El retorno de los dioses

Todo director que se postula debe presentar un Proyecto, que explicita los fundamentos, pautas y objetivos de su propuesta, que expone las líneas básicas del repertorio, de la relación con los espectadores, etc. Algunos de estos proyectos han merecido su publicación. Cuando la Asociación de espectadores del Teatro de la Comedia de Ginebra propuso que se nombrara director a Matthias Langhoff, éste redactó un extenso estudio con un análisis pormenorizado de la institución y un amplio repertorio de propuestas. Finalmente no ocupó el cargo pero sí publicó su informe con el título Le Rapport Langhoff. Projet por le Théâtre de la Comédie de Genève (1987). En la actualidad, los teatros catalanes que dependen de las instituciones exigen cuando menos que exista un proyecto por parte del director al que puedan remitirse.

Denomino teatros de Estado, en ocasiones son lisa y llanamente cortesanos, a aquellos en que la propiedad pública del espacio arquitéctonico y la completa financiación de sus actividades, determina su total control sobre los mismos. El director es nombrado directamente por los responsables políticos y sólo ante ellos es responsable. Un procedimiento así es el que se instauró en España en el franquismo y no se ha modificado en absoluto. Ello abre las puertas a la discrecionalidad, a la arbitrariedad, a la improvisación o al puro y simple capricho en los nombramientos, con total obscuridad respecto a los contratos que se establecen, a las responsabilidades que se asumen, al proyecto que se va a llevar a cabo, a los equipos de trabajo, etc. Pudiera parecer un despropósito, pero es lo que sucede por muy preconstitucional y cortesano que parezca.

Cuando lo que se pretende, pongo por caso, es entregar un teatro y unos recursos a un director (?) "para que haga su obra" -como declaró en público un director general del INAEM hace algunos años ante más de doscientas personas del mundo teatral -, asistimos a la consolidación del teatro de corte, preconstitucional, al servicio de las "divinidades", en detrimento del teatro como servicio público dedicado al desarrollo de la cultura escénica, el incremento y capacitación de los espectadores/ciudadanos, y a la consolidación y maestría de las profesiones escénicas. En ocasiones no es ni tan siquiera su obra, sino sus caprichos. Se ha ocultado deliberadamente la fraseología de un progresismo vacuo y superficial, conla ausencia de actitudes progresistas constatables a través de la práctica, las formas organizativas, la competencia profesional, la dedicación, el repertorio, etc. Algo más a tener en cuenta: no confundir el progresismo o la vitalidad crítica con el snobismo, cosa que suele suceder en estos pagos.

Por todo ello he afirmado que un teatro público institucional, con su Consejo o Patronato que le confiere autonomía de funcionamiento y le exige responsabilidades ante el mismo, tiene poco que ver con un teatro de Estado. Así son los teatros públicos, con sus lógicas variantes, en los países europeos. Nosotros somos una excepción que en ocasiones es harto difícil de explicar a nuestros colegas extranjeros. Incluso en el caso de la Comédie Française , cuyo estatuto se ha mantenido con algunas variantes desde su origen, se propusieron soluciones similares. No obstante hay que decir que se trata de un modelo único, casi una reliquia del pasado, que no existe en ningún otro país ni en la propia Francia, que posee unas características que son inherentes a su nacimiento y su historia y que sería absurdo pretender imitar.

No corren buenos tiempos para el teatro como bien de cultura, aunque lo sean para el negocio del teatro en forma de musicales y otras hierbas. Lo peor sin embargo es una especie de sordo silencio respecto a cuestiones que todo indica que no se quieren abordar. El heliógrafo del sur nos comunica que el Centro Andaluz de Teatro va a desaparecer. Se hacen nombramientos en los teatros públicos con la misma arbitraria impunidad de siempre. No se presentan proyectos, se desconocen las condiciones de los contratos cuyas claúsulas debieran ser de dominio general; no se garantiza la dedicación exclusiva; se contempla la percepción suplementaria de escenificaciones, diseños escenográficos o de vestuario sobre sus honorarios como directores de la institución; no existe un pliego de condiciones que exprese de forma pública y transparente cuáles son las obligaciones a que se comprometen, etc. Todo esto es absolutamente común y habitual en cualquier teatro institucional europeo, gobierne quien gobierne, sea la derecha o la izquierda, porque se trata de una práctica que instaura un elemental e irrenunciable sistema de garantías. En este caso seguimos idénticos procedimientos a los que se utilizaban durante el franquismo, y al parecer son muchos los que han venido haciendo y hacen esfuerzos titánicos para que no se modifiquen.

La gobernación de la cultura no es patrimonio de nadie a título personal, ni se puede proceder como si se tratara de un cortijo en propiedad. No debe ser territorio abonado para los caprichos de quien quiera que sea, para la adopción de decisiones "a lo divino" carentes de compromiso alguno con los programas político-culturales, por muy débiles que sean, con la ciudadanía para la que se gobierna, con los sujetos de la acción cultural y con las organizaciones que configuran su sociedad civil.

Es ésta una cuestión que nos atañe, en la que nos sentimos implicados por nuestra propia condición asociativa, como profesionales del teatro y como ciudadanos responsables de un Estado democrático de derecho. Por una vez tendremos que expresarlo con claridad: si no tenemos interlocutores reales y veraces para abordar un proyecto global respecto al sistema teatral, si no existe voluntad política para llevarlo a cabo, pasaremos a la acción. El Presidente del Gobierno debería meditar que fue la capacidad de acción de muchos ciudadanos a través de las palabras y presencias pacíficas, la que propició su advenimiento.