Logros y limitaciones del multiculturalismo canadiense

3. El multiculturalismo conserva las identidades sociales y limita el acceso de los inmigrantes a los símbolos, más neutros culturalmente, de los que disponen los otros ciudadanos para definirse como miembros de la sociedad global canadiense. Esta crítica, formulada por los inmigrantes de de mayor nivel de formación y con mayor movilidad social, silencia la otra faceta del cultivo de las identidades; el aislamiento de la vida económica, cultural y política de los inmigrantes menos sobrados de capital humano y social.

4. Según una crítica de la derecha canadiense (Partido de la Reforma, Partido Conservador) a finales de los años ochenta, el multiculturalismo es una fuente suplementaria de división de una sociedad afligida por conflictos graves, con minorías demográfica y políticamente importantes, bajo la influencia cultural estadounidense, sin conciencia de constituir una comunidad histórica y cultural. Canadá no puede multiplicar las identidades ad infinítum y el multiculturalismo lo convierte en poco apto para unificarse y para definirse como sociedad nacional. En lugar de una promoción de las diferencias culturales, la norma debería ser una "adaptación cultural mínima" de los inmigrantes a la sociedad canadiense.

Esta crítica, según la cual el multiculturalismo favorecería la formación de guetos y la fragmentación de la sociedad siguiendo líneas raciales y culturales, se retoma a menudo en Europa. Sin embargo, no tiene ninguna validez. La Carta Canadiense de los Derechos y Libertades no crea ningún derecho colectivo para el mantenimiento de una cultura específica de los inmigrantes, sino que va dirigida a los individuos. El artículo 27 garantiza la diversidad multicultural en Canadá, hasta el punto de convertirlo en una cláusula interpretativa de los derechos individuales, y obliga a la conservación y a la promoción de la herencia multicultural de los canadienses como individuos, y esto en tanto que no se niegue ningún derecho individual. Los únicos derechos colectivos reconocidos se refieren a los francófonos, a las dos religiones mayoritarias y los autóctonos. Por eso es falso el argumento que sostiene que la institucionalización oficial del respeto a las diferencias culturales desemboca en la existencia de comunidades separadas, autoritarias, que niegan los derechos de los individuos. Las minorías inmigrantes no disponen de ninguna institución que garantice un cerrojazo comunitario, como los tribunales.

Por otra parte, la intervención oficial en favor de los organismos monoétnicos ha disminuido a lo largo de los años. Entre 1983 y 2002, las subvenciones concedidas a los organismos multiétnicos por el Programa de Multiculturalismo pasó del 41,2 al 56 por cien, y a los organismos monoétnicos, del 36 al 17,7 por cien. En cuanto al importe total de la financiación concedida a los organismos monoétnicos, se redujo en más de la mitad entre 1983 y 2002, y en un 75 por cien de 1991-93 a 2002. Desde hace 25 años los principales beneficiarios del apoyo del programa son instituciones públicas, semipúblicas, privadas o el público en general. Entre 2001 y 2002, más de un 80 por cien de los fondos concedidos se dirigían a adaptar la opinión pública y el funcionamiento de instituciones públicas o privadas ante la diversidad cultural o racial. La mayoría de los fondos se asignan a las coaliciones de organismos multiétnicos que sirven a la clientela de origen inmigrante: entre 2001 y 2002 recibieron más del 65 por cien de los fondos, comparado con el 10 por cien para los organismos monoétnicos. Estas coaliciones asumen en gran medida el mandato de transformar a la sociedad mayoritaria y, teniendo en cuenta que las iniciativas de sensibilización para la diversidad o de lucha contra la discriminación representaban, entre 2001 y 2002, el 47,7 por cien de las subvenciones asignadas, no se puede afirmar que sus intervenciones den lugar o refuercen una fragmentación cultural de la sociedad canadiense. La realidad es más bien que el programa no puede por sí solo reducir la fragmentación social generada por la discriminación, y que la disminución a la mitad de su presupuesto desde mediados de los años ochenta ciertamente no favorece su acción.

5. Las leyes y programas de igualdad en el empleo exigen la contratación de personas sin tener en cuenta los méritos y pretenden reparar una culpa causada anteriormente y ya superada. El primer argumento descuida el hecho de que no se puede saber si hay méritos cuando se excluye sistemáticamente a grupos de personas, de la población activa o de algunos puestos de trabajo, por razones que no tienen nada que ver con su competencia. El segundo argumento omite que una discriminación anterior tiene impacto en el estatus ocupacional presente de los grupos condenados al ostracismo en el pasado.

6. La última crítica es que la discriminación etnocéntrica y el racismo permanecen, y el multiculturalismo, al privilegiar indebidamente la dimensión cultural de las relaciones étnicas, enmascara el juego de poder en las sociedades pluriétnicas, así como las desigualdades socioeconómicas producidas por la discriminación. De hecho, una de las limitaciones del modelo canadiense es la permanencia de la discriminación étnica y racial y su efecto en relación con la inserción de los inmigrantes, pero hay otras limitaciones.

La política canadiense de gestión de la pluralidad cultural no contemplaba de ningún modo una transformación de la estructura socioeconómica del país; su objetivo era y sigue siendo ideológico: transformar la identidad canadiense al socializar a los miembros de los dos grupos llamados fundadores, los de ascendencia británica y francesa, en igualdad de derechos con las personas de otros orígenes, especialmente facilitando la inserción en la estructura ocupacional y política de los más formados y luchando contra las discriminaciones. El efecto de esta lucha no podría ser total; ningún Estado, salvo que sea totalitario e incluso así, puede transformar una sociedad civil, en este caso, borrar dos siglos de socialización de superioridad europea, blanca y de ideología étnica nacional.

El conjunto de medidas, programas y leyes que componen el modelo canadiense de gestión de la diversidad cultural surgida de la inmigración no suprime la discriminación; crea un clima social normativo de respeto de esa diversidad, favorece la reclamación de sus derechos por parte de los grupos étnicos y concede medios de reparación a las víctimas de la discriminación, a las personas agrupadas bajo la denominación de minorías visibles.

En el último censo, de 2001, la población canadiense (29 millones) comprendía un 18,4 por cien de inmigrantes, entendidos como personas nacidas en el extranjero. Las poblaciones de Toronto y Vancuver comprendían un 44 y 46 por cien, dos aglomeraciones que tienen ratios superiores a las de Miami (40), Los Angeles (31), Nueva York (24) o Sidney (31), y el porcentaje de personas pertenecientes a las minorías visibles era del 13,4 por cien. Aunque el porcentaje se había triplicado desde 1981 bajo el impacto de los flujos migratorios procedentes del sur de Asia y del este (China), Canadá seguía siendo un país de mayoría europea.