Sin embargo, este discurso en pro de la sostenibilidad está lastrado por la subordinación a los intereses económicos de las grandes empresas, cuyos lobbies tan ágilmente se mueven por los pasillos de las instituciones europeas. Como resultado de la primacía del poder industrial y financiero, tenemos el apoyo irracional a las grandes infraestructuras de transporte (autopistas, trenes de alta velocidad, aeropuertos y superpuertos, centros logísticos de distribución, etc.), provocando costes ambientales inaceptables. Por el contrario, el compromiso en cuanto a la reducción de emisiones causantes del efecto invernadero, aun insuficientes, responden a la voluntad de cumplir el protocolo de Kioto, plasmado en la Decisión 2002/358/CE y en la Directiva 2003/87/CE, que establecen un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y fijan el objetivo de reducción del 8%.
Siempre las normas van por detrás de los hechos, pero por delante de los cumplimientos. Por ello, no es baladí, al tiempo que se rechaza la Constitución Europea, luchar desde el ámbito ecologista por un cuerpo legislativo coherente y operativo en los ámbitos de biodiversidad, sustancias químicas, agricultura, fondos de cohesión, transporte, cambio climático, residuos, política exterior, cumplimiento de la legislación y acceso a la información. En la medida que los ciudadanos participen en la toma de decisiones, tendrán garantizados su salud y su bienestar y aumentarán su sensibilización respecto de los problemas ambientales.
Si queremos erigir los derechos de las personas por encima de los derechos de los mercados, ayudar a los países más atrasados, cooperar en la resolución pacífica de los conflictos, garantizar la sostenibilidad ambiental, no parece que el fomento de las singularidades e identidades contribuya a conseguir unas relaciones basadas en la equidad. Queremos derribar fronteras, sí, pero no para facilitar los movimientos de capital y mercancías, sino para acercar a los pueblos. Por eso resulta tan decepcionante la política de inmigración que consolida el texto de la Constitución. Al ofrecer a los inmigrantes "controles de las personas", "vigilancia eficaz en el cruce las fronteras", "restricciones a la libre circulación", estamos consolidando un multiestado basado en la exclusión y el rechazo.
El proyecto europeo es un proyecto sin alma, al servicio de la Europa del capital, que debe merecer de las organizaciones sociales y de las personas progresistas un rotundo "no" en la consulta de febrero de 2005. No se trata de euroescepticismo , sino de euroinsatisfacción , de eurorechazo .