muy menor medida). Sin embargo, como el centro de atención de las actuaciones sigue siendo la persona con dependencia, no se tienen en cuenta las necesidades personales de quienes cuidan y su derecho propio al desarrollo personal y social. Estamos ocupados tratando de fortalecer el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidades en situación de dependencia (ya era hora), pero todavía se sigue pensando socialmente que la responsabilidad principal de esos cuidados es cosa de las mujeres de la familia. Las mujeres de la familia pagan un alto precio personal cuando asumen la responsabilidad principal del cuidado de sus miembros dependientes. Las políticas de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidades mencionan el apoyo a sus familias, pero no adoptan medidas para garantizar la igualdad de oportunidades de las personas de su familia que les proporcionan cuidados, de las mujeres cuidadoras.

Es frecuente escuchar que hacen falta recursos para el cuidado de las personas dependientes «para ayudar a las mujeres» y que hay que reconocerles el trabajo que realizan en términos de protección social e, incluso, de remuneración. Ciertamente, son necesarios recursos sociales de apoyo para atender a las personas dependientes, variados y flexibles, y las mujeres cuidadoras de sus familiares deberían tener protección social y reconocimiento económico, pero, aun siendo imprescindibles, no son suficientes respuestas al desafío que supone la atención a la dependencia. Tanto desde la perspectiva de las políticas públicas como desde la perspectiva del desarrollo personal y de la participación social, no se puede dejar de vincular el asunto de la dependencia a los derechos humanos de todas las personas afectadas y, por lo tanto, a un nuevo reparto de responsabilidades que involucre a todos los actores. Las mujeres tienen derecho a elegir su vida en igualdad con los hombres de la familia. Las familias y las mujeres de la familia no quieren desentenderse de sus miembros dependientes, pero hay que reasignar responsabilidades. S e trata de lograr «un equilibrio entre los derechos individuales y las obligaciones sociales de la atención..., asegurando la oferta de servicios y encontrando el modo de distribuir socialmente el costo de la carga de las tareas de cuidado equitativamente entre hombres y mujeres, entre Estado, familia, comunidad y sector privado» (Naciones Unidas: Informe sobre desarrollo humano, 1999).

El principio de igualdad de oportunidades que se promueve para las personas con discapacidades es extensible a las personas de su entorno próximo, por lo que hay que tener en cuenta las consecuencias familiares y sociales de la responsabilidad del cuidado. La dependencia significa que es necesario recibir ayuda de otras personas para realizar las actividades esenciales de la vida diaria, por pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual. Dedicarse exclusivamente a cuidar de una persona dependiente discrimina a las mujeres cuidadoras y las excluye de opciones fundamentales de su propio desarrollo humano como, por ejemplo, la oportunidad de realizar un trabajo remunerado que genere derechos a la protección social o poder participar en las actividades sociales necesarias para su integración social. Otra discriminación socialmente injusta es el hecho de no poder tener tiempo personal, no disponer de momentos de intimidad. Las tareas de cuidado son muy absorbentes. Dependiendo de las situaciones, pueden suponer atención constante, incluso durante la noche, veinticuatro horas, un día y otro día... Esto acaba originando problemas de salud física y mental.