Justificación y necesidad de unas Bases para un Proyecto de Ley del Teatro

En los últimos años, la Revista ADE-Teatro ha publicado un buen número de trabajos que se ocupaban de la situación y perspectivas del teatro en España. Otras publicaciones, pasadas y presentes, han presentado lo largo del periodo que media entre el fin de la dictadura y el día de hoy, propuestas similares de análisis y proyección sobre lo que pudiera ser el futuro de nuestra escena, a las que hay que sumar no pocos libros e investigaciones que se ocuparon del tema desde muy diferentes perspectivas. En nuestro caso baste señalar los trabajos publicados en el número 95 de ADE-Teatro , en el que se exponían algunas de las cuestiones que hoy recuperamos.

En efecto, en el Congreso de la Asociación de Directores de Escena de España celebrado en Valladolid en noviembre de 2002, se presentaron tres ponencias que supusieron el punto de partida de lo que hoy ofrecemos. Manuel F. Vieites leía un trabajo titulado «Una política teatral en democracia», Robert Abirached recuperaba conceptos fundamentales en su ponencia «El teatro, servicio público: Los avatares de una noción», y Juan Antonio Hormigón, en «Elementos para un plan nacional de teatro», defendía la necesidad de acometer la elaboración de una normativa general que permitiese avanzar en lo que hoy formulamos como «convergencia teatral con Europa», territorio en el que tanto queda por hacer.

En encuentros y debates posteriores fue cobrando cuerpo la idea de que una normativa general no podría en ningún caso emanar de un Plan General, dado que en su propia formulación un Plan carece de ese valor normativo. Así, fue gestándose y creciendo la idea de promover una Ley del Teatro, que avanzamos en algunos editoriales y artículos publicados en nuestra revista y que también se trasladaba a la prensa con ocasión de nuestro XII Congreso, celebrado en Pamplona en 2005. Fue precisamente en la capital de Navarra, con motivo de las primeras conversaciones para el XIII Congreso de la ADE, que celebramos en Galicia en octubre de 2006, cuando nos planteamos la posibilidad de iniciar el debate en torno a lo que pudiera ser dicha Ley, que necesariamente debe servir para dar respuesta a un estado generalizado de opinión en torno a la situación del teatro en España, que Alberto Fernández Torres [ 3 ] definía como «estructural y económicamente enfermo».

Esas voces, diversas y provenientes de diferentes sectores del campo teatral, han puesto de manifiesto la necesidad de dar por finalizado un ciclo en lo que atañe a las políticas teatrales que han venido aplicando las diferentes administraciones públicas. Un ciclo que se inicia con la llegada de la democracia pero que no supuso el desarrollo de líneas de actuación orientadas a estructurar y desarrollar el territorio teatral. Las actuaciones en este campo han sido sumamente parciales y atomizadas , ancladas ante todo en la resolución de problemas concretos y centradas en mayor medida en la conservación de lo existente que en proponer una ordenación estructural del citado territorio. En ningún momento, en ninguno de los desarrollos legislativos que se han realizado a nivel estatal o autonómico, se propuso una visión global del mismo, desde la que iniciar un proyecto de normalización y regularización de las actividades teatrales en su diversidad.

Esa visión del teatro, siempre parcial y nunca global, es una de las causas de la situación en la que actualmente nos hallamos, habida cuenta de que en lugar de proceder a una revisión sistemática del edificio teatral, lo que se propuso desde la administración pública, en consonancia con esa lectura atomista de la realidad, fue la aplicación de parches para mantener la fachada, sin prever que el edificio se podría desmoronar internamente. Lo acontecido en el Teatro María Guerrero años atrás, con la súbita aparición de una masa crítica de termitas, es un buen símil para ejemplificar esa política no tanto errática cuanto elusiva: soslayar sine die el análisis en profundidad de los problemas y rehusar la búsqueda y proposición de soluciones integrales. Se habían realizado intervenciones parciales en el ornato, pero se evitó abordar el problema estructural o se le había ocultado deliberadamente para salir del paso. No importaba tanto la conservación patrimonial del edificio como el lustre efímero de alguien a quien nada le importaba el futuro ni el sentido de lo público. Pero lo ocurrido en el coliseo matritense nos sirve también para considerar cómo otras actuaciones tendentes a la recuperación de teatros se quedaron sólo en eso, en la recuperación de un continente que se quedó sin contenidos tres días después de su inauguración o se llenó con contenidos insuficientes.

Por otra parte, la situación de las artes escénicas en España y del teatro en particular, es todavía más preocupante cuando consideramos su escasa visibilidad y su falta de legitimación social, lo que no deja de ser una muestra de lo poco que se ha hecho en el ámbito de la creación, formación y consolidación de públicos. Se trata de problemas sustantivos y estructurales que derivan de una política teatral basada en la aplicación de medidas parciales y circunstanciales, y, salvo contadas excepciones, en la ausencia de planes estratégicos diseñados y orientados a una intervención global en un determinado territorio, que debería favorecer e impulsar los procesos propios del campo teatral, desde la formación hasta la recepción.

Desde su nacimiento, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música renunció a convertirse en el centro por antonomasia para el diseño e implementación de políticas teatrales y a asumir las funciones de coordinación interautonómica, en tanto que el Centro de Documentación Teatral cifró su actividad en labores de acopio y catalogación de información o en la realización de estudios históricos, pero renunciando a su vez a asumir funciones en el campo de las políticas teatrales, en su análisis y estudio, o en su proposición. La situación actual es, como decíamos, especialmente preocupante por razones varias, entre las que podríamos destacar las siguientes a modo de ejemplo:

1. Las políticas teatrales se centran casi en exclusiva en la promoción de la creación y la difusión, mediante un sistema de ayudas, lo que prima el carácter circunstancial de ambos procesos. Este tipo de ayudas permiten mantener la actividad pero impiden la consolidación de agentes, la puesta en pie y consolidación de estructuras y el desarrollo de tejido teatral.

2. Los procesos de creación y difusión adquieren en numerosas ocasiones una dimensión crematística, lo que supone que las medidas de fomento se basan más en el impacto mediático que en la impregnación sociocultural de las mismas.