Un pueblo quiere democracia

La democracia exige unos presupuestos previos sin los cuales no es posible comenzar su construcción: que haya un pueblo que la quiera. Tal es el primero de los a priori de la democracia. Montesquieu constataba con su conocida sagacidad «cómo es necesario que los espíritus estén preparados para las mejores leyes» porque «la libertad misma ha parecido insoportable a aquellos pueblos que no estaban acostumbrados a su disfrute.

Es así como quienes han vivido en cenagales, a veces no soportan el aire puro» ( El espíritu de las leyes , XIX.2).

Pues bien, sin entrar en el interesante debate suscitado hace algunos años en torno al grado de protagonismo que en la transición desempeñaron respectivamente los políticos y la sociedad, el cenagal del que estábamos saliendo a principios de la década de los setenta no había atrofiado nuestra aspiración de democracia como puso de manifiesto la movilización ciudadana contra la dictadura y contra quienes pretendían continuarla por otros medios. En 1975 se daban algunos presupuestos previos que hicieron posible la construcción de un sistema democrático y que, según John Stuart Mill, son estos tres: a) que el pueblo esté dispuesto a aceptar dicho sistema, b) que tenga la voluntad y la capacidad de hacer lo necesario para mantenerlo y c) que tenga voluntad y capacidad para cumplir los deberes y llenar las funciones que le imponga» (J. S. Mill, Del gobierno representativo , Tecnos, 2ª ed., 1994, págs. 44 y ss).

Y en 1975 la mayoría de los ciudadanos españoles querían un sistema democrático; establecerlo y defenderlo. Por eso podemos decir que se daban los presupuestos previos para que la Constitución de 1978 pudiera convertir en derecho legal el derecho vivo en la sociedad.

Es tradicional entre los teóricos tanto del derecho como de la sociología discutir en torno a la función que desempeña la ley en el cambio social. A la visión más mecanicista, fomentada por la concepción marxista del derecho y del Estado que ve en el derecho una superestructura que se limita a reflejar unas relaciones económicas y sociales -esto es, la concepción del legislador como fotógrafo-, le ha sucedido una concepción más realista y dinámica que considera que el derecho también puede desempeñar papel de motor del cambio social. Que el derecho no sólo está ahí para congelar en la ley unas determinadas relaciones económicas o políticas sino que es un instrumento que se puede utilizar para provocar cambios sociales; especialmente, cambios en las prácticas, los usos y las costumbres que pueden terminar interiorizándose como nuevos valores sociales, como moralidad positiva de una determinada sociedad. Pero, aun cuando se daba un sentimiento difuso a favor de la libertad, la moral cívica de sociedad española de los años setenta tenía un tinte autoritario, zafio e intolerante. La Constitución no podía consagrar en fórmulas legales esta moralidad positiva; no podía limitarse a ser espejo fiel de los valores imperantes. Quería ser, y terminó siendo, en un primer momento, el motor del cambio social.

Me atrevo a afirmar que la Constitución -con su desarrollo legislativo - fue por delante de la propia sociedad, deshaciendo prejuicios, combatiendo rasgos propios de una sociedad autoritaria, eliminando auténticos contravalores y generando nuevos modelos de comportamiento social. Los principios de libertad e igualdad consagrados en nuestra Constitución han dado lugar a la prohibición de la pena de muerte o a leyes como el divorcio o el aborto (cuya aprobación tanto escándalo y polémicas suscitaron en su momento), o la eliminación de todo tipo de discriminación existente en nuestro viejo código civil o penal y que supuso la profundización de la idea de autonomía personal hasta unos niveles desconocidos en España. Creo que, hasta cierto punto (y si tenemos en cuenta las grandes polémicas que suscitaron entonces y la nula o escasa conflictividad que hoy generan), esta Constitución ha sido más moderna y avanzada que la propia sociedad española.

Pero la democracia no son sólo instituciones, normas y procedimientos como los que instituyó nuestra Constitución. Una buena ingeniería constitucional -indispensable en los momentos fundacionales como el vivido en la década de los setenta y de cuya eficacia dan buena prueba los resultados medidos en niveles de libertad, progreso e igualdad- no puede proporcionar por sí sola todo lo que necesita la construcción de la democracia. Además de unas determinadas y necesarias instituciones, la democracia es un estilo de vida; una forma de vivir en política; unos «deberes» que obligan tanto a los ciudadanos como a los dirigentes.

No hace mucho leía en cierto constitucionalista alemán, Bökkenförde, que «una ordenación aceptable de la vida en común de los hombres no puede crearse y articularse sólo a través de aspectos referentes a la organización, la participación, la legitimación y la existencia de controles, esto, mediante disposiciones de carácter racional-funcional. Más allá de esto necesita también de orientaciones, concepciones y realizaciones de tipo ético-normativo» (Böckenförde, Estudios sobre el Estado de Derecho y la Democracia , Editorial Trotta, Madrid, 2000, pág. 156).

Por eso, la construcción de una democracia, además de una buena ingeniería constitucional y cierta infraestructura social (ausencia de un sistema de castas, eliminación de cualquier forma teocrática de gobierno, una cierta homogeneidad social expresada en la existencia de un nosotros que se forma fundamentalmente a través de la educación y ciertas prestaciones económicas y sociales), precisa generar y hacer florecer todo un conjunto de usos, hábitos, costumbres, prácticas y valores compartidos. La democracia no son sólo derechos por más que en la conciencia popular se haya terminado desgraciadamente por identificar democracia y derechos. La democracia implica también deberes. Sin estos -lo que podríamos llamar el ethos democrático- la democracia es una cáscara vacía que, como ocurriera con la República de Weimar y con nuestra propia República, es incapaz de hacer frente a los ataques de sus enemigos.

Esto es, la democracia, además de instituciones bien diseñadas y un nosotros siquiera sea incipiente, precisa de una infraestructura moral que la defiende.

Es esta infraestructura moral entendida como un concreto y preciso conjunto de usos, prácticas, costumbres o valores, la que no había podido florecer en nuestro país durante buena parte del siglo XX. Ese auténtico capital moral, ese ethos democrático era imposible que floreciera y se desarrollara en el seno de una tan larga dictadura. No pasa en balde una dictadura por encima de un país. Y cuando esta desaparece, lo más difícil no es el reestablecimiento de normas, instituciones y procedimientos típicos de la democracia sino construir o reconstruir ese tejido de moralidad cívica que precisa para su florecimiento y maduración. Esta tarea es mucho más difícil; y requiere mucho tiempo. Por eso la democracia precisa un aprendizaje; en sus dirigentes y en sus ciudadanos.