Elecciones generales: balance y conclusiones

En cualquier caso los resultados de la jornada del día 9 de marzo nos hablan de que el PSOE ha sido la formación más votada, aumentando en unos cuarenta mil votos los obtenidos en 2004. El PP lo ha hecho en algo más de cuatrocientos mil respecto a entonces. CiU ha perdido alrededor de sesenta mil, el PNV ciento veinte mil, ERC más de trescientos cincuenta mil, viendo reducido su apoyo a menos de la mitad del que tuvo. Ha sido esta la caída más fuerte y significativa. También CC ha perdido más de setenta mil votos. El BNG y NA-BAI se han mantenido en los mismos guarismos. Algunas otras formaciones se han visto igualmente quebradas y han perdido el diputado que tuvieron en la pasada legislatura. EA ha descendido en treinta mil votos y la CHA en cerca de sesenta mil, quedando reducida a unos magros treinta y ocho mil votos.

Todo ello muestra un claro descenso de la mayor parte de las opciones nacionalistas, desde las más dialogantes a las más radicales y grotescas. No obstante es difícil colegir si nos hallamos finalmente ante un cambio de tendencia que nos aleje de no pocos delirios mendaces y reinstaure la razón y el sentido en este país nuestro. La concepción de la lógica diversidad que existe en España, no tiene por qué articularse en una ansiosa búsqueda de la diferencia como algo positivo. Siempre he pensado que es más fructífero para todos resaltar aquello que nos une, porque nos proporciona más cohesión, fuerza y capacidad para abordar los problemas presentes y futuros o para un desarrollo armónico de España.

También ha sido notable el descenso de IU en trescientos mil votos. A pesar del falseamiento del resultado a que hemos aludido, esta coalición ha visto reducirse su apoyo electoral de forma ostensible. Quizá han pesado sobre ella el clima de enfrentamientos internos que han trascendido. Muchos de sus electores puede que hayan pensado que se trataba más bien de reyertas por el poder que de auténticos debates políticos respecto a su táctica y estrategia. Quizá no se ha hecho visible en la pasada legislatura cuál era su papel en la política española, apostando por algunas cuestiones que el gobierno ha desdeñado. Quizá soñó con que la presencia de algunos rostros en la recta final le garantizaran un cierto número de sufragios. ¡Qué ingenuidad perseverante la de esta izquierda desde antaño!: los rostros le dijeron simplemente adiós, porque ya estaban en otra cosa que era "su cosa", por la que siempre se movieron. Por otra parte, la rama vascuence de la formación le ha hecho un flaco servicio con los pactos establecidos con ANV, lo que le han producido desdoro y pérdida de credibilidad.

Sin embargo es evidente que IU ha sido víctima de la llamada al voto útil: "¡Votadme a mí porque si no vienen los malos!", arguyen quienes lo plantean. El miedo al otro es un medio coyuntural que logra victorias pírricas aunque no afianza los valores cívicos de la ciudadanía. Ojalá dejemos de incitar al miedo, utilizar el denuesto y la descalificación del contrario, de apelar a cualquier recurso aunque sea de un catastrofismo mendaz y grotesco, y se abra el campo a la confrontación de programas, propuestas, soluciones para la mejor gobernación de nuestro país. Entre tanto, el torbellino del voto útil ha campado a sus anchas e IU se ha visto abandonada por no pocos de sus electores, que creyeron era lo mejor para oponerse a quienes consideraban peligrosos e incluso perversos. Claro que la idea del voto útil halla su fructífero crisol en los desafueros contables de la ley electoral, a la que aludo de nuevo por ser un instrumento para el falseamiento democrático.

En efecto, como he señalado anteriormente, en el origen de esta notable contradicción entre la voluntad popular expresada en las urnas y el número de escaños resultantes, se encuentra la ley electoral en vigor. A ella se debe el establecimiento de la circunscripción uniprovincial, en la que al margen del número de habitantes existe un mínimo de dos diputados por provincia; igualmente instaura el uso de la denominada Ley d'Hont para efectuar el reparto de escaños. En algunos casos esta normativa conduce a que un diputado "cueste" un número reducido de votos en unos casos y muchos miles en otros.

Para cualquier ciudadano que posea convicciones democráticas veraces, las pasadas elecciones crean notables zona de duda e incluso sonrojo respecto a la condición del sistema. La ley electoral vigente se ha convertido en una forma de alterar y desviar el voto emitido por una parte de ciudadanía. En repetidas ocasiones he formulado la necesidad de cambiarla por otra que refleje de forma más veraz el número de sufragios obtenidos por las diferentes formaciones. Curiosamente los más interesados han guardado incomprensible prudencia respecto a la necesidad y urgencia de adoptar dicha decisión. La propia IU tan sólo ha aludido a ello en la pasada legislatura, pero no ha hecho campaña con razones y argumentos para que se cambiara. Ahora parece que se ha extendido la opinión de que modificarla es algo ineludible, pero permítaseme que tenga mis dudas respecto a si llegará a hacerse. La sociedad civil debería igualmente pronunciarse porque lo que está en juego es la legitimidad democrática que aun viéndose preterida puede ser evidentemente muy legal.

¿Fue un extraño azar quien fabricó esta ley? Nada más incierto. Su elaboración fue fruto de un calculado propósito de marginar a ciertas formaciones de izquierda, el PCE en su día, y tender paulatinamente hacia el bipartidismo. En el diseño de los ordenadores del Departamento de Estado de los Estados Unidos y puede que en alguna de sus agencias, que en tan gran medida manipularon nuestra transición, imponer una ley de estas características tenía una importancia suprema.

Esta información no tiene nada de secreta. En uno de los capítulos de una serie de TVE sobre los años de formación del Príncipe Juan Carlos de Borbón, apareció un personaje, creo que era Álvarez de Miranda aunque no estoy seguro, que habló sobre los encuentros del futuro monarca con diferentes aconsejadores. En una de las reuniones celebradas a tal efecto, el Príncipe mostró su inquietud sobre las consecuencias de introducir el sufragio universal en el proceso democrático que se preveía. Uno de los asistentes cuyo nombre también lamento no recordar, apostilló: "No es un problema; eso se resuelve con la ley electoral que se haga". El visionado de aquel programa puede informar de los nombres que he olvidado.

La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, sancionó aquello en los términos que he mencionado. Las cuestiones relativas a la atribución de escaños están recogidas en su Título II, Capítulo III, Sistema electoral, y más en concreto en los Artículos 161-163. Estos son los que deben ser modificados para que el número total de votos de cada formación se refleje de forma más justa en el número de escaños. Fue algo premeditado y diseñado para que la izquierda no tuviera espacio, a la manera estadounidense.

La ley vigente no sólo tiende a reforzar el bipartidismo sino que posibilita la existencia de mayorías absolutas con un 48% de los sufragios emitidos, lo cual las convierte en relativas de forma notoria. Por otra parte, las experiencias que ha habido en España de gobiernos de mayoría absoluta, han creado en amplios sectores del país notables reservas e incluso rechazo a que vuelva a darse en las actuales circunstancias una situación similar. Es comprensible que los partidos consideren más cómoda y tranquila una situación así, pero para muchos ciudadanos representa un mal recuerdo y para la democracia fue siempre una ciénaga en la que la razón sucumbió con frecuencia.