Por lo que a nosotros toca, la existencia de un Pacto debe suponer igualmente la consideración respetuosa de todos aquellos que intervienen en la actividades escénicas. Que se les deje de considerar ciudadanos de segunda por lo que respecta a sus profesiones, que cese la marrullería de propiciar esa especie abyecta que convierte al mundo del teatro en un territorio de mendicantes, de vagos y de irresponsables. Opiniones así causarían sonrojo colectivo de la ciudadanía y respuestas contundentes en los países europeos. Desconocer a estas alturas la complejidad que entrañan las prácticas teatrales, sigue alimentando la supervivencia de la herencia histórica que nos tuvo marginados de las corrientes organizativas de la cultura instauradas en nuestro continente. Ahora eso ya no es excusa sino síntoma de las insuficiencias que padecemos. Ese desdén en ocasiones no es explícito, pero flota en la mirada de muchos cargos públicos cuando se refieren al teatro.
Pero al mismo tiempo y en aras del respeto que reclamamos, los poderes públicos y la sociedad civil cultural a través del Pacto por la cultura, deben establecer un sistema de asunción de responsabilidades. Que no se pueda nombrar a cualquiera para un cargo público del ámbito cultural sino a personas con probada competencia, conocimientos, capacidades y convicción en un proyecto de futuro. Que los responsables de las instituciones públicas culturales cumplan escrupulosamente con sus compromisos de diseño programático, gestión y dirección para el que han sido nombrados. El sistema de consejos y patronatos al frente de las mismas, debe garantizar su adecuado cumplimiento.
A su vez, que los agentes culturales asuman la responsabilidad que supone su ejercicio profesional, su formación continuada, su respecto a las normas contractuales y a los códigos deontológicos que deben regir las diferentes practicas artísticas, formativas, investigadoras, directivas, de gestión, etc. Que unos y otros estén sometidos a procedimientos de buenas prácticas y control de calidad. El Pacto por la cultura debe garantizar que nadie que no esté capacitado, que sea fruto del capricho de un responsable público de cualquier nivel o del azar mediático, encuentre cobijo en las instituciones públicas para mostrar su insolvencia o "aprender", para eso existen lugares adecuados.
Desde el espacio específico de la sociedad civil cultural que la ADE representa, instamos a las formaciones políticas con toda corrección a la par que firmeza, a que construyan una zona de consenso estratégico de Estado respecto a la cultura, con la firma de un Pacto que nos permita comprometernos tanto a los agentes culturales como a los ciudadanos en la construcción del futuro. Para nosotros este sí sería un acto de verdadero patriotismo.