Los vascos en el tiempo de la nación

Esto no fue sino una pírrica victoria retórica del antifuerismo que debe achacarse al carácter movilizador que adquirió en su calidad de nacionalismo de Estado, que hizo imaginar en la opinión pública la existencia de una sintonía total entre las movilizaciones nacionalistas antivascas que se sucedieron desde el fin de la guerra y la promulgación de una ley que, en realidad, trató tanto de garantizar el mantenimiento de unos regímenes provinciales que, en realidad, gozaban del respeto de buena parte de las clases conservadoras. La Ley de fueros refleja cómo el régimen de Cánovas se preocupó bien en ahogar el nacionalismo cívico manifestado en la movilización antifuerista, producto de la cultura política del Sexenio. El estadista malagueño había mostrado siempre una gran simpatía por las provincias forales. Los vascos seguían siendo un modelo a seguir para el conjunto de los españoles, un símbolo patriótico referencial que estaba vinculado a unas instituciones forales «encarnadas en cada uno de los vascongados y que constituyen su manera de ser social, política y económica», según dejaría sentenciado en el preámbulo al Real Decreto de 28 de febrero de 1878 que daba origen al régimen de Conciertos. El fuerista Mateo Benigno de Moraza, en su encendido alegato en las Cortes en defensa de los fueros previo a la definitiva sanción de la ley, ya había dejado claro, desde un patrón ideológico común al jefe del Gobierno, que la cuestión que se ventilaba «no es una cuestión de mera localidad (...) [es] esencialmente nacional». Afectaba al fundamento de la nación, «a la más perfecta organización» de la familia española, que era la vasca. Y Cánovas era muy sensible a este simbolismo étnico de los vascos en el imaginario de la patria, tal y como había detectado el diario bilbaíno La Guerra en 1873 cuando le acusaba de pintar unos vascos «como desearía él que fueran todos los españoles».

No puede, pues, decirse que los fueros vascos fueran realmente abolidos con la Ley de 21 de julio de 1876 sino, en todo caso, un año después, debido a la disolución de las diputaciones forales impuesta por el Gobierno por no aceptar éstas la aplicación de dicha ley. Y ello sólo en el ámbito institucional, nunca en el cultural. Y es que el Estado no nacionalizó las provincias vascas en la forma que había demandado el nacionalismo español del Sexenio, con lo que permitió el mantenimiento de la cultura foral y, al sancionar dos años después un régimen de Concierto cuya legitimidad hacía derivar claramente de la tradición foral, alentó la desigualdad entre los españoles con arreglo a criterios étnicos. Pese a que la resolución constitucional del contencioso político con los vascos acabó con buena parte de las exenciones tradicionales que disfrutaban esas provincias, el espíritu de esa ley demuestra que, simplemente, se pretendió adecuar la foralidad vasca a la unidad constitucional del Estado, pero divorciándola de cualquier deseo de afirmación de la nación cívica.

El bienio 1876-1878 refleja que las élites del nuevo régimen alfonsino renunciaron a construir un auténtico Estado integral porque temieron su deriva democrática. Por ello favorecieron la reubicación política y reactivación de pervivencias del Antiguo Régimen susceptibles de modernización como el caciquismo o la propia foralidad, todo ello en el seno de un nuevo parlamentarismo más abierto que el de la época isabelina. El Estado permitió un nuevo régimen de exención de las provincias vascas respecto de la norma jurídica general. Quizá por ello Manuel Azaña, que hubo de lidiar con las consecuencias de esta política en la España de la II República, no dudó en calificar en 1933 el régimen de Concierto como «monstruoso». Porque lo que con él volvía a fracasar era el principio de igualdad ciudadana como significado primordial de la identidad nacional. El mismo principio que había sacado a la calle y al espacio público a miles de ciudadanos entre 1872 y 1876 en contra de los fueros vascos y en favor de la patria española.

La polémica foral muestra que la nación se había convertido, gracias al horizonte abierto por el primer experimento democrático de la historia de España, en el centro de la vida política y cultural. Constituyó el núcleo de la reivindicación antiforal y apareció como la protagonista absoluta del debate político de la época. Francisco Calatrava, a poco de que las cámaras del Congreso se abrieran para debatir la Constitución de la Restauración, dedicaba su estudio sobre los vascos y sus fueros «a esta ilustre nación, que clama por su unidad, por la paz y ventura de sus hijos, por la igualdad, libertad y confraternidad de todos ellos» y que «mediante sus mandatarios legales, se apercibe a deliberar, a legislar y juzgar sobre sus derechos, sus intereses y destinos». El régimen de 1868 cabalgó a lomos de un nacionalismo cívico que permeaba intensamente el discurso antifuerista incluso cuando ya había entrado con fuerza el tiempo de la Restauración.

La idea de nación empleada durante la guerra y posguerra se sustentaba en similares criterios de civilidad, romanticismo y estética urbana que los elaborados en los países del entorno. La España defendida contra los fueros y el carlismo, asociada a los soldados que caían en el campo de batalla, a los héroes de la guerra, al martirio y al sacrificio colectivo, a la soberanía de las Cortes, a la localidad o provincia y a imaginarios femeninos, familiares y religiosos de una intensa carga afectiva era imaginada como una «nación progresiva» y era asociada explícitamente a la Italia de Cavour, la Alemania de Bismarck o los Estados Unidos de Lincoln. La integración de las comunidades étnicas campesinas, como los vascos, los bretones o los corsos (o las comunidades indígenas en Argentina, México o Estados Unidos), en las culturas oficiales de los Estados nacionales era un paso fundamental para consolidar internamente antes de lanzarse a la posterior civilización de otros pueblos primitivos foráneos como los rifeños, los zulúes o los malgaches.

Abolir o modificar los fueros significaba, para la opinión española, alcanzar, en palabras del fuerista Fermín Lasala y Collado, la «última etapa de la unidad nacional» que permitiría acabar con la decadencia que había atenazado a España durante tres siglos y lograr su regeneración de la mano del imperio. El antifuerismo es buen reflejo de la presencia de una fuerte cultura nacionalista en la sociedad española de aquellos años.

No puede obviarse que la identidad nacional era adquirida por una parte aún muy minoritaria de los españoles, pero también que el proceso de esa adquisición era bastante más complejo que el que suele presentarse. Se solapó a otras formas de adhesión y lealtad tradicionales o novísimas: a la localidad y a la región, al Estado y a la religión, a la ideología y a la clase...