Antecedentes para un debate actual sobre la unidad de España. Ruptura y engarce con la tradición: Identidad nacional

Hace 25 años España se definió como un "estado democrático", en el que el poder se repartiría territorialmente en virtud del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones" que integran la nación española, reconocido y garantizado por la Constitución, y cuya plasmación práctica ha traído consigo la actual forma de organización territorial que ha adoptado el Estado en España.

La Constitución Española rompía la doble tradición centralista y antidemocrática del Estado forjado por la oligarquía de la Restauración, el régimen que desde 1876, con un bajo nivel de constitucionalismo y un alto nivel de corrupción constitucional, dominó el escenario de la política española, hasta hundirse definitivamente -previa su interrupción durante seis años por la dictadura de Primo de Rivera- con la proclamación de la 2ª República, el 14 de abril de 1931.

De ella y de su Constitución de 1876 anotó el historiador García de Cortázar "sin reparar en la diversidad de las Españas, el centralismo miope de la Restauración ahoga la heterogeneidad cultural de la población española, bajo la coartada de evitar la disgregación del Estado, con el recuerdo del cantonalismo y la República ". [ 1 ] . El franquismo, conforme escribieron en 1977, J. Solé Tura y Eliseo Aja, no creó un "Estado nuevo", si no que "llevó a sus últimas consecuencias autoritarias, burocráticas, centralistas, y en definitiva antidemocráticas, los principios que han configurado la formación de los aparatos y las instituciones que constituyen el Estado español contemporáneo" [ 2 ]

Pero esa ruptura de la Constitución de 1978 con una tradición antidemocrática y de uniformismo centralista, no se produjo en un vacío histórico. La Constitución enlazaba objetivamente con otras y distintas tradiciones . Dicho de otro modo: podía invocar sus propias raíces históricas; aunque el proceso político en el que se produjo, la transición, las ocultara, quizá para proteger sus frutos, al igual que la tierra cubre las raíces de los árboles.

El antecedente histórico inmediato de la naciente democracia y de las autonomías estaba en la Constitución de la República Española de 1931, nacida de una revolución política pacífica que en su artículo 1º definía a España como República democrática de trabajadores de toda clase, y la constituía como un Estado integral , compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones.

La Constitución republicana al describir la "Organización nacional", integraba el Estado "dentro los límites irreductibles de su territorio actual, por municipios mancomunados en provincias y por las regiones que se constituyan en régimen de autonomía" (art. 8) y distribuía las competencias, según un listado de exclusivas del Estado (art. 14), otro listado de competencias compartidas -legislación del Estado y ejecución autonómica (art. 15)- atribuyendo, en el art. 16, la posibilidad a las Regiones autónomas de asumir la legislación exclusiva y la ejecución directa, conforme a sus Estatutos aprobados por las Cortes, en las materias no comprendidas en los listados de los dos artículos anteriores.

La turbulenta vida de la República afectó a esta previsión. Sólo Cataluña consiguió ver aprobado su Estatuto de Autonomía el 9 de septiembre de 1932 (referéndum el 2 de agosto de 1931) antes de la sublevación militar acaudillada por Franco, y antes de acabar la guerra civil; el País Vasco, sin Navarra, el 6 de octubre de 1936 (referéndum el 5 de noviembre de 1933), pudo formar gobierno y nombrar a Aguirre, primer Lehendakari, y Galicia realizó su referéndum el 28 de junio de 1936, sin esperanza alguna de existencia real para su Estatuto.

La realización de estos plebiscitos por Cataluña, País Vasco y Galicia, fue dato relevante después para caracterizarlas como nacionalidades históricas.

La dictadura franquista no sólo incendió y taló el bosque de la democracia republicana y de la autonomía. Pretendió algo más: extirpar las raíces, borrar las huellas del pasado inmediato. El historiador Juan Pablo Fusi ha escrito: "El franquismo provocó grandes distorsiones en la comprensión del pasado español, los abusos de la propaganda oficial al servicio de la idea enfática, unitaria, de España sobre la que se apoyaba el régimen -la "España una, grande, libre"- trajeron en efecto el total descrédito de las etapas de la historia española exaltadas por los ideólogos e historiadores del régimen". [ 3 ]

No puede extrañar por tanto que la idea sobre la identidad nacional, recibida por una mayoría de españoles estuviera marcada por el hecho de que había sido patrimonializada por el nacional-catolicismo, y por aquella asignatura "formación del espíritu nacional", que predicaban en las escuelas los falangistas.

Esa apropiación indebida ejecutada en aquellos denostables 40 años, no fue sin embargo algo nuevo en nuestra historia ni exclusivo de una tendencia política.

El dictador Franco, que atribuía en las monedas su caudillaje a la gracia de Dios, y que se hacía aplaudir en la Cortes por los Obispos de la Cruzada, tampoco inventaba nada con su política de exterminio, de exilio y de silencio.

En los orígenes de la España constitucional, el absolutista Fernando VII -que de un modo artero por vez primera en 1814 y de forma violenta en 1823, por segunda, anuló dos veces la Constitución de Cádiz de 1812- había llevado al texto de sus Decretos su voluntad de borrar del tiempo, " como si no hubieran existido ", los actos de quienes pretendían un régimen constitucional para España, de quienes querían unificarla sin absolutismo y sin diferencias que amparaban más que identidades nacionalistas en formación, privilegios antiguos. El siglo XIX iba a ser difícil para la tarea de unir en la diversidad, sin privilegios. Las guerras carlistas dieron la pauta de esas dificultades. Y el siglo XX conoció la guerra civil que partió a España. Aunque el falangismo se atribuyó la patriótica preferencia de " antes roja que rota ", la rebelión antirrepublicana y el régimen dictatorial que surgió de su triunfo expresó que la preferencia más bien era antes rota que roja .

En consecuencia, el tránsito a la democracia y, con ella a la autonomía, se haría partiendo de una situación en la que como escribió el sociólogo José Cazorla " Nunca como en los años del franquismo estuvieron más lejos la ‘España real' y la ‘España oficial' " [ 4 ] . Entre los propósitos declarados que animaban el proyecto del presidente Adolfo Suárez figuraba acabar con esa distancia y acercar el poder al pueblo mediante las autonomías. Posiblemente todo le olía a podrido en el régimen al que sirvió; y al mismo tiempo olfateaba bien de donde procedía el aire fresco.

No hay duda de que España tiene una larga historia común para la población de su Estado, para los diversos pueblos que habitan sus términos territoriales . Sin embargo esa falsificación de la historia desde el poder absolutista y dictatorial, y esa marginación llevada hasta el extremo de la pretensión del exterminio, lógicamente había producido, también en la España real, una memoria fragmentada por una doble línea de fractura: ideológica y territorial : Teníamos esencialmente una misma historia y varias memorias [ 5 ] ; partíamos de la ausencia de una memoria colectiva integradora .

Los españoles que han afrontado algunas coyunturas históricas decisivas marcados por una relación traumática con su pasado, iban a repetir la experiencia, acentuada hasta el extremo por la prolongada pervivencia de la dictadura.