Otro plan para Darfur. UE, China y EE UU, ¿quién toma la iniciativa?

Todo se complica tras el fracaso de los acuerdos de paz de Abuja, en mayo de 2006. Los grupos rebeldes se han dividido en múltiples facciones enfrentadas entre sí. Los janjaweed no han sido desarmados, se han fragmentado e incluso enfrentado al gobierno porque se sienten abandonados después de haberlos embarcado en la destrucción de sus lazos tradicionales. El conflicto se ha extendido a los países vecinos, degenerando en una guerra de todos contra todos, con un vandalismo sin ninguna raíz política. Entre todos han convertido Darfur en una tierra sin ley.

Para hacer frente a esta situación, la ONU está desplegando en la región la mayor operación de ayuda humanitaria de su historia. Durante este año, 5,5 millones de sudaneses (2,9 millones en Darfur) recibirán 682.000 toneladas de comida, con un coste de 684 millones de dólares, de los cuales hoy sólo está financiado el 75 por cien. Gracias a ello, se los mantendrá vivos, aun en condiciones muy precarias. El esfuerzo logístico para acumular y repartir esos alimentos y para organizar la vida en los campos es enorme; se hace gracias a unos 12.000 trabajadores humanitarios que son, cada vez más, blanco de los ataques de las milicias.

El depósito de alimentos del campo de refugiados de El Geneina distribuye 10.000 toneladas mensuales de productos básicos, como lentejas, aceite, maíz y sorgo. Los Transáis del ejercito francés completan, a través del aeropuerto de Abeche, las reservas necesarias para la época de lluvias que ahora empieza. Pero las condiciones de seguridad han empeorado, los ataques a los civiles continúan, con 170.000 desplazados más en 2007, y la capacidad de las organizaciones humanitarias está en el nivel más bajo de los últimos tres años. Si las condiciones de seguridad no mejoran, será imposible distribuir los alimentos almacenados en zonas en las que el acceso es ya muy difícil. La situación puede ser dramática si la violencia impide a los trabajadores humanitarios seguir en el terreno.

El centro de coordinación de la ONU en Al-Fashir estima que una de cada cuatro personas no tiene acceso a la ayuda debido a las condiciones de una guerra que es ya de todos contra todos, sin frentes ni líneas claras de división entre combatientes, con las milicias árabes menos controladas que nunca por el gobierno sudanés, y un vandalismo puro y simple que se instala en un país desértico descompuesto por la violencia y la pobreza.

En el campo de refugiados de Koloma, en Chad, se han reagrupado unos 140.000 desplazados por los ataques a sus aldeas. Los jefes de las tribus atacadas no saben identificar a sus atacantes, genéricamente denominados "milicianos", árabes provenientes de Sudán, a pesar de los acuerdos de paz entre los dos países, o rebeldes chadianos o simples bandidos sin ninguna referencia política. No volverán a sus tierras sin protección y, cuando se les pregunta sobre la capacidad de la policía o del ejercito para proveer seguridad, su risa suena macabra en el desierto.

El papel de la AMIS, unos 7.000 hombres, merece especial consideración. En realidad, poco pueden hacer para proteger a la población civil. El coronel nigeriano al mando de un destacamento expresa su frustración, al afirmar que, más que un soldado, es un predicador, porque a las bandas armadas sólo puede amenazarlas con informar de su actitud. Y ciertamente no es con informes de destino incierto y nulas consecuencias como se conseguirá parar la violencia en Darfur. Los escasos efectivos de la AMIS, sin equipamiento suficiente, con un mandato que no les permite utilizar las armas para hacer respetar el alto el fuego y con numerosas bajas, bastante tienen con protegerse a sí mismos y no gozan de demasiada confianza entre la población civil.

A la AMIS se le había encargado desde el principio una misión imposible: mantener la paz en un contexto en el que no se respetaban los acuerdos de paz ni había un alto el fuego. Ha hecho lo que ha podido, perdiendo poco a poco operatividad y la confianza de la población ante una guerra que se ha convertido en una forma de vida para numerosos grupos organizados sin ninguna agenda política. Pero mientras no haya otra solución mejor, la AMIS debe ser apoyada. La UE lo ha hecho financiando la práctica totalidad de su despliegue; unos 445 millones de euros, más que los 322 millones de ayuda humanitaria propiamente dicha. El mayor peligro es una interrupción de su financiación y la Comisión Europea reconoce que, antes de fin de año, se producirá un "agujero" de dos meses, a razón de 23 millones de euros al mes, que no se sabe cómo pagar. Sirvan estas cifras como elemento de comparación con los 10 millones de euros que Sarkozy se comprometió a aportar en la reunión de París.

Los oficiales de la AMIS, de varias nacionalidades, con los que nos reunimos se quejaron de que hacía meses que no recibían su sueldo, a pesar de que el presupuesto comunitario ha pagado religiosamente sus compromisos... El comisario de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, Louis Michel, nos informa de que la Comisión ha enviado expertos financieros a Addis Abeba para ayudar a la UA a mejorar su gestión. De momento, no se atribuye la demora a comportamientos irregulares...

Hoy la situación en los campos está relativamente estabilizada, aunque su seguridad no está garantizada por nadie, ya que el sistema es frágil y vulnerable. Si se rompiese la cadena de ayuda, se produciría una tragedia de enormes consecuencias porque los refugiados no tienen más recurso que la alimentación básica que reciben del PMA y la relativa protección de los campos.

Otro de los problemas en la región es el settlement phenomenon (asentamientos de población), como resultado de un desplazamiento que en algunos casos dura ya cuatro años y no tiene perspectiva de acabar. Ello redunda en una violencia autóctona entre refugiados, presencia de grupos armados establecidos en el interior de los campos, desarrollo de nuevas estructuras tribales y formas de organización también nuevas. Además, los campos de desplazados de larga duración entran en competición económica con las ciudades a cuya vera se han establecido. Con oportunidades económicas escasas, surge una fuente de tensión añadida, especialmente con los jóvenes que no tienen acceso a la educación ni al trabajo. Toda una transformación cultural, sociológica y económica que está incubando una bomba de relojería.

Y todo converge en aumentar la violencia y la inseguridad. Por una parte, el gobierno sudanés niega la gravedad del problema y, por otra, no tiene la voluntad ni los medios para actuar con la energía necesaria. Sin un mínimo de seguridad, no es posible imaginar un desarrollo económico y ni siquiera un proceso de negociación que conduzca a la paz.