Al mismo tiempo, acelerados cambios políticos, sociales y económicos estaban creando nuevos desequilibrios y tensiones en la sociedad. Un proceso desigual de industrialización produjo agudas diferencias en el desarrollo regional, el movimiento romántico puso los fundamentos del nacionalismo lingüístico y engendró una nostalgia por un pasado mítico o idealizado en las distintas comunidades de España, y el estado español decimonónico no logró aceptación, demasiado centralizado para algunos y demasiado poco para otros. Las numerosas divisiones dentro de la sociedad española quedaron expuestas claramente en el período revolucionario de 1868 a 1875, durante el cual un gobierno provisional fue seguido por una monarquía constitucional, y ésta por una efímera república federal, a su vez sustituida por una monarquía parlamentaria. Sin embargo, se tomaron importantes iniciativas en estos años caóticos. La Constitución de 1869 fue la más democrática que España había poseído hasta entonces, basada como lo estaba en el sufragio universal y el reconocimiento explícito de los derechos de reunión y asociación. El abortado experimento federal fue el primer intento de resucitar « la España horizontal» desmantelada por los Borbones entre 1707 y 1716.
Es importante recordar que este drama decimonónico se representaba en una España que todavía tenía importantes posesiones coloniales. La pérdida en 1898 de las últimas colonias (Cuba, Puerto Rico, las Filipinas) no sólo tuvo un profundo impacto psicológico, sino que además redujo a España por primera vez desde 1492 a sus territorios peninsulares, junto a las Baleares, las Canarias y los enclaves africanos. La pérdida de un imperio, como los británicos hemos podido comprobar después de 1945, tiene el efecto de concentrar en la antigua metrópoli las energías y los intereses que an-tes se dirigían a ultramar, y conduce a demandas de reajustes constitucionales por parte de regiones y comunidades que desean ejercer un mayor control sobre su propio cupo de un espacio nacional reducido.
Se puede considerar que el desastre de 1898, al limitar los horizontes nacionales, agudizó las tensiones en el sistema político español y precipitó la lucha del siglo xx sobre la identidad nacional y la relación de la nación con el estado. La segunda república y la dictadura de Franco trataron de resolver estos conflictos de formas diametralmente opuestas. El fracaso de ambos intentos de reconstruir España en ganarse la voluntad de partes esenciales de la sociedad dejó abierto el camino después de 1975 para esa brillante combinación de improvisación y de pensamiento creativo que produjo la Constitución de 1978.
Esta vez, a diferencia del período posterior a 1812, las tendencias europeas internacionales trabajaron a favor, y no en contra, de la creación y la implantación de una constitución liberal y democrática. Una España ya sin imperio ni pretensiones imperiales buscaba una legitimidad que sólo podía provenir de la aceptación plena de una comunidad europea que la había mantenido a distancia. No tenía en efecto ninguna parte adonde ir sino en dirección a Europa. La constitución resultante fue, pues, fundamentalmente europea en su articulación de principios fundamentales. No obstante, se inspiraba a la vez profundamente en la experiencia conocida del pasado español en su busca de una síntesis que tratara de reconciliar distintos intereses y preocupaciones, y de cicatrizar las heridas del cuerpo político.
Con estas palabras he intentado explicar y explorar algunos aspectos de ese pasado en lo que por fuerza ha sido un resumen muy selectivo de unos ochocientos años de historia hispánica, a partir de la convocatoria de las Cortes de León en 1188. Durante esos ocho siglos ha habido, según me parece, algunas constantes. Una de ellas es la continuidad, a pesar de muchas vicisitudes, de una tradición constitucionalista que busca una relación de equilibrio y reciprocidad entre las demandas del ejecutivo y los derechos de la comunidad. Otra es la persistencia de una tensión, en modo alguno condenada ser un agente destructivo, entre fuerzas centrípetas y centrífugas en la sociedad peninsular. Y una tercera es la perseverancia de la idea de España como algo más que el ajuntamiento de sus distintas partes.
En diferentes períodos históricos estos elementos concurrentes han estado sometidos a un proceso periódico de remodelación, en la medida en que se le daba una importancia renovada a uno a expensas de otro como respuesta al contexto de la época. La España horizontal de la monarquía compuesta de los Austrias fue sustituida por la España vertical de los Borbones dieciochescos. La España contemporánea, con su logros y sus problemas, se remonta a la proclamación en la Constitución de 1812 de la soberanía del pueblo, que volvió a trazar el plano para los siglos xix y xx sin borrar la memoria de lo que había pasado antes. Las sombras de la España horizontal y vertical todavía luchan por la supremacía.
La Constitución de 1978, tal como la veo, es un valiente intento de remodelar los elementos una vez más. Con la creación de un estado democrático y aconfesional con una monarquía hereditaria constitucional como símbolo, y al reconocer formalmente el pluralismo de España y a continuación articularlo en forma de una estructura descentralizada pero no federal, los padres fundadores de la Constitución trataron ingeniosamente de conjurar los fantasmas del pasado. Sólo el tiempo dirá si se trata de un intento coronado por el éxito, pero después de un cuarto de siglo los auspicios parecen favorables. La propia experiencia histórica de España, tal como he esbozado esta mañana, sugiere que las lealtades pueden ser múltiples y no necesariamente excluyentes entre sí. La identificación con la patria chica, o lo que ya hemos aprendido a llamar autonomía, no impide por sí misma la identificación con una unidad mayor, la nación como un todo. Si los padres fundadores han diseñado un sistema en el cual estas lealtades múltiples pueden de hecho coexistir en armonía, la Constitución de 1978 resultará ser de importancia más que española. En una época caracterizada por la rivalidad entre unidades regionales y nacionales menores, la nación-estado y la comunidad supranacional, habrá indicado también el camino hacia la Europa del futuro.