Rusia al final del gobierno de Putin: un precario ‘statu quo'

Rusia se aproxima al final de un ciclo político simbolizado por la presidencia de Vladimir Putin. Junto con su predecesor, Boris Yeltsin, Putin presidió el nacimiento del sistema poscomunista ruso que ha adquirido una lógica propia. Hay algo irónico en el hecho de que sea un sistema basado en el poder personificado que en un momento dado se convierte en rehén de las circunstancias, la dinámica del propio sistema y los intereses de la clase política.

Las elecciones parlamentarias del 2 de diciembre (con un 64,3 por cien de los votos para Rusia Unida, la lista de Putin cocinada en el Kremlin) y la designación de Dmitri Medvedev, hasta ahora viceprimer ministro del gobierno y presidente de la junta directiva de Gazprom, como su sucesor, han demostrado la naturaleza contradictoria de la realidad política rusa. Por un lado, el desesperado intento de la élite gobernante por garantizar la continuidad de su poder; por otro, el esfuerzo por legitimarse a través de la competición electoral, aunque con unos resultados controlados que socavan esa legitimidad.

En este artículo deliberaré sobre la sustancia del legado político de Putin, sus contradicciones y su potencial, así como sobre los importantes desafíos en materia de política nacional y exterior que Putin dejará a Rusia.

La evolución poscomunista de Rusia durante el mandato de Putin puede servir como un caso clásico de transición democrática fallida. La experiencia rusa ha confirmado a su vez que la democracia liberal carece de competidores ideológicos plausibles. El sistema político que ha aparecido en Rusia confirma que la democracia es la única "forma de gobierno legítima en líneas generales" reconocida por regímenes postotalitarios que se sienten presionados a adoptar o al menos imitar las instituciones democráticas. Éste es precisamente el motivo por el que la élite rusa proclama sus credenciales democráticas a la vez que, con una habilidad consumada, adopta la democracia para sus fines. La democracia de imitación, conservar las instituciones oficiales para ocultar tendencias autoritarias, oligárquicas o burocráticas, y casi siempre las tres cosas a la vez, no sólo se encuentra en Rusia, sino que se ha convertido en la forma más extendida de régimen político en los territorios postsoviéticos.

Otra palabra clave para descodificar la realidad rusa es "irresponsabilidad". El líder se encarama formalmente a un pedestal como único actor político legítimo. Al mismo tiempo, debe eludir responsabilidades para sobrevivir. De lo contrario, tendría que responder de cada fracaso de su burocracia, desde lo más alto hasta lo más bajo. Putin, como Yeltsin, busca constantemente maneras de achacar a otros la responsabilidad de sus decisiones y sus consecuencias; a veces a su primer ministro, a veces al Parlamento, y a veces a sus altos cargos, aunque resulta obvio que en el Estado ruso no puede tomarse ninguna decisión de peso sin la aprobación presidencial. El principio subyacente de la presidencia de Yeltsin -la abdicación de responsabilidad- sigue funcionando con Putin, y funcionará con Medvedev, a menos que modifique las reglas del juego.

Pese a todos los poderes de la presidencia, la institución carece de medios efectivos para aplicar unas decisiones a veces correctas. Putin ha sido incapaz de conseguir la aprobación de la reforma administrativa o de combatir la burocratización y la corrupción del poder estatal, de las que ha hablado en un tono casi desesperado en sus discursos anuales a la nación. Se ha visto obligado a posponer reformas del ejército y las pensiones y a abandonar por completo la revisión de la política de Seguridad Social. Incluso ha dejado de mencionar la reforma de la vivienda, desastrosamente abandonada. Ha sido incapaz de lograr su objetivo de diversificar la economía. Cada vez que una iniciativa presidencial concreta fracasa, Putin opta por olvidarla y hace todo lo posible por garantizar que el país haga lo mismo. Parece improbable que Putin decida recordar sus "proyectos nacionales", anunciados a bombo y platillo por el Kremlin, para reformar la educación, el servicio sanitario, la vivienda y la agricultura. No es que el presidente no quisiera materializar sus proyectos predilectos, sino que los intereses de la casta gobernante obligan a los líderes a concentrarse sólo en lo que es importante para su supervivencia.

Un presidente con un pasado en el KGB y una administración integrada por dirigentes de los servicios de espionaje sólo podían fortalecer la tendencia del régimen a recurrir a una solución administrativa de los problemas. Sin embargo, en defensa de sus intereses, quienes desempeñan profesiones civiles han recurrido a este planteamiento con tanto entusiasmo como los responsables de la seguridad. Lidiamos con una clase gobernante heterogénea constituida por diversos grupos adjuntos al Kremlin, que se esmeran en hacer todo lo posible por preservar el sistema. Merece la pena destacar a los intelectuales al servicio del régimen, que hacen hincapié en la importancia política del orden y la estabilidad porque son demasiado conscientes de su vulnerabilidad y temen por su futuro si el régimen se debilita. En consecuencia, si las autoridades recurrieran de repente a la represión para defenderse, los autores de la política, o sus propagandistas, no serían necesariamente representantes del ejército o los servicios de espionaje, sino ex intelectuales e incluso disidentes convertidos en portavoces que han accedido a servir al Kremlin.

La corporación burocrática que se convirtió en la base del gobierno de Putin ha conseguido mucho: ha logrado imponer su agenda en todos los ministerios, incluida la oficina del fiscal general, Hacienda y, lo que es más importante, en el sistema judicial. Ha conseguido domesticar al Tribunal Constitucional. Sin embargo, a medida que la corporación burocrática se consolida, la independencia del líder se vuelve inevitablemente más problemática. Ni el equipo de gobierno ni la clase política en su totalidad tienen el más mínimo interés en un líder plenamente funcional. Que no nos ciegue el hecho de que, oficialmente, sean lacayos que cumplen las instrucciones del presidente. Poseen un inmenso poder sobre él, controlan la agenda de lo que hace, con quién se reúne y lo que se le dice, y explotan su desconfianza profesional hacia las personas ajenas a su círculo inmediato, por no hablar de aquéllos que piensan de forma diferente. Siempre que una corporación burocrática elimina a todas las demás fuerzas políticas, el presidente es cada vez más propiedad de su equipo.