Logros y limitaciones del multiculturalismo canadiense

El objetivo del gobierno no parece tener en cuenta la capacidad de absorción del mercado laboral y su voluntad de selección estricta de los emigrantes según el nivel de escolaridad, como prueba de su gran adaptación a una economía del conocimiento y a un mercado laboral flexible; no parece tener en cuenta los múltiples factores que limitan los supuestos efectos beneficiosos de esta selección: persistencia del proteccionismo de los colegios profesionales, discriminación, descualificación de los inmigrantes, reducción de la rentabilidad de las cualificaciones adquiridas en el extranjero y aumento del nivel de formación de la población canadiense. Al fijar altos niveles de inmigración y al imponer una selección económica severa de los inmigrantes, se amplían las dificultades de inserción de los recién llegados al mercado laboral y, al mismo tiempo, no siempre responden a los grupos de presión de los sectores de actividad que tienen escasez de mano de obra o que recurren a la inmigración para estabilizar el coste de la misma.

Canadá ya no parece estar a la altura de su reputación como sociedad y Estado abiertos a la inmigración y a la diversidad cultural. Las presentes generaciones de inmigrantes pagan un alto precio por su inserción en el mercado laboral, debido a las limitaciones de la política canadiense de pluralismo cultural y a los nuevos objetivos de la política de inmigración.

Sin embargo, cualesquiera que sean las limitaciones de esta política, se puede extraer una lección básica. Esta política contribuyó a la transformación de la jerarquía socio-ocupacional y política que organizaba la sociedad canadiense desde los años cincuenta y sesenta siguiendo líneas étnicas y raciales. Deslegitimó, aunque ciertamente no anuló, las ideas xenófobas, etnocéntricas y racistas, y creó un nuevo mandato en lo que se refiere a las relaciones sociales entre miembros de las mayorías y minorías culturales. Su impacto, aunque reducido, demuestra cómo la invocación de la universalidad abstracta de los derechos, frente a los efectos de la discriminación, es ilusoria y constituye una política de reproducción sistemática de las desigualdades.

Las autoridades públicas no sólo no pueden negar la existencia de prejuicios y competencias que limitan a individuos y grupos en la carrera económica, cultural y política, sino que deben actuar para no dejar que la discriminación y la idea única del mérito individual distribuyan en su totalidad la posición social de los extranjeros de nacimiento y de sus descendientes. Deben denunciar la concepción formalista de la universalidad de los derechos y de la igualdad, y adoptar programas de acción positiva, como los de lucha contra la discriminación y los de socialización de las poblaciones nativas ante la presencia de extranjeros, para reducir la estigmatización cultural, racial o actualmente religiosa que les crea dificultades en el mercado laboral y los relega a los márgenes de la escena política, de la información o simbólica. En este sentido, el discurso gubernamental y las medidas públicas tienen que desempeñar un papel fundamental en la lucha contra la discriminación, y el aparato del Estado debe ser el primero en abrir el camino a través de programas de acción positiva y de la socialización de los funcionarios en la diversidad.

De las intervenciones realizadas durante los años setenta y noventa, cuando el Programa de Multiculturalismo disponía de más medios financieros y suscitaba más interés de los políticos, deben extraerse otras lecciones. La acción del programa con las organizaciones comunitarias étnicas tomaba entonces la forma de relaciones estructuradas entre funcionarios y dirigentes de organizaciones étnicas, y creaba unos conocimientos gubernamentales en cuanto a la gestión de las dificultades de inserción y a las demandas de los inmigrantes. Tomaba también la forma de una financiación importante del funcionamiento o las actividades de las ONG que trabajaban en la inserción de los inmigrantes. De este modo, permitió a grupos sin capital financiero, como los haitianos de Quebec, asociarse, ofrecer servicios y defenderse contra el racismo. Y la suerte actual de los musulmanes, en particular en Quebec, donde la hostilidad respecto a ellos es alta, muestra en qué medida la reducción del presupuesto del programa y de los fondos de las ONG dificulta su organización y su movilización en la comunidad, cualesquiera que sean sus divisiones internas. Esta acción tomaba además la forma de intervenciones en las agencias semipúblicas, en las grandes empresas y en los medios de comunicación, para promover la aceptación y el respeto a los inmigrantes y minorías culturales.

Al hacer esto, de ninguna manera destruyó el vínculo social, generó guetos étnicos o hipotecó la lealtad de las minorías étnicas al Estado canadiense. Al contrario, según las investigaciones y sondeos existentes, consolidó esa lealtad.