Logros y limitaciones del multiculturalismo canadiense

La discriminación directa hacia las minorías visibles está viva en Canadá pero, como en otros países, se conoce mal a falta de denuncias sistemáticas de las víctimas. Una investigación de 2002, la Investigación sobre la Diversidad Étnica, que implicaba a una importante muestra de miembros de las minorías visibles, incluía la siguiente pregunta: "Durante los últimos cinco años, ¿cree haber sido víctima de discriminación o tratado/a injustamente por otras personas debido a su pertenencia étnica o cultural, a su raza o su color de piel, a su lengua o acento, o a su religión?". En todo Canadá, el 13 por cien de los inmigrantes, el seis por cien de los canadienses de origen inmigrante y de segunda generación, así como el cinco por cien de los de tercera generación contestaron afirmativamente y declararon sufrir discriminación, sobre todo en el mercado laboral. Sólo el 15 por cien de las personas procedentes de las minorías visibles dijo haber sido rara vez discriminado durante los últimos cinco años; el 17 por cien aseguró haberlo sido a veces; y el tres por cien a menudo, fundamentalmente en el trabajo. El grupo de las personas negras fue el que se declaró más discriminado, en especial por la policía. En el aspecto de discriminación religiosa, un nueve por cien de las personas de las minorías visibles de confesión no cristiana manifestaron sufrir alguna forma de discriminación.

Los estudios muestran cómo los mecanismos de aislamiento de las minorías visibles en el mercado laboral se traducen en diferencias de remuneración para cualificaciones similares, y diferencias de distribución ocupacional entre los trabajadores procedentes de las minorías visibles y los otros trabajadores canadienses. Sin embargo, hay otros factores que contribuyen a estas diferencias.

Los programas de igualdad en el empleo para las minorías visibles (1986, 1996), dirigidos a reducir los efectos de la discriminación sistémica aumentando su presencia en la función pública federal, en las empresas de Estado y en las compañías privadas que obtienen contratos estatales, sólo tienen efectos limitados, dado que no afectan al resto del sector privado, especialmente las pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas disponen de procedimientos de contratación formalizados que permiten con más facilidad el empleo de personas sin considerar su origen étnico. Así, están los casos de IBM e IKEA, que diversifican su contratación desde 2005, mejoran su imagen social y amplían su mercado. Las pymes no disponen de procedimientos similares, ni de margen de maniobra para asumir uno o dos puestos dedicados al control de la contratación; sus propietarios son más propensos a temer el efecto que dicha contratación tenga sobre su clientela y mano de obra. En Canadá, solamente los sectores de ingeniería, informática y tecnología punta son verdaderos mosaicos culturales respecto a la composición de su personal.

Para la gran mayoría de los empleadores del sector privado -exentos de la aplicación de las leyes, federal y provinciales, de igualdad en el empleo- el impacto de estas leyes no es significativo a escala del mercado laboral del país, y no puede ni oponerse, ni transformar los prejuicios y la competencia en el trabajo. Por otra parte, el objetivo de alcanzar un porcentaje de asalariados miembros de las minorías visibles igual al de los censos actualizados, por ejemplo, uno por cien de abogados de origen haitiano, implica un sesgo elevado. La discriminación puede impedir a muchas personas capacitadas, como por ejemplo abogados, encontrar un empleo. Por último, la propia aplicación de las leyes de igualdad en el empleo presenta una escasa financiación de los organismos encargados de su control.

Estas limitaciones de la intervención oficial no son, y no parece que deban ser, tenidas en cuenta por los gobiernos canadienses en el futuro. En efecto, la casi desaparición de referencias a los objetivos del Programa de Multiculturalismo en los discursos de los políticos canadienses y la reducción drástica del presupuesto del programa ilustran, desde mediados de los años noventa, un retroceso del compromiso de los gobiernos en la lucha contra la discriminación.

Estas limitaciones son más perjudiciales si se tiene en cuenta que, desde hace 20 años, se acumulan varios procesos para dificultar la inserción económica de los inmigrantes: la reducción del personal de las funciones públicas federal y provinciales; el proteccionismo de los colegios profesionales (médicos, ingenieros); las normas de convalidación de los títulos obtenidos en el extranjero; el cambio de la estructura ocupacional que redujo el número de empleos poco cualificados ocupados por inmigrantes; y una nueva competencia en el mercado laboral entre los inmigrantes y los naturales, ahora más formados.

En Norteamérica el índice de pobreza de los inmigrantes ha aumentado desde los años ochenta. En Canadá, en 2000, según el censo de 2001, los hombres inmigrantes recibían un salario de 0,44 euros por hora, en comparación con 0,70 euros para los naturales con el mismo nivel de estudios; en 1980, esa relación era de 0,50 euros para los llegados ese año. Además, en 2000, los inmigrantes con 10 años de antigüedad recibían por término medio 0,55 euros, frente a 0,70 euros para los naturales con el mismo nivel de formación; esta relación era igual en 1980 (0,70 euros). Hasta principios de los años ochenta, los inmigrantes superaban en 10 años la desventaja de no tener experiencia de trabajo canadiense, un argumento utilizado desde hace lustros en todo Canadá para pagarles menos. En el caso de las mujeres, el informe era más desfavorable.

Esta difícil inserción económica de los inmigrantes está aún más clara desde los años noventa. En 2001, el porcentaje de pobreza de los inmigrantes llegados antes de 1986 era del 19,7 por cien -un poco por debajo del de los naturales- pero el de los inmigrantes llegados después de 1991 era del 52,1 por cien. Según un estudio de Edward Harvey, de la Universidad de Toronto, la renta media de trabajo de los inmigrantes miembros de las minorías visibles bajó de 16.920 euros en 1991 a 16.169 euros en 1996, mientras que durante el mismo periodo aumentó a 21.649 euros en el caso de las personas de origen europeo. El porcentaje de inmigrantes pobres que pertenecían a una minoría visible aumentó también durante estos cinco años, del 25,1 al 34,3 por cien, mientras que la tasa de inmigrantes pobres de origen europeo creció débilmente, del 14,4 al 17,8 por cien.

La peor prestación económica de los inmigrantes llegados desde los años noventa se debe en gran parte a dos factores: una política de altos niveles de inmigración para responder a un objetivo demográfico, y no esencialmente a las necesidades del mercado laboral; y una selección drástica de los candidatos a la inmigración en relación con su nivel de estudios. Los gobiernos canadienses quieren garantizar una renovación de la mano de obra y reducir las tensiones en el mercado laboral admitiendo 250.000 o 300.000 inmigrantes anuales. A partir de 2011, el número de trabajadores que se jubilarán será superior al de los jóvenes trabajadores y las mujeres que entran en el mercado laboral, y la inmigración será la única fuente de crecimiento de la mano de obra canadiense. Actualmente, la inmigración supone los dos tercios del aumento demográfico canadiense.