Antecedentes para un debate actual sobre la unidad de España. Ruptura y engarce con la tradición: Identidad nacional

Las ideas, por sí solas aunque sean nocivas, no se convierten en mortalmente peligrosas sino cuando las invocan y las proclaman como verdades indiscutibles quienes tienen a su alcance la posibilidad de intentar imponerlas no por la fuerza de la razón sino simplemente por la fuerza bruta.

Los representantes en el Senado de los tres ejércitos, se opusieron a la inclusión del término "nacionalidad" en la Constitución, y un teniente general, que había sido hasta hacía poco vicepresidente del gobierno de Suárez, con ocasión de la aprobación de los Estatutos de Autonomía del País Vasco y Cataluña (por Leyes Orgánicas de 18 de diciembre 1979) declaró que atentaban a la unidad de la patria y podían estar en contra de la Constitución (¡un general haciendo de Tribunal Constitucional!).

Esta no era una opinión minoritaria. En el libro-documento de María Mérida " Mis conversaciones con los generales " publicado aquel año 1979, se ponía de relieve que tan solo 2 de entre 20 aceptaban, y con notables matizaciones, el proceso democratizador, y que la mayoría veía los proyectos autonómicos a través de la imagen metafórica de los reinos de taifa, ante cuya eventualidad estimaban previsible y deseable una acción castrense en defensa de la unidad y de la "patria indivisible" de los españoles. No fue extraño que se produjera aquel episodio del 23 de Febrero de 1981 , ni sorprende la gallardía de Gutiérrez Mellado, un teniente general, vicepresidente del Gobierno de Suárez, que había hablado de España como "patria plural".

Al evocar aquel acto terrorista, queda evidenciado el alto grado de intensidad que alcanzaba aquella dicotomía entre partidarios y adversarios de la Autonomía y su vinculación a la contradicción principal: ¿democracia o reforma de la dictadura? Intensidad que venía a poner de relieve esa conciencia histórica dividida, esa relación traumática de los españoles con su pasado que he referido antes y que podían instrumentalizar a su favor quienes pretendían resolverla con la dialéctica de los puños y de las pistolas; que por cierto sólo en su poder estaban. Salvo ETA y algún grupúsculo sólo activo en el papel de agente provocador, todas las organizaciones políticas, antifranquistas, incluidas las catalogadas como extrema izquierda, eran partidarias del tránsito pacífico a la democracia y de su consolidación constitucional.

Los españoles llamados a afrontar ese período crítico lo hacíamos necesitados de un debate público lo más libre posible en el que se pudiera forjar una cultura común sobre nuestra propia historia y sobre la evolución de nuestra identidad nacional.

El debate parlamentario -que tan escasamente trascendía a la opinión pública-sobre el artículo 2º de la Constitución Española [ 10 ] reflejaba bien esa conciencia histórica dividida. [ 11 ] . El texto hablaba y habla de patria "común" y de indisoluble unidad de la Nación, pero acabábamos de salir de un régimen en el que "los Nacionales" habían pretendido acallar toda manifestación opuesta a su propia concepción de España.

El triunfo de la deformación de la historia realizada por y desde la dictadura tenía los días contados con la libertad de expresión y la libre actuación de las fuerzas políticas y sociales. Pero esa derrota de la historiografía franquista fue la antesala para el triunfo de otras historias míticas, singularmente en el País Vasco, impulsadas por sus nacionalistas, que tendrían muy efectivas y perniciosas consecuencias políticas.

Dado que la historia pretende funcionar como memoria colectiva, la memoria de los pueblos de España sólo podía tener en aquel tiempo una existencia convulsiva y fragmentada : los tópicos y los prejuicios ocupaban el lugar debido al conocimiento y a la reflexión, porque desde el poder se había condenado al exilio, al silencio y al olvido todas las historias que no se avenían a reconocer la legitimidad franquista; y porque la memoria es muy maleable por la propaganda y tiene pocas posibilidades de defensa bajo una larga dictadura. Añadiré que, sin embargo, ahora también sabemos, que el mito puede pastorear los rebaños nacionalistas, todos, no sólo el españolista sino también los "periféricos", incluso en democracia; sobre todo cuando ésta no está mantenida con el impulso de la razón política y el respeto a las verdades históricas. Este impulso y este respeto no pueden hacerse presentes en la convivencia ciudadana si no lo está también el debate público.

El modo en que el derecho a la Autonomía se plasmó en la Constitución y pasó luego a convertirse en factor primordial de la configuración territorial del Estado, es muy ilustrativo del punto de partida en que se situaba el debate sobre la idea de la Nación española en aquellas fechas, y sobre como veían y sentían los españoles España, su unidad y sus anunciadas autonomías.

Por entonces, poco antes, en el año 1977, las encuestas reflejaban que tan solo el 5% de los españoles (con diferencias territoriales como es obvio suponer) consideraban importante el "problema regional". Lo importante era la democracia. Por ello la palabra libertad era indudablemente la que ocupaba y merecía ocupar el primer lugar.

Conviene recordar que en las manifestaciones públicas habidas durante la transición y tras la aprobación de la Constitución se coreaba " Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía ", uniendo estas tres reivindicaciones en un solo lema. Pues bien puede afirmarse que incluso una gran parte de los manifestantes que sabían en lo que pensaban al reclamar Estatuto de Autonomía lo asociaban, al menos inicialmente, tan solo a tres, Cataluña, País Vasco y Galicia, cuyo reconocimiento como nacionalidades históricas engarzaba con el hecho republicano de sus plebiscitos en tiempo de la 2ª República.

Sin embargo, incluso antes de que se aprobara la Constitución el gobierno de Suárez dictó en el año 1978 una serie de Decretos-leyes en los que se estableció un régimen de preautonomías , que, andando el tiempo, y previa aprobación de la Constitución, se convertiría en el mapa real de la España Autonómica. No ha de pasarse por alto que en su articulado el Gobierno se atribuía la facultad de disolverlos "por razones de seguridad del Estado". [ 12 ] . La interpretación de esta decisión política no es precisamente pacífica. ¿Acaso el Gobierno iba mas allá de donde la presión autonomista de los pueblos de España perseguían, y más allá de lo que iban a hacer las Cortes Generales salidas de las Elecciones de junio de 1977? Y si era así ¿porqué lo hacía?

Si examinamos la Constitución y particularmente, su título VIII, que trata de la organización territorial del Estado, comprobaremos entre otros datos los dos siguientes: primero, que permanecen las Diputaciones provinciales, instituciones político-administrativas estrechamente vinculadas al centralismo, no sólo al franquista sino al liberalismo centralista del siglo XIX; y segundo, que el establecimiento de las Comunidades Autónomas no es un mandato constitucional, sino tan solo una posibilidad que se deja abierta a la libre disposición de los pueblos que quieran organizarse autónomamente. Ambos tienen su antecedente en la Constitución Republicana de 1931, como hemos visto.

Teniendo en cuenta estos dos datos esenciales algunas relevantes personalidades políticas interpretaron que aquellos decretos que crearon las preautonomías, fueron una anticipación, un golpe de mano que predeterminó el futuro mapa y la generalización de las Autonomías, sin diseñar un proyecto coherente, y al margen de la voluntad popular. ¿Un artificio? José Bono, el presidente de Castilla-La Mancha, en referencia a su comunidad lo ha dicho: " Sí nuestra Autonomía fue un invento pero ¡que magnífico invento! "