Justificación y necesidad de unas Bases para un Proyecto de Ley del Teatro

El documento que presentamos se organiza en dos grandes bloques de contenido. En el primero, redactado a modo de «preámbulo», se realiza una exposición de motivos en la que proponemos una reflexión en dos direcciones complementarias: de un lado la definición del campo y de todos sus elementos, agentes o procesos para establecer un lenguaje común que permita y facilite el intercambio de ideas, el debate y la deliberación; del otro, y partiendo de los procesos inherentes a todo sistema teatral, se señalan las grandes áreas de actuación de los poderes públicos al objeto de garantizar el desarrollo pleno y armónico del mismo.

El segundo bloque de contenido se presenta a través de un articulado que sigue la pauta propia de una Ley Marco, en tanto se definen los grandes ámbitos de actuación y se formulan objetivos generales, pero dejando el desarrollo normativo al Estado y las Comunidades Autónomas, en función de sus respectivas competencias. En efecto, con independencia de los desarrollos específicos a que la Ley pueda dar lugar, nos parece fundamental formular una serie de principios, conceptos y normas que permitan la evolución global e integral del sistema teatral, partiendo de la idea central de que el teatro es un servicio público y corresponde a las administraciones la instauración de normativas que permitan la extensión de ese servicio a toda la población, sin exclusiones de ningún tipo. Dicha extensión conlleva, por ejemplo, establecer medidas orientadas a que la ciudadanía conozca y valore su existencia, lo que implica dinámicas muy diversas, desde el fomento de la formación hasta la apuesta decidida por la animación.

En este sentido estamos ante una propuesta de Ley que permitirá posteriormente, la redacción de normativas con carácter local, autonómico y estatal para garantizar la consolidación de un sistema basado en principios como la no centralización, el fomento de la diversidad y de su estructura reticular o la interacción permanente entre los elementos, agentes e instituciones que lo conforman. Pero una Ley del Teatro como la que ahora proponemos sólo será posible en la medida en que sea posible un Pacto por la Cultura y el Teatro que aúne voluntades en muy diferentes niveles y que permita concitar consensos y acuerdos después de un período de intercambio de ideas y deliberación. Un Pacto en el que se involucren los poderes públicos, los agentes sociales propios del sistema teatral y todas las instituciones, organismos o entidades, directa o indirectamente vinculados con el campo de las artes escénicas, que permita formular grandes líneas de actuación en los ámbitos local, comarcal, autonómico y estatal. El territorio cultural constituye un sector estratégico en muy diversos ámbitos, desde el económico al socioeducativo, por lo que del desarrollo de sus potencialidades depende, en buena medida, la construcción de una sociedad plural, tolerante y democrática, asentada en sólidos valores humanistas y cívicos, y el aumento de cotas de bienestar y calidad de vida para la ciudadanía.

Entendemos que, considerando la actual configuración estatal española, con una estructura que cada día se asemeja más a la propia de un Estado federal, cabe formular una ordenación del sistema teatral en la que la administración central defina y formule los grandes objetivos y líneas de actuación mediante una Ley Marco, y las administraciones autonómicas y locales, en un segundo nivel de concreción, adapten esas normativas generales a las características de su territorio, pero manteniendo en cualquier caso una serie de principios, normas y pautas de carácter general que garanticen que la regularización y el desarrollo del sistema es similar en todo el territorio de la federación, y no se somete a los avatares de las opciones políticas que en un momento determinado puedan acceder al poder. Sería bueno preservar este tipo de formulaciones para garantizar el pleno desarrollo del campo teatral, y por eso en las bases que proponemos se hace especial hincapié en la defensa de una visión sistémica del hecho teatral, en la centralidad del edificio teatral como marco de desarrollo del mismo y en la importancia de determinados procesos que son propios del sistema y que le confieren su riqueza y su diversidad.

Aceptar que el teatro sea un sistema y que su regularización depende del desarrollo armónico de cada uno de sus elementos y de todas sus estructuras, en una visión reticular de las mismas, implica aceptar igualmente un modelo de política teatral que no está sometido al imperio de las ideas políticas y/o sociales, sino a las reglas que el propio sistema genera para su preservación y mantenimiento. Defender la idea de sistema implica optar, en suma, por una lectura global de la realidad y por una visión integral de los problemas que en la misma puedan aparecer, más allá de localismos y atavismos o de lecturas parciales o interesadas de fenómenos como la globalización.

Esa idea antes formulada, que indica el fin de un ciclo en las políticas teatrales, ha calado hondo en muy diferentes sectores del campo teatral, y en todos ellos cobra fuerza la idea de que se hace necesario establecer una «forma diferente de hacer las cosas». Ese deseo de hacer las cosas de otro modo y de hacer otras cosas, se debiera concretar en un nuevo paradigma de acción cultural en el que la cultura, las artes, las artes escénicas y el teatro se consideren más allá de su dimensión pura y cerradamente economicista y se entiendan en función de su dimensión intrínsecamente artística y como bienes de cultura, pero, como hemos dicho, también como elementos fundamentales en los procesos de profundización democrática, de arraigo de la civilidad, de desarrollo comunitario, de creación de riqueza, de aumento de las cotas de bienestar y calidad de vida de la ciudadanía. Y para ello habremos de desarrollar un paradigma que tome en consideración las características del sistema y se formule en función de las mismas y de su construcción integral. Si admitimos, con Alberto Fernández Torres, que el sistema, que el organismo que denominamos teatro, está enfermo, padece una insuficiencia aguda en todos sus órganos y funciones vitales, habremos de buscar soluciones a partir de los síntomas de la enfermedad y de las características del propio sistema. Por eso hablamos de un nuevo paradigma con una dimensión sistémica e igualmente de una política teatral sistémica, capaz de garantizar, insistimos, el desarrollo integral del organismo teatral.

Esa es la finalidad del documento que presentamos. Unas bases que, como se decía en la Presentación, trasladamos a la sociedad civil y a las organizaciones sociales, culturales, teatrales y políticas al objeto de generar un debate que permita asentar un proceso de trabajo que tenga como finalidad la promulgación por las Cortes Generales de una Ley de Teatro con la que iniciar la senda de la Convergencia Teatral con Europa, partiendo de principios que, en una perspectiva puramente teatral, nos parecen irrenunciables:

1. La idea del teatro como servicio público y en consecuencia como bien de cultura.