Bolivia y Chile, dos procesos políticos y una frontera

Economía abierta a todo el mundo, el mercado interno chileno, pequeño de suyo, está muy constreñido por la desigual y rígida distribución de la renta, que restringe el consumo de bienes y servicios considerados generales en Europa a una porción limitada de la población chilena. Por ejemplo, la normativa de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile (un mínimo de renta mensual para abrir una cuenta) reduce en la práctica la bancarización al 25 por cien de los chilenos. Los bancos guardan silencio porque eso les permite administrar el 80 por cien de las rentas del trabajo sin tener que perder tiempo y competitividad atendiendo a los clientes de menores ingresos. Sin embargo, la restricción del derecho a tener una cuenta corriente limita no sólo el número de clientes de servicios bancarios, sino que refuerza y simboliza la rigidez de la estructura clasista de la sociedad y de la segmentación del mercado interno.

La liberación del mercado interno por el aumento de la renta representaría un importante impulso al crecimiento económico, muy supeditado hoy al mercado exterior, a la par que sería una política connatural a un conglomerado político que se reclama de la justicia social y que tiene un segundo presidente socialista. Los estudios de opinión señalan que un porcentaje alto de chilenos piensa que el país va muy bien, pero a ellos les va mal. La desafección política de los jóvenes tiene también que ver con este capital asunto del modelo de desarrollo chileno.

La causa principal de la ya endémica situación son los bajos salarios de la mayoría de la población, situación que es percibida como requisito indispensable para que el sector exportador siga siendo competitivo. El mantenimiento de los bajos salarios se consigue principalmente a través de la subcontratación de un volumen importante de los procesos productivos y, por lo mismo, de un volumen creciente de la fuerza de trabajo. En la campaña presidencial los subcontratados de Codelco, la corporación minera estatal, plantearon una demanda que ha puesto de manifiesto que el Estado es el primero en abusar de la subcontratación. Según un dirigente socialista, por cada empleado fijo de Codelco, hay más de dos subcontratados y, sin contar las diferencias extrasalariales, el salario de los primeros triplica al de los segundos.

Un efecto derivado de la subcontratación toca otro punto sensible que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno. El tan alabado sistema de fondos de pensiones, del que Chile es pionero, hace agua por más de un flanco, siendo uno de ellos la baja afiliación y cotización, debido precisamente a que muchos de los subcontratos son a título individual y los trabajadores formalmente autónomos no hacen sus aportes sociales.

Si desde la perspectiva social, la situación es muy injusta, desde el punto de vista económico el mantenimiento de una gran parte de la población con muy bajos niveles de renta compromete la viabilidad a medio plazo del crecimiento económico y, a no tan medio plazo, la del modelo de previsión social, tanto en la atención sanitaria como en pensiones. Se trata, a nuestro entender, de un desafío central de la sociedad chilena al que tendrán que hacer frente Bachelet y su prestigioso ministro de Hacienda, Andrés Velasco (profesor titular de la Universidad de Harvard que ya asesoraba a Lagos) y varias ministras y ministros del área social, que tendrán que dar forma a una estrategia de evolución de la política económica y social que incluya la reforma, no cosmética, del sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), a la profundización de las políticas de redistribución del ingreso y al incremento de la inversión pública en salud y en educación, contando los recursos generados por el incremento del precio del cobre.

Las expectativas abiertas en Bolivia son inmensas, demasiado inmensas, pues, a la postre, aunque una lectura atenta del programa del MAS proporciona buenas dosis de realismo, el mensaje recibido por la sociedad ha sido que se pretende cambiar todo. La idea de refundar el país no es un eslogan, sino una necesidad. Bolivia se conformó como país con territorios inconexos y comunidades humanas muy dispares. La minoría mestiza que conformó el Estado no ha sido capaz de articular territorios y de institucionalizar mínimamente el país hasta hace bien pocos años. Las grandes mayorías, conformadas básicamente por los pueblos originarios, son las que, de formas distintas, sienten que ha llegado su hora, la hora de dar forma a un país incluyente de todos los territorios y de todos los pueblos. Este el asunto de fondo que late bajo los discursos de Morales y de García Linera en la toma de posesión ante el Congreso.

Ése es, en definitiva, el sentido de la Asamblea Constituyente, insoslayable para la pretensión de refundar el país, aunque puede crear incomodidades y problemas de gobernabilidad en los primeros años del mandato de Morales, quien reitera con vehemencia que la Asamblea, que deberá constituirse en agosto de este año, tendrá un carácter "originario"; es decir, podrá debatir y modificar absolutamente todo: régimen de propiedad, cultural y territorial, y la estructura del sistema político.

La construcción de la nación en su vertiente económica es el objeto primordial de reflexión de García Linera, que venía proponiendo un modelo de desarrollo que ha bautizado sin ambages como "capitalismo andino-amazónico", en el que coexistirían las tres plataformas económicas existentes: la economía moderna, ligada a la explotación de los recursos energéticos y mineros, en que el Estado y las empresas trasnacionales han de encontrar su forma de asociación; las empresas modernas industriales, comerciales o agrícolas y la economía campesina o artesanal de la que subsiste la gran mayoría de las familias. Según el ideólogo-vicepresidente, es posible y necesario construir una modernidad económica boliviana vinculada a los mercados globales y al desarrollo tecnológico, de cuya eficacia dependerá que el Estado pueda canalizar recursos para la mejora productiva y social de millones de familias campesinas, pequeños productores y comerciantes que, además, se mueven según otra racionalidad económica, en cuanto a la organización del trabajo, los sistemas tecnológicos, las formas organizativas y la mentalidad de ahorro.