Por eso, parece lógico aprovechar las motivaciones iniciales, que pueden estar principalmente vinculadas a intereses más personales (en el caso de las reformas domésticas, por ejemplo, búsqueda de confort), y tratar de satisfacerlas al tiempo que se difunden y plantean también las ventajas ambientales de esas iniciativas. Esta fórmula es más inteligente que la de crear atmósferas en las que se apela sólo a motivaciones elevadas , relacionadas con el bien colectivo y la protección ambiental.
De hecho, muchas de las opciones orientadas a la reducción de emisiones de gases invernadero poseen beneficios añadidos, tangibles y a corto plazo, que deben ser considerados y resaltados: por ejemplo, las energías renovables generan más puestos de trabajo y disminuyen nuestra dependencia energética; la reducción de emisiones tiene efectos beneficiosos sobre la salud, al mejorar la calidad del aire, etc.
El valor de las iniciativas colectivas
Contamos con diferentes evidencias que indican que, con la información y sensibilización adecuadas, las personas pueden emprender algunas iniciativas individuales de bajo coste tales como colocar lámparas de bajo consumo o elegir modelos de electrodomésticos energéticamente eficientes. Sin embargo, parece más difícil que desde la iniciativa personal se logre la generalización de comportamientos tales como reducir de forma importante las emisiones derivadas de nuestras pautas de movilidad o de nuestras pautas de consumo. Y son precisamente estos aspectos los que tienen mayor peso en las emisiones.
Ya hemos citado algunas barreras a la acción: el coste percibido de la acción responsable, la insignificancia otorgada a la acción individual, la dilución de responsabilidades o el peso de unos contextos pensados para unas formas de vida de alta energía.
Ciertamente estas barreras pueden contribuir a explicar por qué incluso la gente sensibilizada, informada y capacitada no es proclive a realizar sacrificios ahorradores por propia iniciativa. Pero la naturaleza de estas barreras también podría sugerir que las iniciativas de carácter colectivo podrían facilitar los necesarios cambios.
¿Por qué la gente podría estar dispuesta a aceptar desde la "imposición" de las decisiones públicas lo que no está dispuesta a hacer desde las elecciones personales? Hay, por lo menos, tres argumentos que podrían apoyar esta idea:
La barrera de la percepción de la insignificancia de la acción individual queda superada cuando lo que se plantean son acciones colectivas.
El coste percibido de las acciones ahorradoras también se puede atenuar, al menos por dos motivos:
a) los humanos valoramos nuestra calidad de vida utilizando a los otros como punto de referencia; si todos resultamos afectados el esfuerzo nos resulta más aceptable.
b) las iniciativas colectivas pueden incidir sobre el coste percibido de los comportamientos, utilizando incentivos al cambio o penalizando las conductas indeseables.
Sólo desde la iniciativa pública parece posible actuar sobre los contextos que obstaculizan los comportamientos que conllevan emisiones reducidas o superar situaciones de bloqueo como la descrita para el caso del automóvil.
En todo caso, es evidente que no podemos dejar de otorgar valor a la sensibilización y el cambio personal, ya que sin un apoyo ciudadano convencido será muy difícil poner en marcha iniciativas colectivas adecuadas para un cambio de cultura energética.
Un ejemplo: los ciudadanos más concienciados con los problemas ambientales tendrán dificultades para reducir de forma sustancial su uso del automóvil particular, pero aceptarán de mejor grado que los no informados o sensibilizados el que se tomen una serie de medidas que desincentiven el uso del automóvil y abran paso a fórmulas de transporte menos contaminantes (peatonalización de calles, inversiones en la mejora del transporte público o, incluso, subidas en el precio de la gasolina).
La traducción de estas reflexiones, sin duda parciales e incompletas, al trabajo práctico frente al cambio climático no es, en todo caso, una tarea fácil; en el campo de la intervención social, parece prioritario reorientar las iniciativas de comunicación y educación frente al cambio climático, integrándolas además, cuando sea posible, con otras herramientas de la gestión pública orientadas a promover respuestas adecuadas y responsables frente al problema
[ 7 ] . Por otra parte, es necesario generar procesos de participación social orientados a la búsqueda de soluciones en el marco colectivo. Resulta impensable abordar unos cambios de la magnitud de los requeridos sin un amplio consenso social y un esfuerzo compartido. Y los procesos participativos constituyen la mejor vía para lograrlos.