Activismo islámico en España

El desarrollo del marco jurídico existente es otra de las actuaciones necesarias. El acuerdo de cooperación de 1992 reconoce una serie de derechos en el ámbito de la pluralidad religiosa que deben ser desarrollados. Todos los poderes públicos están implicados. Las competencias de educación se han trasladado a las Comunidades Autónomas y los municipios son los que autorizan las licencias para abrir oratorios o mezquitas. Se han producido tímidos avances en el ámbito educativo (54 profesores para una demanda de 10.000 niños sólo en primaria) y en el asistencial, donde la Fundación Pluralismo y Convivencia, creada en 2004, ha aprobado este año 257 proyectos presentados por 252 asociaciones y por un monto superior a 1,2 millones de euros. También ha habido un reconocimiento de la función del imán como elemento esencial en la organización de la comunidad y de su carácter de trabajador con derecho a cotización.

La cuestión de los imanes, su formación y su papel en la comunidad, está hoy sometida a intenso debate. En España el imán es un cargo elegido por el comité de la mezquita -normalmente los promotores del espacio de culto- que tiene en cuenta para ello su mejor formación o mayor disponibilidad de tiempo. En algunos casos, es ofrecido y financiado por alguna organización internacional islámica. Parece existir un consenso sobre la necesidad de establecer un sistema de formación mixto en Europa para los nuevos imanes, que compaginen estudios universitarios en Europa con un año de estancia en alguna reputada universidad árabe. Es necesario reflexionar sobre el grado de implicación y el contacto que pueden llegar a tener con la sociedad, y cómo proceder a una renovación de estos imanes cuando es un empleo mal remunerado y con escaso prestigio social. La experiencia del Consejo Islámico Cultural en Cataluña demuestra que el acercamiento a los imanes y a los comités de las mezquitas tiene efectos beneficiosos para la correcta integración de la población inmigrante.

Por otra parte, también se debate cómo hacer que las mezquitas y oratorios ofrezcan servicios para los musulmanes y sean, al mismo tiempo, lugar de integración y no de exclusión. En algunas mezquitas y oratorios se detecta una excesiva tradicionalización y en otras una excesiva politización, lo que dificulta una correcta percepción de la mezquita por la sociedad no musulmana. Incorporar la mezquita al tejido del barrio implica cambiar la percepción y reconocerla como parte del proceso de integración de la población inmigrante. No va a ser una tarea fácil. Existe gran resistencia al reconocimiento de estas comunidades y a su incorporación en términos religiosos a la Europa del siglo XXI. Frente a los que defienden que el islam forma parte de la cultura europea, algunos plantean la presencia de los inmigrantes musulmanes en nuestro territorio como una suerte de caballo de Troya diseñado para minar la identidad e historia europeas.

La creciente presencia del activismo islámico en España puede complicar aún más las cosas. Los activistas religiosos y "alqaedistas" -una insignificante minoría- promueven abiertamente un neocomunitarismo que hace imposible la integración. Los activistas políticos, y en buena medida el islam institucionalizado que representa el Consejo Europeo por la Fatua y la Jurisprudencia que dirige Qaradawi, defienden la integración, pero sobre premisas difícilmente asumibles por nuestro ordenamiento jurídico. Gracias a la televisión por satélite y a sus enormes recursos económicos, islamistas y representantes del islam oficial, especialmente de los países de la península Arábiga, comparten objetivos y principios teológicos en su labor de predicación en Europa y están imponiendo su visión en el proceso de creación de un islam europeo.

El activismo de Al Qaeda sigue siendo la principal amenaza a la seguridad de España. Los cuerpos de seguridad del Estado han realizado un importante esfuerzo en los últimos años para mejorar sus capacidades en la lucha contra este activismo y han conseguido importantes éxitos. Pero no es suficiente. Debemos evitar que el extremismo termine nutriéndose de la falta de integración, los problemas de identidad y la desesperación. Por ello, los poderes públicos deben implicarse más en la gestión del islam español, cuyas estructuras han caducado.

Estamos aún a tiempo para intentar evitar las experiencias negativas que han sufrido otros países europeos. El activismo islámico es aún minoritario en España y la comunidad musulmana ha dado muestras sobradas de voluntad de integración. Por otro lado, el rechazo explícito a la violencia debe convertirse en una máxima para las asociaciones musulmanas, que deben ser conscientes de que el activismo "alqaedista" es su principal enemigo. Deben abandonar la ambigüedad y el doble lenguaje e implicarse más en la lucha contra los discursos comunitaristas que impiden la correcta integración de la población musulmana en España.