Unidad y diversidad de las naciones en España. Una visión panorámica

Como es conocido, la comunidad política que constituía la España del Antiguo Régimen se caracterizaba por ser una «Monarquía compuesta», cuyos principios fundamentales de legitimidad radicaban en la fe católica y la lealtad dinástica. Y dentro de la Monarquía compuesta, en su modelo habsbúrgico coexistía una amplia diversidad de Fueros territoriales, situaciones jurídicas y políticas diversas, también con obligaciones diferentes. El proceso de concentración de poderes en la Monarquía se acentuará con la dinastía borbónica, aunque posee raíces anteriores (por ejemplo, la Unión de Armas del conde duque de Olivares). Mas dentro de ese proceso, que distaba de estar concluso en 1808, persistían sin embargo numerosas excepciones procedentes de la etapa habsbúrgica, entre ellas los Fueros vasco-navarros. Al mismo tiempo, la concentración de poder en la Monarquía y la extensión de la idea de que a un soberano debía corresponder un cuerpo político lo más homogéneo posible en leyes, usos y costumbres, fue sentando un protonacionalismo moderno al que sólo le faltaba la idea de la nación como titular de la soberanía.

Tras la revolución liberal que desencadenó el proceso de reacción a la ocupación napoleónica (o «Guerra de la Independencia »), el principio de la soberanía nacional se afirmó en el pensamiento liberal español, juntamente con una cierta nostalgia e idealización cuasi medievalizante de las «Constituciones históricas» y las Cortes medievales, elemento que buscaba destacar el carácter puramente hispánico, y por lo tanto libre, de presuntas contaminaciones foráneas, del liberalismo al sur de los Pirineos. Junto a ello, la lucha entre absolutistas y liberales, resuelta de manera provisional en 1833 con la implantación del primer Estado liberal de impronta liberal-moderada, trajo consigo algunas peculiaridades de la relación entre unidad y diversidad en España, al menos contempladas en una perspectiva comparativa.

De entrada, los «jacobinos» españoles se situaron a la «derecha »: los liberales moderados fueron partidarios de la centralización, y crearon las provincias. Siguieron en parte el modelo francés, pero sólo en parte. Pues las provincias españolas, a diferencia de los departamentos franceses, no destrozaron los límites de las regiones «históricas» o provincias del Antiguo Régimen. Por otro lado, la lucha contra los carlistas no acaba con los Fueros, que persistieron bajo formas renovadas tras la Ley de Abolición Foral en 1839 y la Ley Paccionada de Navarra de 1841, y crearon una permanente situación de excepcionalidad que no desagradaba a esos mismos liberales moderados, en la medida en que el modelo representativo de las provincias vascas parecía a muchos de ellos un perfecto ejemplo de «armonía preliberal» y orden social. Si el pensamiento conservador español optó por un modelo centralizador, no lo hizo nunca de modo decidido y uniforme. Además de la «cuña vasca», que introduce un elemento de asimetría territorial permanente en todos los diseños de estructuración territorial del Estado por parte conservadora, incluso bajo el franquismo, también existía en buena parte de él y persistió hasta el franquismo una cierta desconfianza hacia el centralismo laminador de las diferencias. Esa desconfianza se expresó a su vez en una nostalgia reactualizada del viejo principio preliberal de la Monarquía compuesta o austracista, luego reformulado de diferentes maneras (por ejemplo, la Monarquía federativa de un regionalista gallego católico-tradicionalista como Alfredo Brañas o, con matices, de un tradicionalista como Juan Vázquez de Mella; pero también en las fórmulas de acomodación neoforal dentro de una nación española compuesta elaboradas en tiempos más recientes por Miguel Herrero Rodríguez de Miñón); así como en una reticencia amplia hacia la provincia por ser invención «francesa», rechazo que fue patente en autores conservadores autoritarios como José Calvo Sotelo o José María Pemán, por ejemplo.

Sin embargo, por un lado las provincias fueron un instrumento más seguro para el centralismo que las regiones. Aquellas no constituían una plataforma de reivindicación historicista de derechos políticos perdidos y presentes. Y, por otro lado, las provincias de nueva planta y sus instituciones también contribuyeron a reforzar, reformular y crear identidades mesoterritoriales, que en muchos casos erosionaron las identidades regionales, no tan «naturales» como a priori se pensaba. Los diversos niveles institucionales desarrollaron a su vez una tarea de construcción nacional, pero también de construcción de la región y de construcción de la provincia. Y las ciudades se convirtieron a su vez en lugares de memoria y generadores de identidad colectiva por sí mismas. Los procesos de articulación de identidades territoriales en la España contemporánea estuvieron sujetos, pues, a geometrías variables.

En todo caso, y esto es algo cada vez más subrayado por la historiografía reciente, en el pensamiento conservador siempre hubo un amplio espacio hacia el reconocimiento de la «diversidad» hispánica, traducida también en términos político-institucionales y en políticas de reconocimiento cultural, y hasta cierto punto también simbólico. Si en determinadas épocas, particularmente en las dos dictaduras autoritarias del siglo XX, acabó imponiéndose otra variante, más identificada con la imposición de una administración centralizada y que consideraba a las provincias como únicos intermediarios entre el ámbito local/mesoterritorial y el Estado, el recurso a las antiguas «regiones» como ámbito de identificación social y cultural nunca desapareció del todo. Pero desde las instancias oficiales se recelaba, al mismo tiempo, de ese ámbito, particularmente desde el nacimiento de los nacionalismos subestatales.

Los «girondinos» españoles, en cambio, se situaron hacia la izquierda. La nostalgia por las «libertades provinciales» encarnadas en las asambleas del Antiguo Régimen, en Cortes medievales y en fueros territoriales fueron vistas por el liberalismo radical, progresista y, más tarde, el republicanismo como la forma más eficaz de recuperar una auténtica tradición democrática hispánica, además de como una vía de realización de la democracia en el ámbito local. De ahí que el republicanismo español nazca con una fuerte dosis de historicismo y de apelación a la diversidad. De esa matriz surgieron diferentes lecturas, andando el tiempo, que se combinaron con la recepción de otras influencias ideológicas, empezando por la doctrina de Proudhon.

1) La federación basada en el pacto sinalagmático, desde los municipios a la nación, aunque teniendo en cuenta las huellas de la cultura y la historia a la hora de definir las unidades a federar, que simétricamente y en progresión ascendente conformarían la nación española.

2) La tendencia de raigambre pimargalliana, basada en la consideración de los «antiguos Reinos» y unidades definidas por la historia y la etnicidad como estados federados, que a su vez conformarían la nación española.

3) Otra parte del republicanismo, sin embargo, evolucionó desde finales del siglo XIX en dirección opuesta, siguiendo el ejemplo de la Francia republicana y del pensamiento positivista. Hacía falta crear un Estado fuerte, sin concesiones a los «carlistas» y fueristas, para afianzar la labor de reforma y laicización del Estado.