En segundo lugar, la cohesión depende, esencialmente, de políticas y recursos nacionales, y América Latina debiera poner más énfasis en las políticas internas -en especial la reforma fiscal, la mejora de la protección social y las políticas activas que promueven la competitividad y el empleo-, antes que esperar a la creación de mecanismos redistributivos creados al amparo de sus esquemas de integración regional que, de ser creados, como el Fondo de Convergencia Estructural de Mercosur (FOCEM), dispondrán de recursos limitados; o que puedan aparecer «fondos de cohesión», financiados por los países ricos en el marco de los acuerdos de libre comercio, cuya creación es bastante improbable.
En tercer lugar, si se trata de promover la cohesión en el marco de los acuerdos de integración regional, los elementos que pueden promoverla no se limitan a los fondos estructurales. Puede ser igualmente importante, o más, la convergencia de políticas macroeconómicas, la aproximación de legislaciones y la coordinación de políticas en materia de innovación, competitividad, de empleo o de protección social.
En cuarto lugar, las instituciones y la gobernanza importan y mucho. La calidad de las instituciones y las políticas, especialmente a nivel local y regional, son elementos clave para mejorar la cohesión social y territorial. En ese marco, la experiencia de la UE sugiere que existen vínculos importantes entre la descentralización política y administrativa, el desarrollo regional y la cohesión económica y social.
En quinto lugar, la cohesión económica, social y territorial está ligada a un concepto amplio e inclusivo de ciudadanía y no sólo a lógicas de eficiencia, de redistribución o de desarrollo territorial, de naturaleza funcional. En este sentido, el concepto vigente en la UE muestra evidentes limitaciones. Las transformaciones económicas de la globalización (deslocalización productiva, inc reme nto de las interdependencias comerciales y financieras...), los cambios sociales a las que está dando lugar el fenómeno migratorio y las dificultades que encuentran los Estados miembros para promover la integración de los inmigrantes reflejan las limitaciones de un enfoque centrado en las desigualdades de renta, que descuida otras dimensiones de la discriminación y la exclusión social, y no está bien articulada con una concepción inclusiva de la ciudadanía.
Más allá de las dificultades que puedan surgir respecto a la interpretación del concepto de cohesión social, también resulta claro que éste ya ha sido plenamente asumido en la agenda birregional. Ahora bien, para que el diálogo al respecto sea más coherente, hay que asumir algunas premisas (Freres y Sanahuja, 2006b): a) que la UE admita, como sugiere este artículo, que no tiene resuelta esta cuestión; por el contrario, se hace cada vez más evidente que surgen nuevos desafíos para mantener la cohesión social, sea en clave migratoria, socioeconómica, o territorial; b) que la UE reconozca, en coherencia con su propio enfoque, que esta cuestión esta vinculada a otras cuestiones que afectan al desarrollo de América Latina, como el comercio o las finanzas, y existen evidentes problemas de coherencia de políticas (Hettne y Söderbaum, 2005); y c) que los países latinoamericanos reconozcan, a cambio, que la falta de cohesión social es uno de los mayores obstáculos, en la práctica y no solo en la retórica, para establecer una verdadera «asociación estratégica» con la UE. En cualquier caso, no es coherente exigir reformas profundas a los latinoamericanos cuando la UE se resiste a abrir su mercado y trabajar por un sistema financiero más justo y equilibrado. Tampoco lo es exigir, por parte latinoamericana, mayores esfuerzos financieros y que el concepto de cohesión sea aplicado a la relación birregional, cuando no se afrontan las graves desigualdades existentes al interior de los países latinoamericanos.
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